Tras la destitución y detención del ex presidente peruano Pedro Castillo, cesado por el Congreso tras poco menos de un año y medio en el cargo, se han sucedido en Perú graves episodios de represión contra manifestantes en todo el país por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en los departamentos de Lima, Cuzco y Puno, en las provincias de Callao, Andahuaylas, Tambipata y Tahauamnau, además de en algunos distritos en otras provincias.

El Gobierno peruano ha contestado a las masivas protestas con la declaración del estado de emergencia en varios departamentos y provincias (principalmente en la capital y en el sur del país), limitando derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito y reunión. Una situación agravada, desde la primera semana de diciembre, de una violenta reacción por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales, que ha dejado ya más de 50 personas muertas, además de cientos de heridos y detenidos.

Las organizaciones sindicales y de la sociedad civil peruanas han manifestado su frontal rechazo a la acción represiva violenta del gobierno dirigido por Dina Boluarte, a quien también le exigen la convocatoria inmediata de elecciones, para la conformación de un nuevo gobierno que deberá tener entre sus prioridades la puesta en marcha de un proceso constitucional, pieza fundamental para conseguir una mayor estabilidad política y justicia social en el país andino.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores apoya, tal como lo han hecho también la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y diferentes sindicatos sectoriales regionales, a las organizaciones sindicales peruanas en sus acciones de protesta frente a la ausencia de respuestas democráticas a las exigencias de los trabajadores y trabajadoras y a la grave represión que se mantiene desde hace varias semanas. El terrible saldo de muertos y heridos exige, además, la asunción de responsabilidades por parte del gobierno de Perú, así como investigaciones independientes que sancionen a sus responsables.