La Unión General de Trabajadores, junto a CCOO, IU y Podemos, han entregado hoy una carta en la embajada de Colombia para expresar su preocupación y firme condena ante la violenta represión que el gobierno de Iván Duque viene llevando a cabo contra las protestas pacíficas del pueblo de Colombia.

El sindicato quiere señalar que el embajador no ha querido recibir a los integrantes de las delegaciones de UGT, CCOO, IU y Podemos.

Reproducimos aquí el contenido completo de la carta:

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación y firme condena ante la violenta represión que el gobierno de Iván Duque viene llevando a cabo contra las protestas pacíficas frente a la regresiva reforma tributaria y otras demandas sociales.

Desde hace ya dos semanas, se suceden las protestas en Colombia, que han ido en aumento y ya se extienden a todo el país. Las masivas manifestaciones exigen al gobierno la garantía de derechos básicos, aún más necesarios en un contexto de alta incidencia del Covid-19 en el país andino. Una atención sanitaria digna, la aprobación de una renta básica, un freno a las privatizaciones, el cese de la violencia contra líderes sociales y un compromiso real con el acuerdo de paz con las FARC, son algunas de las principales demandas del pueblo colombiano durante las protestas.

En un contexto de militarización del país, el gobierno colombiano ha respondido con una feroz represión, que ya ha causado decenas de fallecidos, cientos de heridos y miles de personas detenidas solo por ejercer su derecho de manifestación, así como otras violaciones de los DDHH como violencia sexual contra mujeres por parte de las fuerzas de seguridad.

Pero estos gravísimos hechos no son una novedad en el país andino, a finales de 2019 el gobierno ya reprimió importantes protestas, que surgían de demandas sociales similares a las actuales, con el terrible resultado de varias personas muertas y cientos de heridos. Pero, además, Colombia lleva décadas soportando una violencia estructural que los diferentes gobiernos no han podido, y en muchos casos, no han querido detener. Cientos de líderes y activistas sociales son asesinados en Colombia desde hace décadas, además de las permanentes amenazas y persecución de la que son víctimas dirigentes y miembros de sindicatos, organizaciones sociales y representantes de minorías.

A esta terrible situación, debe sumarse la voluntaria falta de compromiso del Gobierno de Duque para implementar los históricos acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016, a través del boicot de algunos de sus puntos fundamentales y, sobre todo, con la desprotección de ex miembros de las FARC firmantes del acuerdo. Desde la histórica rúbrica en La Habana, más de 250 ex combatientes han sido asesinados.

Instamos al Gobierno de España y a la Unión Europea a fijar una clara condena a la represión del gobierno de Duque, que deberá servir como un punto de inflexión para establecer unas relaciones políticas diferentes a las de las últimas décadas, donde España y la Unión Europea no han asumido una posición de condena de las graves violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Colombia, ya que, como hemos mencionado, la actual represión no es una novedad en el país andino. Las relaciones exteriores, tanto por parte de España como de la UE deben asumir de una vez la prioridad del respeto por la democracia, los derechos humanos y un modelo de desarrollo económico que beneficie a toda la población. Tanto el gobierno de España como la Unión Europea deben acabar con la primacía de los intereses de sectores económicos multinacionales en sus prioridades diplomáticas con Colombia. No habrá desarrollo democrático y económico justo para Colombia sin una autentica garantía de paz, funcionamiento transparente de las instituciones y políticas socioeconómicas para toda la sociedad colombiana.

Por último, las organizaciones firmantes queremos enviar nuestro apoyo al conjunto del pueblo y a todos los sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos que valientemente continúan sosteniendo el deseo de cambio de la mayoría de la sociedad colombiana tras décadas de gobiernos de élites conservadoras que no han dudado en ceder parte de la soberanía colombiana a cambio de privilegios económicos, políticos y judiciales. El pueblo colombiano merece que sus demandas de un profundo cambio social para la construcción de un país soberano, democrático, en paz y con justicia social se conviertan en realidad.