​El Índice de Precios al Consumo de noviembre sigue constatando la debilidad del crecimiento económico ya que, pese a aumentar en el tercer trimestre al 3,2%, no repunta el consumo interno. A este dato se suman los elevados niveles de desempleo y el deterioro del mercado laboral que, marcado por la temporalidad, la precariedad, la parcialidad, ha provocado un mayor empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Para UGT, además de un plan de choque por el empleo que procure más empleo y de más calidad, son necesarias, subidas salariales, y de las pensiones, por encima de la inflación –el aumento medio previsto es del 1,3%- para dinamizar el consumo y recuperar el poder adquisitivo perdido; las rentas salariales deben ganar participación en el reparto de la renta e incluir cláusulas que garanticen el poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual del IPC se mantiene en el 0,7%, debido a que los carburantes y lubricantes están más baratos este mes en relación con el mes de noviembre del año pasado. El efecto de estos precios también tiene su traslado en la variación mensual de los precios en nuestro país, que ha disminuido siete décimas y se sitúa en el 0,4%. En esta evolución mensual del IPC se mantiene el efecto estacional derivado del inicio de la temporada de invierno y los precios del grupo de vestido y calzado.

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en la mismo nivel del mes pasado, el 0,8%, una décima por encima de la general. Por último, en el mes de noviembre la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) se mantiene en el 0,5%, una décima por debajo de la tasa media de la eurozona, según el dato provisional.

Aunque se sitúa en términos positivos, la evolución de los precios continúa reflejando una debilidad preocupante de la economía, que a pesar de crecer en el tercer trimestre al 3,2% interanual, refleja una menor aportación del consumo interior. El gasto final en consumo de los hogares ha crecido cuatro décimas por debajo del incremento anual reflejado en el trimestre anterior. Y según esos datos de Contabilidad Nacional, la variación anual del coste laboral unitario ha sido de -0,1%, cuatro décimas inferior al deflactor del PIB.

Además, hemos conocido en el mes de noviembre por primera vez el Índice de Precios del Trabajo, un indicador que pretende medir la evolución temporal del precio de la mano de obra, eliminando el efecto de cantidad y calidad del factor trabajo. Según este indicador, el precio del trabajo ha descendido un 0,7% entre 2008 y 2014, lo que sumado a un incremento del 8,7% de la media anual de IPC en ese periodo, arroja una pérdida de poder adquisitivo de 9,4 puntos entre 2008 y 2014, muy por encima de lo calculado hasta el momento.

Junto a ello, mantenemos unas tasas de desempleo insoportables y el deterioro del mercado laboral alcanza niveles que resultan ya preocupantes hasta para los organismos más neoconservadores, como la OCDE, que asegura que la calidad del empleo en España es de las más bajas, algo que, según ese estudio, realizado por Caixabank, afecta negativamente a la productividad. Junto al desempleo y la desprotección, la creación de empleo es insuficiente y refleja el uso abusivo de la contratación temporal y a tiempo parcial, con una precarización laboral creciente, que provoca el aumento de trabajadores pobres con empleo. Las sucesivas reformas laborales han tenido como consecuencia un crecimiento del empleo insuficiente en términos cuantitativos y con una reducción abrumadora en términos de condiciones de trabajo, salariales y de calidad del empleo.

Junto a los millones de desempleados, la devaluación salarial y de calidad laboral ha provocado que el 35% de los trabajadores, 5,5 millones de ocupados, cobren un salario inferir al SMI, más de 3,6 millones cobran menos de la mitad del SMI, y 2,1 millones tienen sueldos cercanos al SMI. Y al mismo tiempo, los sistemas de protección por desempleo no dan cobertura a la mitad de los desempleados.

Por ello, es necesario hacer una apuesta decidida por más empleo y de más calidad, para lo cual es imprescindible una política salarial que vaya en la dirección de recuperar el poder adquisitivo perdido. La recuperación económica debe llegar a los trabajadores y esto empieza a ser urgente, porque ya hay indicios de freno, debido en buena medida a que el crecimiento no llega a las familias. Si la economía crece, los salarios deben crecer.

Para UGT, la subida prevista del SMI un 8% se queda corta respecto a las necesidades de incrementar este mínimo salarial: los sindicatos reclamamos un incremento del SMI que debería suponer 800 euros en 2017, con el objetivo de alcanzar 1.000 euros en la legislatura. Además, esta subida no se ha negociado con los interlocutores sociales, sino que ha sido fruto de un pacto del gobierno con un partido de la oposición, y a los interlocutores se nos ha presentado una decisión previamente adoptada, saltándose el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

Para UGT, es fundamental, y empieza a ser muy urgente, que los salarios aumenten suficiente, para colaborar a la reducción de las desigualdades y de la pobreza, reforzando el crecimiento económico. Por ello, los incrementos salariales deberán regirse por los criterios siguientes:

• Deben crecer por encima de la inflación (la previsión de un aumento medio de la inflación de consumo para 2017 es del 1,3%).
  

• Pero además de ganar poder de compra, las rentas salariales deben ganar participación sobre el reparto de la renta. Ello supone trasladar a salarios todos los aumentos de productividad laboral, que para 2017 se estiman en el 1,6% en términos nominales (productividad real + inflación). Solo aumentos salariales a nivel agregado superiores a este dígito permitirán que la participación de las rentas salariales en el PIB aumente.
   
• Por último, es necesario incluir en los convenios una cláusula de garantía para el caso de que la inflación a final de año sea superior a la prevista, para evitar que un aumento de los precios superior al estimado inicialmente termine por absorber la ganancia de poder adquisitivo pactada. Porque los trabajadores y las trabajadoras no pueden terminar pagando de su bolsillo la incidencia sobre los precios de factores que nada tienen que ver con ellos y que no controlan.

Y ese es el criterio que los sindicatos llevaremos para la negociación pendiente del III AENC. El objetivo es el aumento de la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, a través de una subida de los salarios, que permita reforzar el crecimiento económico, hacerlo más equilibrado y generador de empleo de calidad; que ayude al cambio de modelo productivo, para hacerlo más eficiente y sostenible; que reduzca los niveles de desigualdad y pobreza, y que colabore al aumento de los recursos de la Seguridad Social.

Isabel Araque, Secretaria Confederal de UGT