El aumento del precio de la electricidad afecta en mayor proporción a los más vulnerables e incrementa el coste del teletrabajo o la educación a distancia

► Es imprescindible seguir reforzando el escudo social y las medidas de apoyo mientras sea necesario, a la par que se aborda la subida del SMI, comprometida por el Gobierno.

► La subida del SMI reduciría los niveles de desigualdad y favorecería la recuperación económica, convirtiéndose en un eje dinamizador del consumo y la demanda interna

► Si queremos que la salida a la crisis sea lo más rápida posible y responda a coordenadas de justicia social, es necesario apostar por una política salarial fuerte y justa.

Los datos del IPC correspondiente a mayo de 2021 publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística manifiestan que la variación interanual del mismo se sitúa finalmente en el 2,7%, 5 décimas por encima de la del mes de abril, lo que supone, por un lado, la mayor tasa anual desde febrero de 2017 y por otro, que la tasa mensual crece por tercer mes consecutivo, alcanzando en mayo una variación del 0,5%.

Esta tendencia inflacionista a lo largo del año está directamente determinada por la evolución de los precios de los productos energéticos. De hecho, la electricidad se ha encarecido un 15,6% en lo que va de año, mientras que el precio de los carburantes y los combustibles registra una tasa anual del 22,5%, presionando al alza la tasa general durante este mes.

Sin embargo, la tasa de inflación subyacente, que excluye tanto a los productos energéticos como los alimentos no elaborados, registra una tasa anual de apenas un 0,2%, dos décimas más con respecto al dato de abril, lo cual confirma el estancamiento de los precios del resto de productos.

Se trata, por tanto, de un aumento de los precios localizado, influido por el desplome de los precios de los productos energéticos durante el pasado año, por lo que se espera que la presión inflacionista se prorrogue durante los próximos meses, pero no por ello hay que pasar por alto que el aumento de los precios en productos esenciales como la electricidad o los carburantes afecta, en mayor proporción, al bolsillo de los hogares con menos recursos, generando un impacto distributivo negativo.

Los acentuados repuntes de los precios energéticos atraen el foco a los mecanismos que los forman y a las características de esas actividades. Necesitamos garantizar sistemas transparentes y que prevengan la captación de beneficios indebidos o rentas monopolistas a los grandes operadores energéticos.

En este sentido, UGT considera que la nueva forma de calcular la factura eléctrica, en vigor desde el pasado 1 de junio, resulta insuficiente para poner freno a la escalada de precios, además de propiciar un incremento en el coste del teletrabajo o la educación a distancia, en tanto se trata de actividades que se desarrollan en la franja de horas con precios más altos.

El impacto de la crisis del COVID y el alza de los precios energéticos en lo que va de año están dibujando un contexto especialmente desfavorable para los hogares con ingresos más bajos.

Asegurar unos niveles salariales dignos

El sindicato considera imprescindible seguir reforzando el escudo social y las medidas de apoyo mientras sea necesario, pero quiere llamar la atención sobre la evolución de los salarios en la primera parte de 2021. Según los últimos datos del Índice de Coste Laboral Armonizado publicados por el INE, el coste salarial registra una subida de un 0,4% en el primer trimestre de año, aún teniendo en cuenta los efectos composición del dato, se anticipa una pérdida del poder adquisitivo, dada la tendencia alcista de los precios. Sigue siento prioritario que los salarios acordados en la negociación colectiva se ajusten al este escenario impidiendo que estas pérdidas se produzcan.

De igual forma, es necesario abordar la subida del SMI, a fin de situarlo en un 60% del salario medio a lo largo de legislatura, tal como se comprometió el actual Gobierno con los agentes sociales. Aparte de este compromiso, la medida tiene un importante impacto en la reducción de la desigualdad, en tanto se estima que la subida del SMI beneficiaría en torno a un millón y medio de trabajadores con niveles de renta reducidos. El incremento dinamizaría la actividad económica, impulsando el consumo y, por ende, el flujo de inversiones. 

En definitiva, si queremos que la salida a la crisis sea lo más rápida posible y responda a coordenadas de justicia social, debemos ahuyentar los cánticos austericidas del pasado y apostar por una política salarial fuerte y justa con quienes peor lo están pasando.

Audio valoración de Mariano Hoya, vicesecretario General de Política Sindical de UGT