​UGT Y CCOO consideran que el Plan Anual de Política de Empleo 2015 es una mera recopilación de los programas a desarrollar por las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, parte de una foto distorsionada del mercado laboral español y carece de un análisis o evaluación previa para conocer cuáles han sido los resultados reales de los programas y planes en el mercado laboral. Además, su financiación refleja importantes discrepancias con los PGE en medidas de políticas activas y con los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ambos sindicatos, que ayer asistieron a la reunión extraordinaria del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, reclaman información detallada sobre el desarrollo del Programa de Activación para el Empleo, afirman que impulsarán una Iniciativa Legislativa Popular para establecer una prestación de ingresos mínimos para las personas sin recursos, critican las carencias del Real Decreto Ley sobre formación profesional para el empleo y los pocos avances que se han dado, hasta ahora, en el desarrollo del Plan de Garantía Juvenil. Asimismo, solicitan al Gobierno una solución para la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal, que se ha ido reduciendo y precarizando, dificultando así la atención a las personas desempleadas.

El día 14 de abril, se ha celebrado la reunión extraordinaria del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo (SNE), en el que se ha presentado el Plan Anual de Política de Empleo para 2015, y se ha informado sobre las actuaciones relacionadas con el Programa de Activación para el Empleo, el Sistema de Garantía juvenil, y la reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

Temas de mucho interés y calado, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos con una tasa de paro general de un 23,70%, con un 61,43% de paro de larga duración, que junto a la reducción de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, incrementa el riesgo de extensión de la pobreza y la desigualdad en el país.

El Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) es uno de los principales instrumentos para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en toda España y debería basarse en la programación, evaluación y financiación. Sin embargo, el Plan para 2015, acordado en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, y presentado en el Consejo General del SNE, al igual que sus dos predecesores, es una mera recopilación de los servicios y programas a desarrollar/ejecutar por las Comunidades Autónomas (CCAA)  y el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Esto impide un análisis y seguimiento del mismo al carecer de la información mínima requerida que permita conocer en qué consisten estos servicios y programas (descripción de los servicios y programas, objetivos y finalidad, colectivos destinatarios, financiación…) y de la evaluación de las acciones y medidas ejecutadas por las CCAA y el SPEE en el marco del Plan de año 2014. Nuevamente, se acuerdan instrumentos y contenidos sin partir de un análisis ni evaluación previa de los servicios y programas ya ejecutados, que permitan corregir y mejorar para alcanzar la eficacia y eficiencia que requiere nuestro mercado laboral.

El Plan para 2015 parte de una foto distorsionada del mercado laboral español, en un diagnóstico que ensalza el éxito de la reforma laboral del Gobierno en la reducción del paro y la creación de empleo y esconde los verdaderos problemas relativos al desempleo estructural, el paro juvenil, la caída de la cobertura de las prestaciones y la generación de empleo precario (vía temporalidad, parcialidad involuntaria y menores salarios).

En cuanto a la evaluación, en este nuevo PAPE se emplea la metodología usada en el Plan de 2014, con un sistema de indicadores consensuados con las CCAA de difícil interpretación y que a día de hoy sólo sirve como una herramienta de distribución de fondos para políticas activas entre CCAA en función de objetivos. Pero seguimos sin conocer cuáles han sido los resultados reales de los  programas y planes en el mercado laboral.

Por último, la presentación de la financiación de este PAPE 2015, refleja importantes discrepancias con los PGE en medidas de políticas activas y con los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. 

En relación al Programa de Activación para el Empleo (PAE), fruto del Acuerdo de Diálogo Social suscrito por organizaciones sindicales, empresarios y el Gobierno, se puso en marcha el pasado 15 de enero, dirigido a personas desempleadas de larga duración con responsabilidades familiares. Las personas potencialmente beneficiarias se cifraron en 400.000, sin embargo los últimos datos proporcionados señalan que hasta finales de marzo se habían presentado tan sólo 75.000 solicitudes, de las que han sido aprobadas 35.000. Además de cumplir con los requisitos (rentas, cargas familiares, plazo de inscripción…) es necesario que los servicios públicos de empleo (SPE) autonómicos les asignen un tutor y diseñen un itinerario de inserción para que reciban la ayuda de 426 euros. Los sindicatos hemos reclamado en el Consejo la necesidad de disponer de información detallada sobre el desarrollo del programa, informar sobre su existencia a todos los posibles beneficiarios y dotar a las oficinas de prestaciones y de empleo del personal necesario.

