Entrevista a Pepe Álvarez en "Publico"

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) no niega que los sindicatos han vuelto, pero avisa que nadie les ha regalado nada. De hecho, advierte al Gobierno de coalición de que o se deroga la reforma laboral antes de final de año o "nos vemos en las calles". También avisa de que el acuerdo sobre el SMI pasa por pactar una senda de tres años. "El Gobierno sólo es un instrumento para conseguir cosas", precisa. Se muestra comprensivo con la patronal y no oculta que hay factores externos que están en contra de los acuerdos y que están presionando a la CEOE para romper el consenso social. Coincide con Unidas Podemos en la necesidad de una empresa pública de energía, y aplaude a Sánchez por pedir la subida salarial. Dice que no entendería que no se aprobara el acuerdo de pensiones. Y cuando se le pregunta por la salud sindical sonríe y contesta: "Más de 950.000, no afiliados, cotizantes. Eso son datos".

¿Es todavía posible el acuerdo para la subida de Salario Mínimo Interprofesional (SMI)? ¿Hay acercamiento entre las diferentes posturas?

El acuerdo posible, lo es. Acercamiento no hay. No hay contacto físico tripartito, hay llamadas telefónicas. Pero, hoy por hoy, no somos optimistas.

¿La posible ruptura del consenso social en la subida del SMI es un punto de inflexión en la política de acuerdos que ha habido en lo que va de legislatura?

No favorece a las negociaciones del futuro. Pero no vamos a ponernos dramáticos. En algún momento teníamos que llegar a algún punto donde no hubiera acuerdo, y ese momento, si es el Salario Mínimo, pues muy mal. Y sí, es un punto de inflexión. Pero vamos a ver si el nuevo acuerdo es con todos o solo queda fuera la patronal. Tenemos que ver si el Gobierno se va a atrever a dar un paso adelante y apuesta por una dignificación clara del Salario Mínimo Interprofesional en un cierre a tres años. Por tanto, a pesar de que esto en unos días tiene que estar decidido, hay incógnitas muy importantes porque todo está abierto todavía.

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¿Qué pide la UGT para firmar ese acuerdo de subida del SMI?

Una condición es que se firme a tres años, y ahí tenemos una cierta flexibilidad, porque se trata de que lleguemos en el 2023, el 1 de enero, a los 1.060 euros. Hay un camino de 110 de euros que lo podemos repartir de bastantes maneras. Es evidente que el último año no puede ser el de mayor subida del SMI, pero entre el 2021 y el 2022 hay margen de flexibilidad. La propuesta que ha hecho el Ministerio es de 15 euros para el año 2021 y eso no lo vamos a firmar. Y si se nos plantea sólo esto no tiene sentido, sobre todo, en el año en el que se ha disparado el coste de la vida. Porque ya tenemos claro que las personas que están en el SMI han perdido ya un 3% de poder adquisitivo.

Además, hacerlo por tres años es bueno para los trabajadores, porque es un proceso de estabilidad. Es bueno desde el punto de vista político porque no tenemos que estar pendientes de si hay elecciones, y yo prefiero tener un acuerdo cerrado, sobre todo cuando PP y Vox se oponen a la subida. Y es bueno para las empresas, porque cuando hagan sus proyecciones ya saben donde van.

Insisto, entonces, ¿ese acuerdo a día de hoy es posible?

Yo creo que con el Ministerio es posible, aunque se quede fuera la patronal. Pero también creo que es posible hasta con la patronal, porque la patronal también tiene algunos alicientes con este acuerdo, como los que he explicado antes, porque ellos se aseguran unas sendas. Y nosotros también nos jugamos que la inflación se dispare en el año 2022 y ya hayamos acordado los 1.060 euros. Cuando haces un acuerdo a tres años tiene riesgos para todos, y lo que está encima de la mesa es muy racional, y el grupo de expertos, donde hay pocos sindicalistas, ha dicho que esa senda es asumible, razonable y moderada. Mi impresión es que la patronal lo puede acordar.

¿Cree que la patronal tiene influencias externas para no llegar a este acuerdo?

Es evidente que la vida política española es de tal radicalidad que a nosotros mismos nos intentan condicionar. Creo que les molesta que lleguemos a acuerdos. He oído a dirigentes políticos criticar que estos acuerdos se firman sin sentido y sin contenido. Jamás había escuchado criticar estos acuerdos. Hay virulencia. A la patronal la han crujido con los indultos, de una forma absolutamente miserable e indigna desde mi punto de vista. Y la han crujido con el acuerdo de pensiones, donde hemos plasmado las resoluciones del Pacto de Toledo. Y creo que en las pensiones se cruje a la patronal porque partidos políticos pretendían que la patronal diera la cara defendiendo los postulados que ellos tienen y no se atreven a explicar. Porque es verdad que ninguno de los tres partidos políticos de la derecha se atreve a decirle a los pensionistas que no les van a subir las pensiones con el coste de la vida. Como eso no lo podían explicar, pues querían que lo hiciera la CEOE. Y es sólo un ejemplo de hasta dónde hemos llegado. Y todo esto a la CEOE la condiciona, pero no me extraña porque la virulencia política es muy fuerte.

