​Con motivo del Día Internacional del SIDA, que se celebra mañana sábado, 1 de diciembre, UGT quiere resaltar que con el recorte de los Presupuestos Generales del Estado a los programas de prevención y de promoción de la salud– en los que sólo entre 2011 a 2013 se ha producido una merma que ronda el 70%- se ha dado un paso atrás en las políticas de lucha contra el VIH/SIDA. El sindicato denuncia que la actual coyuntura económica no puede ni debe justificar recortes en derechos básicos como el de la salud ni utilizarse como excusa para desatender a las personas afectadas por esta u otras enfermedades.

Con el recorte de los Presupuestos Generales del Estado a los programas de prevención y de promoción de la salud, se ha dado un paso atrás en las políticas de lucha contra el VIH/SIDA. Tanto en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 como para 2013 se produce un descenso considerable en las partidas destinadas al VIH/SIDA, de hecho, si en 2011 se destinaban 10.055 millones de euros a acciones de VIH/SIDA, en 2012 y 2013 desciende esta cantidad a 3.052 millones de euros, lo que supone una merma que ronda el 70%.

Desaparecen los fondos para la coordinación del Plan Multisectorial de Lucha contra el SIDA y para la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (GESIDA). No se prevén transferencias a las Comunidades Autónomas para los programas autonómicos ni para costear las subvenciones de programas de prevención y control del SIDA a instituciones sin ánimo de lucro, cuando uno de los pilares para combatir esta pandemia es la prevención, los programas de información y la sensibilización, reflejo de los cuales se dio una disminución de las transmisiones, según los datos de Onusida de 2012.

Desde la entrada en vigor de la norma por la que se retira el derecho a la asistencia sanitaria a personas sin permiso de residencia, las personas con VIH en situación administrativa irregular, han visto como se les denegaba el acceso a la atención sanitaria primaria, al seguimiento de su enfermedad, a los antirretrovirales o a la medicación de las enfermedades asociadas al hecho de ser portadores del virus. El Gobierno no parece considerar ésta, una enfermedad grave, que requiere de políticas públicas sanitarias y las consecuencias son: tratamientos interrumpidos, falta de seguimiento, denegación de asistencia y prescripción de medicamentos, todo ello con el consiguiente peligro para la vida de las personas extranjeras sin cobertura sanitaria y con VIH.

El sindicato considera que, si bien ha habido grandes avances en los tratamientos que han supuesto un aumento de la esperanza y calidad de vida de las personas con VIH, aún es necesario atender sus necesidades respecto a su incorporación al mercado laboral y al mantenimiento de sus puestos de trabajo, ya que aunque existen Recomendaciones Internacionales, como la última Recomendación de la OIT sobre VIH y el mundo del trabajo; está lejos de implementarse por el Gobierno. 

La Recomendación 200 de la OIT pretende reforzar la contribución del mundo del trabajo al acceso universal a la prevención, tratamiento, cura y apoyo frente a esta enfermedad, por ello contiene disposiciones sobre programas de prevención que podrían salvar la vida de personas y sin embargo obtenemos recortes escandalosos en las acciones dirigidas a la prevención, información y sensibilización. También establece medidas antidiscriminatorias en el mundo del trabajo y destaca la importancia del empleo y la continuidad en el tratamiento. Sin embargo en España encontramos una reforma laboral que despide a trabajadores enfermos, les limita el acceso a un tratamiento y les impide ajustar sus condiciones laborales. 

Desde UGT instamos al Gobierno a la aplicación improrrogable de la Recomendación, cuyo contenido ya fue ratificado por el Gobierno, porque sigue habiendo discriminaciones en el acceso al empleo, las promociones internas, rechazos en su puesto de trabajo, despidos, falta de confidencialidad y obligación de realizarse pruebas serológicas innecesarias. Además de consecuencias en el seguimiento del tratamiento de la enfermedad por parte del trabajador afectado ya que puede llegar a abandonarlo para evitar ausentarse de su trabajo y que así no transcienda el motivo de su falta, o el miedo a ser vistos cuando asisten al médico o que los demás detecten los efectos secundarios que tienen tratamientos.

La última reforma laboral golpea también a los trabajadores afectados de VIH, puesto que las faltas de asistencia, aún justificadas, computan como tal, y son causa de despido, lo que les suprime el derecho a recibir un tratamiento médico y poder asistir a él e incluso les impide el derecho a una baja laboral en caso de enfermedad, si ésta es inferior a veinte días. Esta reforma laboral universaliza la precariedad de los trabajadores enfermos y favorece la flexibilidad de las empresas para despedir a los trabajadores, eliminar las condiciones laborales de los trabajadores e inaplicar el convenio colectivo. Además, limita gravemente la intervención sindical y debilita la fuerza de la negociación colectiva, imposibilitando la aplicación de clausulas de no discriminación pactadas en los convenios.

UGT se une e las reivindicaciones y actuaciones que se están realizando desde la Alianza de Plataformas de VIH/SIDA del Estado español. Bajo el lema “MENOS RECORTES, MENOS EXCUSAS, MÁS DERECHOS” en el que se denuncia la desatención que la respuesta ante el VIH/sida está teniendo a través de todos los recortes tanto económicos como de derechos que se están produciendo. La actual coyuntura económica no puede ni debe justificar recortes en derechos básicos como el de la salud.