​La Unión General de Trabajadores, ante el debate de convalidación de la prórroga del Programa de Activación para el Empleo (PAE) mañana en el Congreso de los Diputados, reclama a los grupos parlamentarios que exijan al Gobierno del PP un segundo Real Decreto-Ley que amplíe con urgencia los criterios para aumentar la cobertura de este programa. Para el sindicato, los resultados del PAE son profundamente insatisfactorios por la inacción del Gobierno a ampliar los criterios iniciales, dejando al margen de la ayuda a un alto volumen de desempleados. El sindicato considera que no hay razones para no hacerlo. La excusa de estar "en funciones" no puede mantenerse ni un segundo más, ya que aunque las Cámaras se disuelvan, la Diputación Permanente tiene capacidad para convalidar Decretos-Leyes. Para UGT, es una cuestión de emergencia social y la mayoría de los grupos políticos están de acuerdo, por lo que el Gobierno debería actuar ya y proteger a las personas que más están sufriendo la actual situación económica.

La Unión General de Trabajadores ha enviado en el día de hoy a los grupos parlamentarios sus consideraciones ante el debate de convalidación del Decreto-Ley que prorroga el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que tendrá lugar mañana en el Congreso de los Diputados.

En el documento, UGT reclama a los grupos parlamentarios que en el debate exijan al Gobierno que, con la máxima celeridad posible, presente de inmediato un segundo Real Decreto-Ley que amplíe los criterios para aumentar la cobertura de las medidas, con el fin de que más personas desempleadas se puedan beneficiar de esta protección.

El sindicato recuerda que el PAE fue una exigencia de los sindicatos al Gobierno del PP ante la situación de desprotección que se ha gestado a lo largo de toda su legislatura, con peor calidad en el empleo, salarios más bajos y mayor desprotección para los parados, con una caída de la tasa de cobertura del 10%.

Para UGT, los resultados de este programa han sido muy insatisfactorios, y todo por la inacción del Gobierno. Solo se ha dedicado una parte ínfima del presupuesto total a proteger a una parte minoritaria de todos los desempleados que podían acogerse a este programa, todo por las restricciones que el Ejecutivo impuso contra la voluntad sindical.

En este sentido, resulta imprescindible que se elimine el periodo que debe haber transcurrido desde el agotamiento de cualquier ayuda o prestación por desempleo concedida por cualquier Administración Pública, que está situado en seis meses en la actualidad; que se suprima el requisito de tener responsabilidades familiares y se incluya como posibles beneficiarios a parados de larga duración que necesiten mejorar su empleabilidad y protección ante situaciones de necesidad; o la posibilidad de que cada beneficiario pueda reactivar el programa por otros seis meses en caso de no haberse podido reincorporar al mercado de trabajo.

Además, es fundamental flexibilizar el requisito de estar inscrito como demandante de empleo y hacer compatible esta ayuda con la percepción de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedida por las Administraciones Públicas.

Restricciones del Gobierno que son las que han determinado la limitación en el colectivo protegido y han abandonado a su suerte, sin protección, a centenares de miles de desempleados.

La Unión General de Trabajadores demanda, además, con carácter de urgencia otras actuaciones que no requieren la modificación de la ley, como es que las personas destinatarias de este programa lo conozcan, para lo que es necesario que los Servicios Públicos de Empleo contacten por escrito directamente con cada potencia beneficiario. También es imprescindible que, desde las Comunidades Autónomas, contando con el trabajo de los prospectores de empleo, se contacte con los posibles empleadores y se les informe de las medidas que les favorecen al contratar a las personas que participen en este programa.

El sindicato ya se lo ha reclamado al Gobierno en numerosas reuniones. No hay razones de ningún tipo para que no se haga, ni siquiera el argumento de que el Ejecutivo esté "en funciones", ya que si las Cámaras se disuelven, la Diputación Permanente tiene capacidad para convalidar Decretos Leyes. Para UGT, es una cuestión de emergencia social, y la mayoría parlamentaria se lo está exigiendo, por lo que debería escuchar más a la ciudadanía y dejar de encerrarse en justificaciones que no hacen sino dejar fuera de la cobertura por desempleo a un volumen muy alto de parados de nuestro país.