¿Y cómo explica que ese acuerdo en pensiones no cuente a día de hoy con una mayoría en el Congreso para ser aprobado y haya partidos de izquierda, como ERC o Bildu que lo rechazan?

Ya veremos. La tramitación es larga. Nosotros tenemos que hablar con los grupos políticos y explicar los puntos del acuerdo de pensiones. Vamos a intentar que cuente con una mayoría, y si hay modificaciones, que sean a favor de los pensionistas. Si se mejora el acuerdo, yo no lo voy a lamentar. Pero creo que es un buen acuerdo, porque los acuerdos tienen que tener equilibrios y este los tiene. Y los acuerdos que duren, y el de pensiones tiene que durar, deben tener esos equilibrios. Creo que si se lo explicamos a los grupos parlamentarios de izquierda esto puede tener soporte, porque parece que la derecha no se lo va a dar, y eso también tenía que hacer reflexionar a los partidos de izquierda. Y, además, de no sacar el sistema de pensiones tendremos el acuerdo anterior, que sólo se ha derogado por el decreto, pero si no lo aprueba el Parlamento eso no funcionará.

De todas formas, el acuerdo alcanzado sólo es una parte, queda cómo gestionar el factor de sostenibilidad eliminado temporalmente y pactar las condiciones de cotización, etc. ¿No falta lo más difícil de acordar?

No creo que sea más difícil la segunda parte que la primera. Hay quien piensa que el Gobierno quiere entrar a saco en la segunda, pero me parece difícil. Nosotros vamos a esta segunda parte conscientes de que las cosas más importantes que se tenían que hacer se han hecho. Hemos pasado de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado 14.000 millones de euros de gastos impropios, que no es el parte del coste de las pensiones, es aquello que no le es propio y que no corresponde a la razón por las que pagamos nuestras cuotas a la Seguridad Social. Esto deja a la Seguridad Social en una situación bastante saneada. El acuerdo también sitúa de manera definitiva las edades de jubilación y el acceso a la jubilación anticipada. ¿Qué nos queda? Pues equilibrar más la Seguridad Social y eso lo vamos a hacer destopando las cotizaciones máximas. Nosotros estamos en 49.000 euros, y Francia está cerca de los 80.000. Hay un camino y hay una recaudación importante que hay que hacer. Y también hay que destopar la pensión máxima, pero el destope es menor que el aumento que habrá con la cotización. Ese es un proceso que queda.

Y luego queda pendiente aclarar algunos comentarios que ha hecho el ministro de Inclusión Social, que quiero ver en qué se plasma. Lo que alguien dice que es el nuevo factor de sostenibilidad, que es el pacto de solidaridad intergeneracional, es un elemento que tenemos que discutir. Pero ahí hay cosas tan interesantes para debatir como es qué ocurre en los barrios donde la esperanza de vida es siete o ocho veces más alta que en otros, y ver si el sistema tiene que ser el mismo o no, y habrá que buscar una fórmula para reequilibrar esta situación. O si tenemos que ir a que el tiempo de trabajo tenga que ver con la profesión en la que has trabajado. Puede ser que una persona que trabaje en la construcción tenga un coeficiente reductor que no se dé en otras profesiones. Hay un campo que, a mí, intelectualmente me es muy sugerente. Y, además, va a venir bien para los propios trabajadores y trabajadoras, porque hay personas que no tienen ganas de jubilarse.

Repasando viejas entrevistas a usted, encontré que hizo casi un ultimátum sindical para derogar la reforma laboral a finales de 2020, y ahí sigue vigente. ¿Cuándo se les agotará la paciencia?

Fue antes de empezar la pandemia, y la pandemia paralizó esto. Teníamos las negociaciones entonces más avanzadas que hoy con la patronal. Había más acuerdo en marzo de 2020 que ahora. En estos momentos, tenemos una ventaja. Se ha enviado un memorándum a la UE con unos criterios que, en general, nosotros compartimos, y hay un plazo de tiempo, que dice que las reformas deben estar concluidas en 2021.

Entonces, da usted por hecho que se derogará, al menos los aspectos más lesivos de la reforma laboral antes de final de año.

