¿Quién asume los gastos derivados de esta forma organizativa de trabajo? La Unión de Técnicos y Cuadros de UGT  (UTC-UGT) apela a la negociación colectiva y al diálogo social como vías  en la legislación de las condiciones laborales del teletrabajo para que amparen justamente a los profesionales, directivos, técnicos y cuadros, que suponen el 35% de la población activa en nuestro país.

El teletrabajo ha demostrado a las empresas que hay un aumento de la  productividad y una reducción de los costes fijos. Si el empresario impone al profesional el teletrabajo tras la Covid-19, y éste trabaja principalmente mediante teletrabajo y no hay sitio físico disponible en las instalaciones de la empresa,  desde la UTC-UGT reivindicamos que, mediante la negociación colectiva, se plasme en el convenio correspondiente  que la empresa alquile el espacio utilizado por los trabajadores y trabajadoras y que le pague una tarifa fija mensual o prorrateada en función del espacio por uso, conexión, energía, calefacción, limpieza y otros costos de mantenimiento y, además, en el caso en el que la empresa no proporcionara el equipo de trabajo adecuado, reivindicaremos que el profesional tenga derecho al reembolso de los gastos asociados con el establecimiento del lugar de trabajo, incluyendo el coste de la compra de muebles, ordenadores o suministros de oficina, así como la posibilidad de deducción fiscal por los gastos de teletrabajo siempre y cuando éste se realice de manera permanente y con un máximo anual que se negocie en el convenio colectivo. Además, y entre otros asuntos, la negociación colectiva de los teletrabajadores tiene que recoger el derecho a la desconexión, al control horario y el pago de horas extras. Estamos hablando de organización del trabajo no de una fórmula de conciliación.

No podemos permitir que los empresarios aprovechen la oportunidad para imponer el teletrabajo como medio para ahorrar en costes a cuenta de las trabajadoras y trabajadores, socavando sus condiciones de trabajo y vulnerando el derecho a la desconexión digital. En este sentido, la UTC-UGT realizó, en mayo, un sondeo telemático respondido por 1348 profesionales, directivos, técnicos y cuadros de múltiples sectores, públicos y privados en el que 44,2% denuncia  un incremento de su jornada laboral no justificado, un 45,7% no tiene medios para registrar su jornada, como es preceptivo según el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. Además y el 31% ni tan siquiera tiene garantizado el derecho a la desconexión recogido en la Ley Orgánica de 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Debemos reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de un modelo organizativo que está en punto de no retorno.