​UGT y CCOO valoran la renovación del PAE, pero rechazan los injustificados impedimentos al acceso que mantiene el Gobierno y advierten de la necesidad de concretar un Plan de choque para el empleo en el marco del Diálogo Social.

En la reunión  de la Mesa de Diálogo Social sobre el Plan de Choque por el empleo que se ha celebrado hoy, el Gobierno ha presentado el proyecto de Real Decreto ley que  prorroga y modifica parcialmente el Plan de Activación para el Empleo (PAE).

En este sentido, CCOO y UGT  planteamos la necesidad de prorrogar el PAE, pero consideramos carentes de justificación las limitaciones al acceso a la protección por desempleo establecidas por el Gobierno. Entre los cambios propuestos por las organizaciones sindicales que el Gobierno sí ha aceptado,  respecto del programa anterior,  1) la reducción de 6 a 3 meses del plazo requerido para solicitar el acceso al PAE, 2) que se pueda solicitar  desde el agotamiento de cualquier  prestación por desempleo,  y 3) reducir de 12 a 9 meses el tiempo de permanencia del solicitante como demandante de empleo. Todos ellos posibilitan que el PAE amplíe su cobertura y permiten incrementar el número de personas que pueden beneficiarse del mismo.

Sin embargo, tal y como hemos manifestado en la reunión de hoy, el programa mantiene restricciones al acceso injustificables, de las que la más importante por sus efectos es el requisito de tener cargas familiares, cuya naturaleza nada tiene que ver con la búsqueda activa de empleo, el agotamiento de prestaciones y la carencia de rentas, que son los únicos requisitos justificables, y solo pretende recortar las prestaciones por desempleo a los parados que más lo necesitan. Es, por otra parte, una discriminación que afecta sobre todo a los más jóvenes.

Además, otros requisitos se establecen solo para producir recortes en el objetivo de protección del Programa, como la obligación de estar inscrito como demandante el 1 de abril de 2017, lo que cierra el paso a la protección de los desempleados futuros que agoten sus prestaciones, creando una protección ‘congelada’, y estableciendo una discriminación entre unos y otros desempleados en función solo de una fecha que resulta inaceptable.

Junto a ello, tampoco se ha aceptado compatibilizar la ayuda del PAE con las rentas mínimas y otros programas similares de las CCAA o que puedan volver a ser beneficiarios quienes ya lo fueron anteriormente y no han vuelto a encontrar empleo.

La renovación del PAE es  necesaria, pero continuará dejando sin protección a miles de desempleados en situación de necesidad.
Para alcanzar los objetivos con los que se convocó esta Mesa de Diálogo Social reclamamos que una vez despejada la aprobación inmediata de la prórroga del PAE, se aborden los siguientes puntos a corto y medio plazo:

1- Continuar los trabajos para el diseño y aprobación, de una reforma de los actuales programas específicos de protección y activación para desempleados de larga duración (PREPARA, RAI y PAE).

2- Seguir avanzando en la implementación de un programa de apoyo al empleo joven, en el que resulta relevante un desarrollo más eficaz de la Garantía Juvenil Europea. En particular, a través de la definición y aprobación urgente de nuevas medidas, para la activación a través del empleo y la formación de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, vinculando estas también a un verdadero desarrollo de la formación dual. Destacar la importancia de la participación de los interlocutores sociales en la definición, desarrollo y evaluación de estas medidas.

3- Contribuir, junto a las CCAA, al diseño y lanzamiento de la Tarjeta Social de acuerdo con lo acordado en la conferencia de Presidentes el pasado 17 de febrero, con el objetivo de mejorar la protección social de los desempleados.

4- Diseñar, junto a las CCAA, la nueva Estrategia de Activación para el empleo 2017-2020, revisando para ello las Políticas Activas de Empleo, así como la nueva Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

5- Analizar el sistema actual de protección al desempleo, con el objetivo de corregir las insuficiencias del actual modelo de protección, al tiempo que se reordenan los distintos tipos de prestaciones, subsidios y rentas asistenciales existentes a nivel estatal, autonómico y local, y fortaleciendo la coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales.