​UGT valora el Pacto de Estado contra la violencia de género alcanzado por todos los grupos parlamentarios en el Congreso, aunque lo considera insuficiente. Para el sindicato, a la espera de analizar en detalle el contenido del consenso, considera que pueden ser positivas aquellas medidas de carácter económico que benefician directamente a las víctimas, pero éstas deberían ir acompañadas de medidas laborales que otorguen garantías de empleo y protección para toda las trabajadoras y no solo para las  Administraciones Públicas. De esta forma se pierde una oportunidad.

La Unión General de Trabajadores valora el Pacto de Estado contra la violencia de género alcanzado en el día de ayer por todos los grupos parlamentarios en la Subcomisión parlamentaria del Congreso de los Diputados. Para el sindicato, si bien estas medidas son muy positivas para erradicar la violencia de género, aún son insuficientes a la espera de conocer el contenido definitivo del acuerdo, que se aprobará el próximo 28 de julio en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

UGT espera que las medidas de este acuerdo cuenten con financiación suficiente, ya que, de lo poco que ha transcendido en los medios de comunicación, el presupuesto de 200 millones anuales parece una cantidad un tanto irrisoria para combatir esta lacra social que asola a nuestro país. Además, para el sindicato, estos recursos deberían tener una repercusión directa sobre las víctimas, ya que el incremento asignado a la lucha contra la violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, por ejemplo, ha ido íntegramente al funcionamiento operativo de los servicios.

UGT valora las medidas como estudiar el sistema de ayudas de Renta Activa de Inserción para mejorar la sustitución por un subsidio de desempleo de 6 meses de duración, que se ampliaría por periodos semestrales prorrogables siempre que las personas beneficiarias continuaran cumpliendo los requisitos; eximir de IRPF y otros impuestos las ayudas y prestaciones que se perciban por razón de la violencia de género, por parte de los hijos e hijas menor de edad; incluir a quienes ostenten la patria potestad de menores beneficiaros huérfanos  por violencia de género a efectos de desgravación del denominado mínimo personal y familiar y otros beneficios tributarios, así como fomentar el uso de teletrabajo en aquellos casos que sea posible y solicitado por la propia víctima, a la espera de ver cómo se articula en la legislación laboral.

Además, resulta positiva la incorporación en el pacto de los Ayuntamientos, por su proximidad en relación a la atención a las víctimas de violencia de género.

En cualquier caso, el sindicato espera que sus propuestas, fundamentalmente relacionadas con el marco laboral, que se han realizado tanto en la Subcomisión del Congreso como en el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, tengan eco en este pacto con el fin de erradicar entre todos, de una vez por todas, la violencia de género en nuestro país.

UGT recuerda, en este sentido, algunas de sus propuestas son:

• Un permiso o licencia retribuida por un periodo mínimo de dos meses, similar al que tienen reconocido las empleadas públicas que se acogen a una excedencia por ser víctimas de violencia de género.

• Que se recoja legalmente que las trabajadoras víctimas de violencia de género no sufrirán ningún perjuicio laboral o económico ocasionado por las ausencias o bajas médicas derivadas de su situación, independientemente de que tengan acreditada o no su situación.

• Adaptación de las medidas de fomento de empleo y formación a las mujeres víctimas de violencia de género, cuyas características y necesidades son específicas y especiales, y en la eliminación de las limitaciones de las medidas de protección social en relación tanto a la cobertura de dicha protección como a la duración de la misma.  

• Una revisión de las limitaciones en el ejercicio de determinados derechos derivados del condicionamiento de los mismos a los intereses de la empresa o a la falta de concreción legal, como el derecho a la reordenación del tiempo de trabajo y a la reducción de jornada de las trabajadoras víctimas de violencia de género.

• La mejora de la protección social de las víctimas de violencia de género con reducción de jornada en relación con el acceso a la protección de desempleo.

• Abordar el tratamiento del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

• Campañas institucionales de sensibilización y formación en el ámbito laboral, dirigidas a las organizaciones patronales y sindicales, así como a los trabajadores y trabajadoras en las empresas, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

• El reconocimiento a las víctimas de acoso sexual y acoso por razón de sexo de derechos laborales similares a los que tienen reconocidos las víctimas de violencia de género.

• Obligación de implementar en las empresas, medidas de prevención y/o protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, con procedimientos ágiles y sencillos, que permitan una rápida resolución.

• Obligación de informar a la representación legal de los trabajadores sobre las bonificaciones que reciben las empresas por contratar a trabajadoras víctimas de violencia de género.

• Desarrollo de programas para la prevención de la violencia de género y para la formación en igualdad, basados en el respeto del principio de igualdad reconocido en la legislación, la detección de forma precoz de estos casos, la atención eficaz a las víctimas y la retirada de cualquier tipo de subvención a los centros educativos que segreguen por sexo.

• Una norma de carácter internacional en el seno de la OIT apoyada por el Gobierno de España, que permita combatir la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo.

Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT