​Cada vez hay menos población en España lo que va a agravar el problema demográfico y sus consecuencias. La emigración actual está dando lugar a una descapitalización humana difícil de recuperar, una emigración forzosa propiciada porque nuestro país no ofrece ya oportunidades de empleo, ni una protección social suficiente y porque las desigualdades económicas y sociales han crecido en mayor medida que en los países de nuestro entorno. UGT alerta de que el actual contexto de crisis propicia situaciones de abusos, explotación y trata de seres humanos y reclama una política respetuosa con los migrantes, tanto en España como en la UE. 

Insta al Gobierno de Rajoy a consensuar ya, con los interlocutores sociales, el Plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, a que los agentes sociales sean consultados en todas las cuestiones que tengan que ver con el empleo de los migrantes, a emprender acciones específicas para atender a los emigrantes españoles en el exterior, a defender las libertades de circulación de trabajadores y personas en el entorno de la UE y a que el flujo de inmigración, a través de las fronteras, se someta a normas estrictamente respetuosas con los derechos humanos.

En su informe a la Asamblea General en octubre de 2013, el Secretario General de las Naciones Unidas señaló que “La migración es una expresión de la aspiración humana por la dignidad, la seguridad y un futuro mejor. 

Es parte del tejido social, de nuestra condición como una familia humana”. El flujo migratorio hacia España y el de España hacia el exterior, aspira precisamente a eso, a la dignidad, a la seguridad y a un futuro mejor.

Los flujos migratorios en España en el último periodo, reflejan una situación preocupante. Una pérdida de población total, tanto por la disminución de la llegada de migrantes, como por la salida de quienes buscan un futuro que no encuentran en este país.

Con independencia de que la emigración sea de población de nacionalidad española o extranjera, que su motivación sea el retorno al país de origen o a otro distinto, lo cierto es que implica que algo no va bien en este país. Porque estos emigrantes no son estudiantes universitarios que se van temporalmente de Erasmus para mejorar sus conocimientos, sino personas de todas las edades que carecen de oportunidades de para llevar una vida digna y deben tomar una decisión difícil. Es probable que quienes están marchando, como ya sucedió en épocas pasadas, no vuelvan nunca. La emigración actual, está dando lugar a una descapitalización humana difícil de recuperar. Llamar movilidad exterior a lo que es emigración forzada, no deja de ser un eufemismo que esconde la realidad de un país que no ofrece oportunidades de empleo, ni una protección social suficiente, y donde las desigualdades económicas y sociales han crecido en mayor medida que en los países de nuestro entorno.

La emigración, por otra parte, no está protagonizada exclusivamente por los jóvenes, sino sobre todo por la marcha por grupos familiares completos, de personas mayores de 35 años en edad laboral, de niños y niñas. Todo ello, unido al descenso de la inmigración, agravará el problema demográfico de este país, con las consecuencias que esto tiene en todos los ámbitos. 

Además, todo ello sucede en un contexto de endurecimiento, no solo de la política de inmigración española y de la Unión Europea, sino también de la libre circulación de personas y trabajadores, uno de los pilares básicos de la Unión Europea, y que se ha terminado convirtiendo en una libertad de doble velocidad: libertad para quien tiene medios económicos e inmigración restrictiva y expulsión para quien se queda sin empleo o lo está buscando. 

El actual contexto económico en España, y la situación de necesidad de los trabajadores y trabajadoras, tanto aquí, como de quienes han emigrado a otros países, los hace más vulnerables a los abusos, a la explotación y/o a la trata de seres humanos con este fin. 

La Unión General de Trabajadores está convencida de que otra política es posible y necesaria, tanto en España como en la Unión Europea, respecto a la inmigración, la emigración y la libre circulación de personas y trabajadores en el entorno comunitario, y por ello propone: 

• Que las políticas española y europea deben dejar de basarse en la concepción utilitarista de las migraciones y los migrantes como instrumentos para resolver problemas estructurales o puntuales de un país. Esta concepción es el primer obstáculo para la integración y el reconocimiento de la igualdad de derechos.
  
  
• Que las políticas de inmigración y de libre circulación no pueden convertirse en vías rápidas, sin requisitos, para quienes posean recursos económicos y para las grandes empresas y, en un futuro, de expulsión, de restricciones y de ausencia de protección social para quienes han perdido el empleo o han utilizado la libre circulación para buscar empleo, estigmatizando a estos colectivos, tanto en España como en países comunitarios, de utilizar abusivamente los sistemas de protección social. 
  
  
• Que es preciso abordar las causas de la migración, tanto en España, como en el entorno de la Unión Europea, porque las consecuencias de la pérdida forzada de población, inmediatas y futuras, tienen unos costes gravísimos para el conjunto de la sociedad. Llamar “movilidad exterior” en el caso de la población de nacionalidad española de origen y “retorno” en el caso de los extranjeros y nacionalizados, a la migración forzada, es dar la espalda a las causas que mueven a personas y grupos familiares completos a abandonar sus lugares de residencia. Y esas causas son la falta de oportunidades dignas de empleo y/o de vida. 
  
  
• Que tanto la política de inmigración, como la de emigración, no pueden basarse exclusivamente en la regulación de los flujos de entrada o en observar los de salida. Es preciso que ambas, de forma integral contemplen, en el caso de la inmigración, la integración en igualdad de los migrantes que residen o que llegan a España, y en el caso de la emigración, las acciones específicas para atender a los emigrantes españoles en el exterior y la acción política para defender, en el entorno de la Unión, las libertades de circulación de trabajadores y personas.
  
  
• Que es preciso abordar que en el escenario actual es mayor la vulnerabilidad de trabajadores y trabajadoras a los abusos, a la explotación, a la trata de seres humanos, especialmente de los migrantes, tanto en España como de personas de nacionalidad española que marchan a otros países, del entorno comunitario o no. España, de una vez y en consulta con los Interlocutores Sociales, debería aprobar el Plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
  
  
• Que el control del flujo de inmigración a través de las fronteras, tiene que estar sometido a normas estrictamente respetuosas con los derechos humanos. La legalización en curso en España de las “devoluciones en caliente”, es el ejemplo más extremo de una política de migración que olvida obligaciones internacionales fundamentales.
  
  
• ​Que los Interlocutores Sociales deben ser consultados en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la inmigración y la emigración por motivos de empleo.​