La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) valora positivamente la convalidación en el Congreso de la reforma del copago farmacéutico, una medida que introduce mayores criterios de progresividad y justicia social en el acceso a los medicamentos. No obstante, el sindicato mantiene su posición crítica respecto a un modelo que sigue trasladando parte del coste de la atención sanitaria a las personas enfermas.

Para UGT, la salud es un derecho fundamental y el acceso a los tratamientos prescritos por los profesionales sanitarios debe estar garantizado con independencia de la situación económica de cada persona. Ningún trabajador o trabajadora, pensionista o persona en situación de vulnerabilidad debería verse obligado a elegir entre seguir un tratamiento médico o afrontar otros gastos esenciales para su vida cotidiana.

En este sentido, la reforma aprobada supone un avance respecto al modelo vigente hasta ahora. La introducción de nuevos tramos de renta y de límites más ajustados a la capacidad económica de cada persona permite corregir algunas de las desigualdades existentes y reduce la carga económica que soportan miles de hogares, especialmente aquellos con menores ingresos o con necesidades farmacológicas permanentes derivadas de enfermedades crónicas.

UGT considera que este cambio responde a una realidad evidente: no todas las rentas pueden asumir el mismo esfuerzo económico y, por tanto, tampoco pueden recibir el mismo tratamiento en materia de aportación farmacéutica. Incorporar criterios más precisos de progresividad es una medida de justicia social que contribuye a reforzar la equidad del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, esta mejora no debe ocultar el debate de fondo. El copago farmacéutico parte de una premisa que el sindicato no comparte: que las personas enfermas deben contribuir económicamente al acceso a tratamientos que forman parte de su derecho a la protección de la salud. Desde la perspectiva de UGT, la enfermedad no puede convertirse en un factor de penalización económica.

Por ello, aunque valoramos positivamente esta reforma y el alivio que supondrá para muchas familias trabajadoras, seguiremos defendiendo un sistema sanitario público, universal y suficientemente financiado que avance progresivamente hacia la eliminación de las barreras económicas que aún persisten en el acceso a los medicamentos.