El sindicato reclama que cesen los ataques de “Águilas Negras” contra sindicalistas, académicos y defensores de los derechos humanos

La Unión General de Trabajadores expresa su solidaridad con el pueblo colombiano, una vez más, por la vida, la paz, la democracia y la justicia social. Ante las graves amenazas de muerte vertidas contra sindicalistas, académicos y defensores de los derechos humanos, la semana pasada, por el grupo paramilitar autodenominado “Águilas Negras”, UGT muestra su declaración de repudio y considera esta inaceptable intimidación, además de una amenaza de forma personal a numerosos sindicalistas, también como un ataque el ejercicio de derechos democráticos como el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la libertad de organización.

En ese contexto, el sindicato ha defendido los Acuerdos de Paz de La Habana firmados y acompañado la exigencia de su cumplimiento e implementación, al igual que la defensa de la solución política al conflicto armado, buscando un futuro de paz para Colombia.

Los sindicatos colombianos, CUT, CTC, CGT y sus federaciones Estatales, en representación de decenas de organizaciones sindicales en convergencia con organizaciones sociales, presentaron en noviembre de 2019 un pliego de 13 puntos al Presidente Iván Duque, detallando en 104 medidas las necesidades prioritarias del pueblo colombiano y reclamando la puesta en marcha de una mesa de negociación y de acuerdos sociales. Desde entonces, los trabajadores y trabajadoras de Colombia vienen apoyando masivamente las manifestaciones y paros convocados ante la negativa del Gobierno a la negociación y al diálogo social.

250 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados durante 2019; 600 fueron amenazados; y en lo que va del 2020, van 21 muertos. Por su parte, la Escuela Nacional Sindical afirma que en 2019 ocurrieron 158 hechos de violencia contra sindicalistas, de los cuales 18 fueron homicidios, y el 64% de los casos de violencia antisindical se concentraron en 3 sectores: educación, agricultura y minería. La impunidad sigue siendo muy alta (90%) y la credibilidad en la justicia, particularmente de la fiscalía, es muy débil.

Rechazar cualquier intento de equiparar el movimiento sindical con acciones armadas

El Relator Especial de la ONU para Colombia, en su Informe al Consejo de Derechos Humanos, considera que sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia. Las personas defensoras carecen además de un reconocimiento público y social positivo y son deslegitimizadas y criminalizadas por otros actores estatales y no estatales.

Diógenes Orejuela, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y uno de los amenazados, señala con claridad la opinión sindical: “rechazamos cualquier intento de involucrar nuestro movimiento, las acciones de paros y movilizaciones en ejercicio del legítimo derecho a la protesta social, con acciones armadas que no corresponden a lo que hemos impulsado en el marco del Paro Nacional”.

“El pretender vincular las acciones del movimiento social, sindical, étnico y popular a las actuaciones de grupos armados, busca legitimar al gobierno y los sectores más retardatarios para reprimir, estigmatizar y desprestigiar la protesta social, para impedir que millones de colombianos y colombianas expresen su indignación frente a las graves políticas implementadas en contra del país y de sus ciudadanos y ciudadanas. Nuestra próxima cita será en las calles con la jornada nacional de movilización del viernes, 21 de febrero, preparatoria del Paro Nacional del 25 de marzo y las posteriores jornadas de movilización”.