​La Unión General de Trabajadores valora la reforma del Sistema de formación profesional para el Empleo (FPE), aprobada hoy por el Consejo de Ministros, pero espera que se subsanen algunas de las carencias durante el trámite parlamentario. Esta reforma supone su adaptación al actual contexto económico para la mejora de su eficiencia, y abre una nueva etapa en la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza del sistema. 

El Consejo de Ministros del 20/3/2015, ha aprobado hoy la tramitación por vía de urgencia un Real Decreto Ley, que viene a sustituir al Real Decreto 395/2007, que regulaba hasta ahora el subsistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). 

Superados veinte años de vigencia de la formación para el empleo, iniciada en 1993, resulta necesaria una revisión para adaptarla al actual contexto socioeconómico y mejorar su eficiencia. No obstante, consideramos que una alternativa viable y estable debería haberse realizado con consenso social. 

El Real Decreto Ley parte de un conjunto de principios que da continuidad al actual modelo de formación:

• Asume la vinculación de la Formación para el Empleo con la negociación colectiva y el Diálogo Social
  
  
• Reconoce el déficit de cualificación de los trabajadores españoles, y la necesidad de realizar un esfuerzo de aproximación a los objetivos europeos de la estrategia 2020
  
  
• Recoge el impulso del Reconocimiento de la Experiencia Profesional como una herramienta básica para facilitar los procesos de cualificación
  
  
• Plantea la detección de necesidades de formación, tanto colectivas como individuales, como un pilar central en el sistema de FPE
  
  
• Implica a los servicios de orientación profesional en la determinación del perfil de formación a recibir por cada trabajador
  
  
• Identifica a las PYMEs como una de las asignaturas pendientes de la FPE, estableciendo mecanismos para incorporarlas a la bonificación empresarial, con una participación directa de las estructuras paritarias establecidas a través de la negociación colectiva
  
  
• Respeta el papel actual de la RLT en la FPE
  
  
• Mantiene la participación de los Interlocutores Sociales en la gobernanza del sistema
  

Estos principios se han traducido parcialmente en el desarrollo del articulado del RDL. No obstante, para UGT hubiera sido deseable:

• Mantener el peso de la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en relación con la Fundación Tripartita
  
  
• Dotar de mayor capacidad a las Comisiones Paritarias para establecer criterios estatales para la formación sectorial
  
  
• Mayor exigencia de calidad para la formación bonificada, que, por el contrario gozará de una mayor flexibilidad
  
  
• Mayor exigencia de calidad para la inscripción de las empresas de formación en el registro del SEPE y autonómicos
  
  
• Reforzar el papel de control de la Representación Legal de los Trabajadores sobre los Planes de Formación de las empresas y las condiciones en que se realiza.
  

Los sindicatos podemos y debemos cubrir funciones esenciales en el sistema, como vincular el diseño de la formación a las necesidades reales de los sectores productivos, y organizar la formación en micro empresas y pequeña empresa. 

A la vez tenemos la oportunidad de actuar como interlocutores para la carrera profesional de los trabajadores, impulsando el reconocimiento de cualificaciones adquiridas por la experiencia laboral, y estableciendo, vía convenios, correlaciones entre las competencias reconocidas y condiciones laborales como categoría profesional, salario y promoción. 

Esperamos que, durante el trámite parlamentario se subsanen algunas de las carencias que contiene la propuesta del Gobierno y que en el futuro desarrollo reglamentario se plasme con claridad ese papel de protagonismo de los interlocutores sociales en el nuevo modelo de formación para el empleo. UGT seguirá trabajando para extender la cultura de la formación al conjunto de los trabajadores.​