Haití necesita una respuesta estructurada para su desarrollo económico y el apoyo a un plan nacional de estabilidad política

Ayer, 7 de julio del 2021, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, era asesinado. Algunas horas después Claude Joseph, primer ministro saliente decretaba un estado de sitio. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) condena firmemente este brutal quebranto democrático, y aprovecha la ocasión para denunciar la situación en la que el país se encuentra desde hace décadas, ante la aparente -o en cualquier caso evidente- desidia de la comunidad internacional.

Nadie puede saber en estos momentos lo que está pasando o lo que pueda pasar en el país, pero sí sabemos que en los últimos meses se ha acrecentado la inestabilidad política y la violencia en el país más pobre del continente americano, uno de las más desfavorecidas del mundo y con un estado absolutamente desestructurado en el que resulta prácticamente imposible imaginar aún más degradación.

El 80% de la población haitiana vive bajo el umbral de pobreza, la renta per cápita es la más baja de todo el hemisferio occidental y los indicadores sociales y económicos lo colocan en puestos descendentes detrás de otros países en vías de desarrollo. Haití está en la posición 145 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y está incluido en el programa del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para los Países en vías de desarrollo altamente endeudados.

La violencia del país se ceba en los trabajadores y trabajadoras. La Confederación Sindical Internacional (CSI) en su “Índice Global de los Derechos de la CSI 2021” denuncia que la vulneración de derechos y libertades en todo el mundo se sitúan al nivel más alto en ocho años. Según este índice, Haiti empeoró su situación en el año 2020 y se sitúa en el nivel 5 (en una escala de 5+), lo que significa exactamente que en este país no hay “ninguna garantía de derechos”.

Trabajo infantil y deforestación

También sabemos, a la luz de las consecuencias de años de prácticas nocivas con el medio ambiente, que en 1925, Haití tenía el 60% de sus bosques originales destruidos, hoy en día la cifra es ya del 98%, al haber sido utilizadas estas zonas para procurarse combustible de cocina, destruyendo además en este proceso multitud de suelos fértiles. Además, la erosión a causa de la deforestación ha causado inundaciones periódicas. Esto solo puede significar mayor pobreza para una población ya muy castigada con fenómenos meteorológicos extremos que tendrán su incidencia negativa en la vida y el trabajo del país.

Haití ratificó el Convenio sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil de la OIT (Convenio 182) en julio 2007 y el Convenio sobre la edad mínima (Convenio 138) en junio 2009, ambos prohíben la esclavitud infantil y protegen el derecho de los y las niñas de tener acceso a la educación básica gratuita. Pero el uso de niños y niñas como trabajadores domésticos es generalizado en todo el país. El llamado sistema restavek es sin duda la peor forma de trabajo infantil y se ha agravado en los últimos años. Uno de cada diez niños haitianos es un restavek. Una cuarta parte de los cuatro millones de menores en Haití no viven con sus padres biológicos. Nos preguntamos cómo se va alcanzar la meta 8.7 de la Agenda 2030 que prevé de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Es también más que preocupante el dato de 2016 que sitúa a Haití como el octavo país del mundo con mayor índice de esclavitud moderna, sobre todo debido a la enorme trata humana. Los traficantes son el tercer grupo más rico del país. A esta ya grave situación generalizada hay que añadir el impacto de la pandemia de la COVID-19 y la preocupante inestabilidad política a la que no se le ve final.

La comunidad internacional debe tomar cartas

El magnicidio de Haití obliga a la comunidad internacional a tomar cartas en un asunto que, desde hace demasiados años, ni interesa ni quiere interesar. No podemos bajo ningún concepto seguir permaneciendo ajenos, ni continuar con la plácida política de reaccionar exclusivamente, y nunca bien, ante una catástrofe. Haití necesita una respuesta estructurada para su desarrollo económico y el apoyo a un plan nacional de estabilidad política.

UGT continuará trabajando con la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y con la CSI, apoyando el trabajo de las organizaciones sindicales haitianas en su dificilísima labor por mejorar condiciones de vida de la población y por un verdadero desarrollo de la democracia en el país. Asimismo, UGT, a través de su instituto de cooperación, ISCOD-Sindicalistas Sin Fronteras, continúa haciendo efectivo este compromiso manteniendo proyectos de cooperación sindical al desarrollo, como el que se gestión actualmente en Anse-à-Pitre.

Asimismo, exigimos al gobierno de España y la Unión Europea que se apoye al pueblo haitiano a través de una estrategia amplia que no se limite a la ayuda humanitaria (siempre y hasta la fecha escasa y mal gestionada) y la cooperación al desarrollo, sino que necesariamente incluya el apoyo a procesos democráticos y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la Comisión Europea y sus Estados miembro deben presionar en Naciones Unidas para que Haití adquiera, de manera inmediata, la consideración de zona de acción urgente, y que se desarrolle una estrategia a largo plazo, dejando de lado aproximaciones que lesionen la soberanía del país o el servilismo a estrategias geopolíticas ajenas.

El sufrimiento de casi 12 millones de personas no admite otra respuesta.