​La promulgación definitiva de la regulación de los mercados de banda ancha llevada a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto con la publicación de la capacidad real de la red fija de cobre con motivo de la revisión periódica del Servicio Universal, revelan el tamaño y la crudeza de la exclusión digital que supondrá esta reforma normativa.

Así, tal y como reconoce la propia CNMC, casi medio millón de líneas de telefonía fija no permiten conexiones de banda ancha, lo que supone que un 2,5% de las líneas de la red de cobre jamás podrán conectarse a Internet, ni siquiera a una velocidad mínima de un 1 Mbps.

Si se extrapola esta cifra a una línea por hogar (y a un hogar de tamaño medio) 1,12 millones de españoles y españolas nunca podrán conectarse a Internet mediante una conexión de banda ancha, lo que les condena a ser excluidos digitales para siempre.

Además, la antigüedad de la exhausta red de cobre, limita sus prestaciones de forma considerable. En concreto, y de nuevo según los datos estadísticos trimestrales que publica la CNMC, un 6% de las conexiones de ADSL son incapaces de proporcionar una velocidad superior a los 10 Mbps.

En muchos de estos casos, la prestación real se acerca más a los 2 Mbps que a los 10, lo que relega a los afectados a disponer de una velocidad ínfima y, en muchas ocasiones, inoperante.

De nuevo, si se extrapolan los datos al número de personas por hogar, se estima que 2,14 millones de ciudadanos se encuentran sometidos a  una conexión deficitaria.

Ámbito geográfico

Entrando en el ámbito geográfico, las CCAA con peores accesos de cobre son Castilla y León, con un 6% de líneas inservibles para la prestación de banda ancha fija, seguida de cerca por Galicia (5,9%) y Aragón (con un 4,2%). En el otro extremo se encuentran Madrid (con sólo un 0,9%), la Comunidad Valenciana y Euskadi (1,5% cada una). No obstante, se detecta que seis CCAA han aumentado sus líneas ineficientes, con toda probabilidad como consecuencia del lógico y progresivo agotamiento de las redes de cobre.

Respecto a los municipios, sólo un 0,1% de las poblaciones españolas pueden presumir de tener un 100% de cobertura de banda ancha, mientras que hay seis CCAA sin ningún municipio con cobertura total de banda ancha fija (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia y Región de Murcia).

Resumiendo, mientras que una gran parte del territorio únicamente tendrá la opción de conectarse a la red de cobre, otra, la privilegiada, cifrada en un 35% de la población, dispondrá de acceso a varias redes de fibra, cable y cobre.

Si ampliamos el marco a la Unión Europea, España presenta unos datos vergonzosos. Así, nuestro país se sitúa en el puesto 26º de 32 países analizados en porcentaje de hogares con cobertura de banda ancha fija y en el 20º de 29 en porcentaje de líneas de banda ancha con velocidad mayor a 30 Mbps, siempre por debajo de la media europea.

Conclusiones

• En opinión de la Unión General de Trabajadores, la nueva regulación creará una España de dos velocidades, condenando a más de tres millones de españoles a una conexión a Internet lenta e inestable.
  
  
• Un millón de españoles jamás podrán conectarse a Internet debido a la falta de infraestructuras adecuadas.
  
  
• Un 6% de las actuales líneas de cobre no pueden ofrecer velocidades superiores a 10 Mbps, lo que deja a 2,14 millones de ciudadanos y ciudadanas sometidos a una conectividad obsoleta.
  
  
• La mayoría de estas líneas ineficientes se encuentran en zonas rurales o desfavorecidas, lo que redunda en la perpetuación de la Brecha Digital por cuestiones geográficas y económicas.
  
  
• Las principales economías mundiales ya están estableciendo planes para mejorar el Servicio Universal. En España, sin embargo, esta cuestión está fuera del debate político y legislativo.
  
  
• UGT advierte que si no se articulan mecanismos de protección y cohesión social que enmienden estas carencias, España se estancará en un retraso digital nefasto para nuestra economía.
  
  
• Desde el punto de vista de este sindicato, es prioritario articular un plan integral contra la Brecha Digital, empleando el Servicio Universal como herramienta de cohesión social y territorial.
  
  
• Mientras las economías punteras están valorando elevar este derecho hasta los 10, 25 o los 50 Mbps, la parálisis política que vive nuestro país está arrastrando esta problemática al olvido.
  
  
• UGT considera que es imprescindible y urgente introducir la Brecha Digital y el Servicio Universal de las Comunicaciones en el debate político, legislativo y regulatorio, con el fin de sacar a nuestro país del ostracismo digital en el que se encuentra inmerso y como respuesta a los millones de conciudadanos a los que se está relegando a la exclusión digital.