​UGT valora la toma en consideración por el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley para la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, reivindicación histórica del sindicato. Según la OIT, fallecen en el mundo más de 100.000 personas por su exposición al amianto, uno de los principales agentes cancerígenos a nivel mundial. Para UGT, es necesario que los grupos políticos se pongan de acuerdo, agilicen la creación y composición de este fondo, que garantice la reparación de los daños causados a las víctimas y sus familias, y apresure la retirada de los más de dos millones de toneladas de amianto que existen aún en las instalaciones de nuestro país, con el fin de dejar de exponer la salud de millones de personas. El sindicato insiste en la necesidad de poner en marcha un Plan de Acción Estatal para erradicar todas las fuentes de amianto existentes.

La Unión General de Trabajadores valora la toma en consideración del Congreso de los Diputados, por fin, de la proposición de ley para la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Una proposición presentada por el Grupo Parlamentario Vasco y que ha contado con el voto a favor de todos los grupos a excepción del PP, que se ha abstenido.

El sindicato lleva reclamando desde hace muchos años la creación de este fondo para las víctimas del amianto, uno de los principales problemas de salud pública que supera incluso el ámbito de la salud laboral. El amianto mata, está en nuestro entorno y ha provocado centenares de miles de víctimas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anualmente fallecen en el mundo más de 100.000 personas por su exposición al amianto. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo en la UE se registran cada año entre 20.000 y 30.000 nuevos diagnósticos de enfermedades relacionadas con el amianto y más de 300.000 personas morirán de mesotelioma pleural de aquí a 2030.

Nadie puede negar la carcinogenicidad de todas las variedades de esta sustancia. Así está reconocido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, o por las legislaciones europeas y española que, incluso, contemplan desde hace décadas la prohibición de su uso, comercialización e importación en su territorio. Tampoco se pueden esconder las terribles consecuencias que en forma de enfermedad y muerte han golpeado a las personas que desarrollaron su actividad laboral en empresas en las que se utilizaba el amianto (y que aún lo hacen en muchos países), a sus familiares que lavaron en sus domicilios sus ropas de trabajo y al vecindario de estas instalaciones industriales.

Por ello, UGT viene reclamando un Plan de Acción Estatal para erradicar todas las fuentes de amianto existentes, que incluya la elaboración de un registro riguroso y exhaustivo de edificios e instalaciones que contengan amianto. Junto a ello, el sindicato viene reclamando la creación de un Fondo de Compensación sin culpa para apoyar y ayudar a las víctimas del amianto, de tal forma que los trabajadores y trabajadoras, así como sus familias, no tengan que luchar en los juzgados para reclamar sus derechos, con el coste económico importante que esto supone y, por supuesto, un alto coste personal. Se trata, por tanto, de reparar esta injusticia social y crear un fondo de compensación como el que ya existe en Francia, Holanda o Bélgica.

Este Fondo de Compensación ahorrará muchos de los sufrimientos que afectan a las víctimas y familiares de los afectados por las enfermedades causadas por el amianto y, además, nos situará en un nivel semejante a los países desarrollados de la Unión Europea.

El sindicato exige al arco parlamentario y al Gobierno de España que avancen en la creación de este Fondo, que dejen al margen sus discrepancias y que no pierdan la oportunidad de hacer justicia social, que repare los daños ocasionados a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por el amianto, así como a sus familias. Es hora de compensar, de resarcir el daño causado. El Estado es el responsable último por no haber actuado bajo el principio de precaución, como hicieron otros países, y esperar para declarar la prohibición hasta el año 2002, cuando ya en otros países se tomaban medidas legales contra el amianto, como en Suecia, en 1964.

Además, la lucha para acabar con la epidemia de amianto que sufrimos no acaba ahí. UGT recuerda que es necesario retirar las más de dos millones de toneladas de amianto que aún continúan instaladas en tejados, techos, paredes, tubos de conducción de agua y gas, de refrigeración en fábricas, almacenes, hospitales, centros educativos y de investigación o edificios públicos y privados de nuestro país. Son instalaciones en las que desempeñan su labor centenares de miles de trabajadores, en las que se educan nuestras hijas e hijos, en las que se atiende a enfermos o que son utilizadas por la población en general. Y mantener esas instalaciones supone seguir poniendo en riesgo a millones de familias en nuestro país.