La convocatoria de Formación Profesional para el Empleo 2014, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado supone una transición hacia un modelo más orientado a la vinculación de formación y empleo. UGT recuerda que la Seguridad Social recauda para Formación Profesional un 0,7% de la masa salarial pagada por empresarios y por trabajadores. Asimismo, destaca que el Gobierno se ha comprometido a modificar, a través del Diálogo Social, los mecanismos de gestión del subsistema de Formación Profesional para el Empleo a partir de 2015.
Gracias a la formación continua, en la que ha participado activamente UGT, se ha llegado a formar anualmente a casi 5 millones de trabajadores. Pese a todo, todavía hay 12.374.600 trabajadores sin ninguna competencia profesional reconocida (el 54% de la población activa, según datos de la EPA del 2º trimestre de 2013). El sindicato destaca que los agentes sociales tendrán un papel esencial en la reforma del sistema de Formación para el Empleo y confía en que los V Acuerdos nacionales se rijan por los principios acordados para el nuevo modelo, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y transparencia del sistema.
La convocatoria de Formación Profesional para el Empleo 2014, aprobada por unanimidad por las organizaciones del Pleno del Patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que se celebró el 1 de agosto, marcan un antes y un después en el sistema vigente de gestión de unos fondos que provienen esencialmente de la cuota de Formación Profesional, el 0,7% de la masa salarial, pagada por empresarios y por trabajadores, cuya recaudación se realiza a través de la Seguridad Social.
Esta convocatoria mantiene los principios reguladores vigentes hasta ahora, por los que los Agentes Sociales son considerados solicitantes válidos en la formación destinada a trabajadores ocupados. Sin embargo, los interlocutores sociales y el Gobierno, modificarán, a partir de 2015, desde el Diálogo Social, la gestión del subsistema de Formación Profesional para el Empleo de tal forma que se garantice:
Una financiación suficiente, estable y equitativa, bajo el respeto de la unidad de caja y el carácter finalista de la cuota de formación profesional, que deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación, públicos y privados, acreditados conforme a la normativa vigente, para la impartición de toda la programación formativa de las distintas Administraciones públicas.
La estabilidad, seguridad y certidumbre para hacer posible una planificación estratégica y promover la inversión en recursos formativos.
La coordinación y la cooperación interadministrativa para ganar en la optimización de los recursos destinados al sistema.
El impulso a la formación programada por la empresa para sus propios trabajadores, con la participación de la representación legal de los trabajadores, como vía ágil y flexible de responder a las necesidades más inmediatas y cercanas a empresas y trabajadores.
El refuerzo de los sistemas de información, el seguimiento y control, la evaluación permanente en todas las etapas del proceso formativo, incluida la adecuada medición de su impacto y el compromiso con la mejora continua, en el marco de los instrumentos que se acuerden y cuenten con la presencia de la Administración y de las organizaciones sindicales y empresariales.
Los principios que seguirán presidiendo el sistema y a los que los agentes sociales no renuncian son:
- El ejercicio del derecho individual a la formación profesional para el empleo;
- La garantía y la igualdad en el acceso de los trabajadores y las empresas a una formación vinculada a las necesidades de los mismos;
- La unidad del mercado de trabajo y la libre circulación de los trabajadores en el desarrollo de las acciones formativas;
- La negociación colectiva y el diálogo social como instrumento de desarrollo del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral;
- La participación activa de los Agentes Sociales en el gobierno del sistema, y en particular en el diseño, planificación, programación, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa, especialmente en la dirigida a los trabajadores ocupados.
En este sentido, UGT ha actuado y seguirá actuando en colaboración con las Administraciones, realizando un servicio público para la formación de los trabajadores.
Asimismo, los agentes sociales tendrán un papel esencial en la reforma del sistema de formación para el Empleo. Participarán en la gestión política del Sistema (Mesas de Negociación o Concertación, Comisión Estatal, Fundación Tripartita y Organismos Autonómicos), en los Consejos de Formación Profesional, en la colaboración con el Instituto Nacional de las Cualificaciones para el contraste de las cualificaciones profesionales y en la impartición de formación a través de los Centros Inscritos o Acreditados propios de los Agentes Sociales, que pueden y deben suscribir Contratos Programa o Convenios de Colaboración con las distintas Administraciones, realizando eficazmente y con calidad los planes de formación que se les puedan adjudicar.
Estos principios deben plasmarse en los V Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo, vinculando a las Administraciones y a los Agentes Sociales, para mejorar la eficacia y transparencia del Sistema.
