Desde el pasado 10 de septiembre, los sindicatos costarricenses Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Asociacion Nacional de Empleados Públicos y Privados - Central Social Juanito Mora Porras (ANEP/CSJMP) y Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), mantienen una huelga indefinida en respuesta a la ley conocida como “Combo fiscal”, que contiene una serie de medidas de recortes del gasto público que afectan directamente a los servicios públicos, aumentos de impuestos regresivos que reducen directamente al poder adquisitivo de los trabajadores, disminución de salarios en el sector público y desfinanciamiento de importantes programas sociales.

Las medidas integradas en el Combo fiscal no son más que la tradicional receta neoliberal por parte del gobierno de Carlos Alvarado Quesada, que intenta cargar sobre la espalda de los trabajadores los esfuerzos necesarios para lograr una mejora de la situación económica. Estas medidas, que no representan originalidad alguna responden a la presión de los mercados financieros internacionales ante el aumento del peso de la deuda costarricense sobre el PIB del país centroamericano. Sin embargo, la orientación político económica que representan estas medidas sitúa a los trabajadores costarricenses en el último lugar de la escala de prioridades del gobierno, proponiendo un claro deterioro en sus ingresos y en los servicios públicos, en un entorno de importante crecimiento económico para el país.

Los trabajadores costarricenses han dejado claro en los últimos tiempos que las soluciones al problema del déficit fiscal o aumento de la deuda pública no deben ser asumidas por aquellos que solo disponen de su salario y se mantienen firmes en sus exigencias de impedir un deterioro de sus condiciones laborales y de los servicios públicos de su país.

Por último, desde UGT rechazamos la represión policial sobre los trabajadores y trabajadoras en huelga y la posterior persecución judicial que se ha iniciado contra participantes de estas medidas de fuerza. Tal como informa la Confederación Sindical de las Américas (CSA) en la última semana se han producido graves agresiones por miembros de la fuerza pública en Barranca, Puntarenas, y en el acceso a diferentes puertos caribeños.