Es necesario preservar el poder de compra de los salarios, impulsar la creación de empleo de calidad y proteger a los más vulnerables

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2021 (que utiliza datos de renta del año precedente) muestran un recorte de la calidad de vida de la población, puesto que se registra un empeoramiento de los indicadores de desigualdad y pobreza en nuestro país.

La encuesta arroja resultados preocupantes, sobre todo si tenemos en cuenta que, previsiblemente no mejorarán en las próximas encuestas, ya que el intenso y generalizado proceso de devaluación salarial y el impacto de la guerra de Ucrania (que no ha sido recogido porque se refiere a 2020) intensificarán aún más las fracturas sociales.

Si nos fijamos en la distribución de los ingresos, se registran retrocesos en materia de igualdad, ya que el coeficiente de Gini subió 9 décimas respecto al año anterior, alcanzando un valor de 33 puntos, uno de los registros más elevados de toda la UE, lo que nos sitúa a la cabeza en materia de desigualdad de rentas. Además, la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre (indicador s80/20) también ha empeorado, ya que la brecha entre ambos grupos sube 4 décimas hasta una ratio de 6,2. A su vez, el ingreso medio por persona es de apenas 12.269 euros, un 0,2% menos que en el año precedente.

La pandemia ha ampliado los niveles de desigualdad y pobreza

También registra una evolución desfavorable el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, (tasa AROPE), con un 27,6% (8 décimas más) en situación de vulnerabilidad en 2020, el dato más elevado en los últimos 5 años. Este incremento se explica por el aumento de la población que padece baja intensidad del empleo (pasando del 10 al 11,6%) o se encuentra en riesgo de pobreza (es decir, con ingresos inferiores al 60% de la mediana nacional), aumentando la tasa en este caso del 21 al 21,7%.

No obstante, se trata de un problema especialmente acuciante en algunos colectivos, ya que hasta un 58,6% de las personas desempleadas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social; mientras que en el caso de la población inactiva se alcanza un porcentaje del 40,3%.

Todo ello remarca la necesidad de seguir impulsando la creación de empleo de calidad, lo que pasa también por proteger el poder de compra de los salarios y combatir el problema de subempleo. Igualmente, es necesario reforzar las políticas y medidas que componen el denominado escudo social implementado a raíz de la pandemia, por lo que UGT demanda una política social más ambiciosa, que refuerce el deteriorado Estado de Bienestar mediante un aumento de las cuantías y la cobertura de la red de prestaciones y transferencias que protegen a los colectivos más vulnerables.