UGT y CCOO, siendo conscientes de que aún es pronto para evaluar el PAE, ante los escasos resultados obtenidos, convocamos a una reflexión conjunta. Además, insistimos en la necesidad de protección de las personas en desempleo, por lo cual vamos a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular para establecer una prestación de ingresos mínimos para las personas sin recursos.

Desde las organizaciones sindicales hemos venido denunciando desde el inicio del programa algunos problemas de interpretación de la norma que hemos conseguido subsanar y que permitirá el acceso a un mayor número de personas, pero siguen existiendo problemas por el incremento de la carga de trabajo para los trabajadores de las oficinas de empleo, situación que se podía agravar cuando en junio finalice el trabajo de 800 interinos en los servicios públicos de empleo. La directora del SEPE comunica que este problema está resuelto.

En cuanto a la reforma “urgente” del sistema de formación profesional para el empleo, desde CCOO y UGT compartimos la necesidad de dotar a la formación para el empleo de mayores cotas de transparencia, calidad y controles, si bien no entendemos la extraordinaria y urgente necesidad que ha obligado al Consejo de Ministros a aprobar un Real Decreto-Ley, sin el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales tras 26 años de acuerdos en esta materia.

El Real Decreto-Ley, además de abordar sólo una parte del sistema de formación, nos devuelve a un sistema que deja a la Administración la detección de las necesidades formativas del sistema productivo, dejando fuera de este modelo a los verdaderos protagonistas del sistema productivo (organizaciones empresariales y sindicales) que son los que conocen las necesidades de los sectores, los problemas de competitividad de las empresas y la necesidad de adquisición o actualización de conocimientos de los trabajadores y trabajadoras.  

Sobre el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil (PGJ), adoptado en diciembre de 2013, se informa al Consejo de la aprobación para España del anticipo del 30% de los fondos europeos destinados a la Iniciativa de Empleo Juvenil.  

Para UGT y CCOO pocos avances se han dado en el desarrollo del PGJ, a pesar de la situación de precariedad en la que viven nuestros jóvenes. La información disponible es bastante limitada y se circunscribe al número de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, que a finales de marzo no llegaba a 32.000, es decir un 8,2% de los jóvenes inscritos como demandantes de empleo o un 4,19% en relación a la población menor de 25 años que lleva más de un mes buscando empleo cifrada en la Encuesta de Población Activa.

A fecha de hoy seguimos sin conocer qué tipo de actuaciones se están llevando a cabo y no se ha realizado evaluación alguna, ni se ha convocado a los interlocutores sociales a la Comisión de Seguimiento de la Garantía Juvenil, que es el espacio en el que se debería tratar el estado de su implantación, contrastar su eficacia y proponer medidas correctivas si fuesen necesarias. 

Sin embargo, el Gobierno en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, nuevamente al margen de los interlocutores sociales y contraviniendo la recomendación expresa de la Comisión Europea de su necesaria implicación en el desarrollo de esta estrategia, ha acordado ampliar el límite de edad hasta los 29 años, frente a los 25 actuales. Ya en su día, CCOO y UGT planteamos la necesidad de ampliar el colectivo hasta esa edad, y el Gobierno no lo aceptó. Ahora, con esta decisión, se abre la incertidumbre sobre la financiación futura del programa.

Finalmente, desde UGT y CCOO hemos pedido al Gobierno, en el seno del Consejo, una solución para la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal, que se ha ido reduciendo y precarizando, dificultando la atención a las personas desempleadas ante el brutal incremento del paro.

Hemos planteado que se atiendan cuatro cuestiones en la negociación: una plantilla adecuada, mejora de la calidad y condiciones de trabajo, retribuciones justas y solución a los procesos de concursos.