La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Ministerio de Trabajo y Economía Social a abordar, en el marco del diálogo social, una reforma integral del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La 5.ª Opinión sobre el IMV de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirma problemas que el sindicato viene señalando desde la implantación de la prestación: cobertura insuficiente, barreras de acceso y una débil conexión con las políticas de inclusión y empleo.

Aunque el Gobierno computa cerca de 860.458 hogares protegidos, más de 342.970 corresponden exclusivamente al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En la práctica, la prestación básica del IMV alcanza a 517.488 hogares —alrededor de 1,3 millones de personas—. El despliegue sigue siendo insuficiente frente a la dimensión de la pobreza y la exclusión social en España.

Para UGT, el IMV debe cumplir una doble función inseparable: garantizar ingresos suficientes mientras persista la vulnerabilidad y ofrecer, a quienes puedan trabajar, una vía real hacia la autonomía mediante la inserción laboral. La prestación no puede convertirse en la única respuesta pública durante años porque el resto de las políticas no llegue, llegue tarde o actúe de forma fragmentada.

Un dato socialmente inadmisible: cinco años sin una salida efectiva. La AIReF señala que el 46 % de los hogares perceptores permanece en el IMV después de 60 meses. El porcentaje alcanza el 57 % cuando la cuantía se encuentra más próxima a la renta garantizada y se reduce al 34 % cuando representa una proporción menor. La permanencia prolongada evidencia que la protección económica no está acompañada, con la intensidad necesaria, de oportunidades de formación, orientación, recualificación e incorporación a empleos estables y con derechos.

Este dato no debe utilizarse para culpabilizar ni estigmatizar a las personas beneficiarias. El IMV se reconoce a hogares, en muchos de los cuales hay menores, personas con discapacidad, cargas familiares que no se encuentran en condiciones inmediatas de trabajar. Por ello, la respuesta debe concentrarse en las personas adultas con disposición para trabajar y adaptarse a sus circunstancias, removiendo barreras y diseñar herramientas que combinen la protección a grupos inactivos con estímulos eficaces para aquellos que sí pueden integrarse en el mercado laboral de manera progresiva. A juicio de UGT, el diagnóstico exige afrontar cinco fallos concretos: 

1. Las políticas activas de empleo no están dando una respuesta suficiente. Existen proyectos piloto y actuaciones autonómicas, que no se han traducido en un sistema estable, homogéneo y evaluable que garantice a cada persona perceptora empleable un diagnóstico y un itinerario. Cinco años después, no basta con afirmar que el IMV es compatible con el trabajo: es necesario que los servicios públicos acompañen de forma efectiva el tránsito hacia un empleo digno.
2. Falta de coordinación institucional: la gestión económica del IMV, los servicios públicos de empleo y los servicios sociales funcionan con sistemas, competencias y tiempos diferentes. Sin intercambio ágil de información, una persona puede percibir la prestación durante años sin recibir una oferta coordinada de orientación, formación, acreditación de competencias o intermediación laboral.
3. Un incentivo al empleo complejo e insuficiente: el mecanismo de compatibilidad entre el IMV y las rentas del trabajo resulta difícil de comprender y no sustituye a una política activa de empleo. Debe ser previsible, sencillo y evitar que los ajustes posteriores generen incertidumbre o reclamaciones de cobros indebidos. Su finalidad ha de ser que aceptar un empleo siempre mejore la renta disponible del hogar.
4. Persistencia del non take-up: la AIReF estima que el 52 % de los hogares que cumplen los requisitos no solicita el IMV. Las trabas administrativas, la brecha digital, la falta de información y los largos tiempos de resolución privan de un derecho a cientos de miles de familias y también impiden que entren en contacto con los recursos de inclusión que deberían acompañar a la prestación.
5. Desfase en el cómputo de rentas: evaluar la vulnerabilidad con ingresos del ejercicio anterior puede dejar sin protección a quienes sufren una pérdida reciente de empleo o una caída repentina de ingresos. UGT reclama que la situación económica actual tenga un peso efectivo y que la Administración utilice los datos disponibles para anticiparse a la exclusión.

Articulación con el subsidio por desempleo: la AIReF observa una relación especialmente intensa a partir de los 52 años. Para UGT, la prioridad no es recortar derechos ni enfrentar prestaciones, sino ordenar su coordinación, evitar vacíos de protección y garantizar que las personas desempleadas de mayor edad reciban oportunidades reales de recualificación y empleo.

Reivindicaciones prioritarias de UGT

• Estrategia estatal específica para perceptores del IMV con capacidad laboral. Debe acordarse con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales, contar con financiación suficiente y fijar responsabilidades claras para los servicios públicos de empleo, el INSS y los servicios sociales.
• Derecho a un itinerario personalizado y a una persona profesional de referencia. El acompañamiento debe incluir diagnóstico de empleabilidad, orientación, formación y recualificación, acreditación de competencias, intermediación y apoyos para cuidados, transporte, vivienda y conectividad. La atención debe mantenerse también durante los primeros meses de incorporación al empleo.
• Reforma integral del incentivo al empleo y evaluación pública de resultados. UGT reclama un mecanismo comprensible y estable, acompañado de indicadores sobre acceso a orientación, participación en formación, inserción, calidad y duración del empleo, evolución salarial y retorno a la prestación. La evaluación debe distinguir perfiles y territorios y no limitarse a contabilizar bajas del IMV.
• Mejor acceso y gobernanza efectiva. Es urgente garantizar atención presencial, simplificar los procedimientos, calcular la vulnerabilidad con información actualizada, limitar las devoluciones causadas por retrasos administrativos, reducir la edad de acceso a los 18 años en los supuestos que requieren protección y constituir de forma efectiva el Consejo Consultivo del IMV.
• Convocatoria del Consejo Consultivo del IMV: Formalizar e institucionalizar de manera urgente la participación de las organizaciones sindicales en el seguimiento y evaluación de la norma.  

UGT exige la convocatoria inmediata de la Mesa de Diálogo Social. El cierre del ciclo de evaluaciones de la AIReF no puede convertirse en una excusa para aplazar los cambios. El IMV debe seguir siendo un derecho de garantía de ingresos, pero no puede quedarse en la única política disponible: debe abrir la puerta a servicios públicos coordinados, acompañamiento individualizado y empleos dignos que permitan salir de la pobreza sin perder protección.
 

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