Nosotros estamos en ello. Y más allá del compromiso con la UE, que es del Gobierno y no es de los sindicatos, yo quiero decir una cosa muy clara: si no hay movimiento, el movimiento saldrá a la calle. Si esto no decae, la movilización está servida. Nosotros no tenemos más compromiso que con los trabajadores y las trabajadoras. El Gobierno es el instrumento para conseguir cambiar las cosas.

Otro tema de actualidad son los ERTE. ¿Deben seguir manteniéndose?

Queremos que haya una ampliación de los ERTE. Aunque sí quiero apuntar que me parece muy importante que el Gobierno haga una cosa, que tenía que haber hecho ya estos tres meses y no se ha hecho, que es examinar empresa por empresa que tiene un ERTE y resolver. No me gusta que se generalice y se diga que las empresas que hay no van a volver o que son zombis. Quiero saber dónde están y por qué razón. Y esto sacará los colores a más de una Administración. Porque en estos momentos hay empresas públicas que tienen ERTE que no tienen ningún sentido que los tenga, como AENA en la limpieza de los aeropuertos. ¿Por qué en el aeropuerto de Barcelona hay una parte de los trabajadores de la limpieza que están en ERTE cuando el aeropuerto está por encima del 80% en carga de trabajo? Y eso ahora se puede hacer, porque ya tenemos un número de ERTE que se puede analizar uno por uno.

Sánchez ha dicho que una recuperación justa debe conllevar una subida salarial. ¿Cómo está la negociación colectiva? ¿Qué subida plantean los sindicatos?

Me parece una frase del presidente extraordinariamente positiva. El aumento de los salarios tiene que generar consumo interno y más empleo. Hemos visto que la recuperación económica este verano se ha generado por el consumo interno. Para la negociación colectiva, el SMI es un buen instrumento porque arrastra a los salarios. Pero la negociación colectiva está paralizada porque la reforma laboral nos dejó sin instrumentos. Por eso es tan importante derogar la reforma laboral, para restaurar los derechos que había. Y se trata de recuperar la ultraactividad de los convenios, de restablecer la prevalencia del convenio del sector por el convenio de empresa, se trata de que el convenido tenga viabilidad. En ese sentido, la CEOE está ya convocada para constituir una mesa del acuerdo nacional de negociación colectiva en el ámbito de las confederaciones, para llegar a unos mínimos de consenso.

Con el Gobierno de coalición los sindicatos han pasado del ostracismo a tener una voz y un protagonismo político importante. ¿Ese protagonismo es también entre los trabajadores? ¿Qué salud tienen UGT y los sindicatos?

El Gobierno no nos ha regalado nada. Nosotros lo hemos conseguido. Los sindicatos entendimos muy bien el mensaje: había desafección sindical. No en las empresas, sino en los trabajadores donde no había organización. Y en estos años hemos hecho un trabajo importante de visualización del sindicato. Cuando llegué me propuse hablar claro, y que el sindicato pusiera voz a la gente que no tiene voz, con los conflictos laborales; y a las reclamaciones de los trabajadores y trabajadoras. Y eso ha mejorado. Pero es verdad que la pandemia nos dio un protagonismo desconocido, pero nos lo hemos ganado. Llevamos un proceso de incremento de afiliación desde 2017 permanente, y ahora estamos un poco por encima de los 950.000 afiliados, bueno, de cotizantes. Nosotros no tenemos simpatizantes, tenemos cotizantes. Más las personas que están a la espera de poder cotizar. Y la otra manera de medir la salud de los sindicatos son los delegados, y ahí mantenemos una situación de mejora permanente, especialmente la organización de base, UGT y CCOO. Eso son datos, y lo demás son palabras.

Finalmente, ¿cómo ve y cómo se pronuncia la UGT ante la descomunal subida del recibo de la luz? ¿Qué se debe hacer?

"Hay que ir a una empresa pública de energía, para que el Gobierno esté en este negocio"

No lo vemos con preocupación, lo vemos con desesperación. Es una situación de SOS. Y esa desesperación va a ir a más. Porque en el recibo de la luz sólo se muestra una parte. Primero quiero ver el paquete de medidas que ha anunciado el presidente y confío que nos lleve, como él ha dicho, al año 2018. Pero eso no es suficiente Hay que ir a un cambio en profundidad del sistema y hay que introducir un elemento fundamental, que es la empresa de producción de energía pública. Incluso, tenemos una empresa, que es Hunosa, que tiene una estructura que podría empezar a quedarse con todas las concesiones hidráulicas y nucleares, porque las nucleares también caducan y ver si expira el periodo de concesión con el de vida de la central. Y también puede ir a otros campos. Pero que sea una empresa pública y que sirva para que el Estado esté en el negocio. Y sí hay que tomar medidas a corto plazo, porque los sectores que inciden sobre las personas no se pueden dejar al arbitrio del mercado.

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