La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) valora positivamente la aprobación, en el Pleno Ordinario del Consejo Económico y Social (CES) celebrado hoy, 28 de enero, del dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por el que se regula el ejercicio de la profesión de Agente de Igualdad, al considerar que responde a la necesidad de ordenar una realidad profesional existente y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. No obstante, el sindicato advierte de importantes carencias que deben ser corregidas durante la tramitación legislativa para evitar efectos excluyentes y riesgos para el sistema de relaciones laborales.

UGT ha defendido desde el inicio una regulación que profesionalice esta figura sin expulsar a quienes han construido las políticas de igualdad durante décadas desde el ámbito sindical, social y comunitario. Sin embargo, el dictamen aprobado no incorpora de forma suficiente algunas de las principales reivindicaciones sindicales planteadas por UGT, especialmente en lo relativo al reconocimiento explícito de la experiencia profesional adquirida en el marco de la acción sindical y la negociación colectiva.

En este sentido, el sindicato considera insuficiente la formulación del régimen transitorio, que continúa adoleciendo de falta de concreción sobre qué tipo de experiencia profesional será válida, qué funciones podrán considerarse equiparables y qué documentación permitirá acreditarla. Para UGT, resulta imprescindible que la ley reconozca de manera expresa la experiencia desarrollada en la negociación, seguimiento y evaluación de planes y medidas de igualdad desde las estructuras sindicales, evitando interpretaciones restrictivas que puedan dejar fuera a un amplio número de profesionales, mayoritariamente mujeres.

UGT lamenta, asimismo, que el dictamen no haya avanzado en una definición más inclusiva de los requisitos formativos para la habilitación por experiencia, una cuestión clave para garantizar la justicia social y evitar que la profesionalización se convierta en un nuevo filtro clasista o academicista. La igualdad no puede regularse ignorando las trayectorias laborales reales ni las condiciones en las que se ha desarrollado históricamente este trabajo.

Otro de los elementos que el dictamen no aborda con suficiente profundidad es el riesgo de mercantilización de la igualdad. UGT ha alertado de forma reiterada de que una delimitación excesivamente amplia de las actividades reservadas a la figura de Agente de Igualdad puede favorecer el desplazamiento del sindicalismo por consultoras privadas y agentes externos, vaciando de contenido colectivo un ámbito que forma parte nuclear de los derechos laborales. Este riesgo estructural no ha sido incorporado de manera explícita en el dictamen, pese a su relevancia política y social.

En relación con la salvaguarda de la negociación colectiva, UGT valora que el dictamen reconozca formalmente la necesidad de preservar la autonomía colectiva, pero considera que esta protección debe reforzarse aún más en el texto legal. La regulación de la profesión de Agente de Igualdad no puede, bajo ningún concepto, condicionar ni sustituir las competencias propias de la representación legal de las personas trabajadoras en materias como la negociación de planes y medidas de igualdad, registros retributivos, formación en igualdad o protocolos frente al acoso.

UGT subraya que la igualdad en el ámbito laboral no es únicamente una cuestión técnica, sino un espacio de derechos colectivos y de acción sindical. Por ello, la futura ley debe dejar inequívocamente claro que la especialización profesional actúa como apoyo técnico y nunca como elemento de sustitución de la acción sindical ni de la negociación colectiva.

El sindicato considera igualmente necesario que la norma aborde de forma más clara la articulación entre las distintas figuras profesionales existentes en el ámbito de la igualdad, evitando solapamientos, conflictos competenciales y vacíos de responsabilidad, una cuestión que tampoco ha sido suficientemente desarrollada en el dictamen aprobado.

Finalmente, UGT insiste en que el desarrollo normativo de esta ley debe realizarse con un diálogo social real y efectivo, incorporando de manera sustantiva las aportaciones de las organizaciones sindicales más representativas. Una regulación de esta envergadura, con impacto directo en el empleo, las relaciones laborales y la igualdad, no puede construirse al margen del sindicalismo.

UGT continuará defendiendo una regulación de la figura de Agente de Igualdad que sea sindical, feminista e inclusiva; que profesionalice sin excluir; que reconozca las trayectorias reales; y que refuerce, y no debilite, el marco de derechos colectivos y la negociación colectiva como pilares fundamentales para avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.