​UGT, en el Día Internacional del Migrante, considera una buena noticia y un acto de defensa de un derecho fundamental el auto del Tribunal Constitucional que cuestiona la exclusión de la sanidad pública a los inmigrantes. El sindicato demanda al Gobierno que reponga de inmediato el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita a todas las personas que se encuentren en España, con independencia de su situación administrativa, extendiendo la misma no solo a la cartera básica de servicios (lo que implica únicamente la asistencia) sino al conjunto de las prestaciones sanitarias, en igualdad con quienes en estos momentos tienen la condición de asegurados y/o beneficiarios

UGT valora el auto del Tribunal Constitucional sobre el conflicto de competencias que el Consejo de Ministros interpuso contra el Decreto del Gobierno Vasco que tenía por objeto regular el acceso a las prestaciones sanitarias para aquellas personas que habían sido excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012. Dicho Decreto excluía del acceso a la asistencia sanitaria, entre otros, a los extranjeros en situación administrativa irregular y ponía en peligro el acceso a la misma de otros colectivos que si están autorizados a residir en España.

El sindicato considera que este auto es una buena noticia y un acto de defensa de un derecho fundamental que no puede verse vulnerado con argumentos económicos y destaca especialmente que el Tribunal haya recordado que el derecho a la protección de la salud (y el deber de los poderes públicos de garantizarla a todos los ciudadanos) y el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral tienen una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse desvirtuada por una mera consideración de un eventual ahorro económico.

Este fundamento del Tribunal Constitucional constituye una llamada de atención para un Gobierno que en un año ha acabado y/o limitado derechos al conjunto de la población con la excusa de un ahorro económico que solo persigue, en la práctica, acabar con el estado de bienestar y que solo puedan acceder a sus servicios quienes tengan dinero para pagarlo. El conjunto de la población, somos quienes financiamos la salud, la educación, los justicia…con impuestos y cotizaciones, para que, en la práctica, solo disfruten de ellos quienes tienen medios económicos suficientes, subvirtiendo así el principio de justicia social.

El Tribunal Constitucional recuerda también los perjuicios a la salud individual y a la pública que significaría mantener la suspensión del Decreto del Gobierno Vasco y por ello entiende que se justifica el levantamiento de dicha suspensión en lo que respecta a la aplicación del ámbito subjetivo del derecho a acceder a la asistencia sanitaria pública y gratuita.

El Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, y el posterior Real Decreto 1192/2012 que regula la condición de asegurado y de beneficiario, dejaban fuera de la asistencia sanitaria expresamente a los extranjeros en situación administrativa irregular. Pero también, y dados algunos de los requisitos exigidos para tener la condición de asegurado o beneficiario, podían dejar sin asistencia a extranjeros en situación regular (y en particular a trabajadores y trabajadoras del servicio del hogar familiar), a familiares no comunitarios de españoles retornados, a extranjeros comunitarios…. Y todo ello unido a la malas interpretaciones de la norma por parte de las Administraciones que incluso han denegado la asistencia sanitaria a personas con derecho a ellas, entre ellos, personas menores de edad o que han dejado sin asistencia a enfermos crónicos para quienes la asistencia sanitaria normalizada es una garantía del derecho a la vida, por ejemplo personas enfermas de VIH.

No podemos dejar de llamar la atención a que el Gobierno español, entre los argumentos dados para sostener el conflicto de competencias, alude a los perjuicios económicos (poniendo estos por encima del derecho a la vida y a la salud).

UGT entiende que el Gobierno español, de forma inmediata, debe reponer el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita a todas las personas que se encuentren en España, con independencia de su situación administrativa, extendiendo la misma no solo a la cartera básica de servicios (lo que implica únicamente la asistencia) sino al conjunto de las prestaciones sanitarias, en igualdad con quienes en estos momentos tienen la condición de asegurados y/o beneficiarios.

El 4 de diciembre de 2000, ante el aumento de los flujos migratorios, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional del Migrante. Para las Naciones Unidas la migración internacional puede contribuir de forma positiva al desarrollo de los países de origen y destino, siempre que existan políticas adecuadas y que se respeten los derechos y las libertades de todos los migrantes.