• Reclama al ejecutivo que incluya a las fundaciones científicas del sector público y otros agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación entre las excepciones a la contratación del personal investigador que se establecen en la Ley 14/2011

• Tiene que cumplir su compromiso y evitar el despido de cientos de investigadores con contratos temporales de más de tres años y se asegurarían proyectos de investigación de enorme relevancia social 

• UGT reclama una apuesta decidida del Ejecutivo por el sector I+D+i en los PGE 2018, con el fin de estabilizar el empleo y los salarios en este sector y evitar la emigración laboral forzosa

La Unión General de Trabajadores exige al Gobierno que cumpla su compromiso con las organizaciones sindicales e incluya a las fundaciones científicas del sector público y a otros agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación entre las excepciones a la contratación del personal investigador que se establecen dentro de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 2011, para las contrataciones en universidades públicas y organismos públicos de investigación.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 contienen una disposición, la adicional 34, que impide la realización de contratos temporales de más de tres años o la concatenación de contratos en este sector, abocando a muchos de estos profesionales al despido. La ley 14/2011 incluye excepciones a esta disposición, pero deja fuera a muchas fundaciones científicas públicas. Es el caso del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), uno de los principales centros de investigación de cáncer del mundo y que puede ver cómo estas restricciones en la contratación de personal investigador suponen la pérdida de más de 80 trabajadores este año o más de 100 en 2018.

UGT recuerda que el Gobierno se comprometió, en el acuerdo firmado en septiembre de este año con los interlocutores sociales, a incluir estas fundaciones y otros organismos, precisamente para impedir que pudieran suceder situaciones como éstas. Un acuerdo que aún no se ha cumplido, que evitaría el despido de investigadores con contratos temporales y supondría que todos estos contratos de más de tres años pasasen a ser contratos indefinidos.

El sindicato reclama al Ejecutivo que estabilice el empleo de los investigadores en dichas instituciones y demanda, además, que los salarios de este colectivo se equiparen al del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Para UGT, el desarrollo de políticas en materia de I+D+i en España debe ser una prioridad para este Gobierno, con una apuesta decidida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Estamos en una situación muy grave, con altas tasas de precariedad y temporalidad en este sector, que puede ser dramática si el Ejecutivo no implementa este acuerdo y evita que numerosos grupos de investigación o departamentos pierdan a la mayoría de personal en los últimos meses, socavando numerosos proyectos de investigación de gran importancia social.