Entrevista a Mª Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, en 65yMás.com

"Salvo que ocurra un desastre, no hay ninguna variable que nos haga pensar que se vayan a recortar las pensiones", asegura de manera tajante Mari Carmen Barrera (@mcarmenbarrera), secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, en su entrevista con 65Ymás, celebrada dos semanas después de que compareciera ante la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

Para Barrera, que desde marzo de 2016 ocupa la Secretaría Confederal de Empleo, Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT, y anteriormente (2019-2020) fue presidenta del Consejo Económico y Social (CES) y vicepresidenta de dicha institución (2018-2019), "recortar pensiones es económicamente inviable, porque eso no sirve para sostener el sistema de pensiones con vistas a acabar con el déficit, y lo único que consigue es que la economía se contraiga y aumenten las tasas de pobreza", afirma citando uno de los informes emitidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en febrero de 2019, cuando dicho organismo estaba presidido por el actual ministro José Luis Escrivá.

A Mari Carmen Barrera, que es máster en Administración de Empresas (MBA), especialidad en Finanzas Corporativas Internacionales (Universidad Internacional de La Rioja, España), le consta que "muchas empresas obligan a prejubilarse a los mayores de 55 años y figuran como bajas voluntarias”, y denuncia que "el 50% de las pensiones están en el límite o por debajo del umbral de la pobreza”. Reclama asimismo que "habría que compensar a los jubilados damnificados por las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy”, entre otros factores, porque "las reformas legales del PP han creado una bolsa de pensionistas pobres” y desde que se aprobó la reforma laboral, "cada año se destruyen un millón de empleos indefinidos con buenas condiciones y buenos salarios”, siendo los "mayores de 55 años el colectivo más damnificado por la reforma laboral”.

PREGUNTA.- ¿Existe riesgo de congelación de pensiones, como en la pasada crisis, o incluso recortes?

RESPUESTA.- Nosotros en UGT tenemos una cierta tranquilidad y confianza en que el escenario de los recortes que vimos en la anterior crisis no se va a producir en los pensionistas. Por varios factores: porque en este país, la movilización social más grande de los últimos tiempos la han protagonizado los pensionistas en contra de los recortes; incluso, políticamente, el propio partido que hizo la reforma de 2013, el PP, que recortaba las pensiones, la abandonó, dejó de aplicar el índice de revalorización del 0,25% y aplazó el factor de sostenibilidad hasta 2023. Tanto social como políticamente, la reforma de 2013 está abandonada. Y además, recortar las pensiones es económicamente inviable y el actual ministro José Luis Escrivá lo sabe, porque él presidía la AIREF cuando este organismo expuso que eso no sirve para sostener el sistema de pensiones para acabar con el déficit, y lo único que consigue es que la economía se contraiga y aumenten las tasas de pobreza. Ese informe lo hizo la AIREF en febrero de 2019, y Escrivá presidía la AIREF en ese momento.

P.- ¿Cómo valora los anuncios tranquilizadores realizados por el ministro José Luis Escrivá?

R.- La idea de Escrivá a priori está en línea con lo que desde UGT defendemos: no se pueden volver a recortar las pensiones, y hay que acabar con el déficit de la Seguridad Social, que es un déficit impropio porque soporta gastos que no le corresponden. En este caso, el déficit se genera desde instancias del Estado con las subvenciones a las políticas activas de empleo, las reducciones, las bonificaciones, y Escrivá está totalmente de acuerdo con traspasar esos gastos impropios al Estado. Y lo volvió a decir hace días en el Pacto de Toledo, habló incluso de reducir el déficit en el plazo de un año, que es algo novedoso, porque en las mejores hipótesis que se podían plantear, hablaban de una reducción progresiva de entre 3 y 5 años.

P.- Descarta entonces un recorte de pensiones...

R.- Salvo que ocurra un desastre, no hay ninguna variable que nos haga pensar que se vayan a recortar las pensiones. Nosotros abanderamos las movilizaciones, y que no le quepa a nadie la menor duda de que a la menor sospecha, el colectivo de pensionistas volverá a la calle, y nosotros desde UGT estaremos al frente.

P.- ¿Cuál es su expectativa sobre el Pacto de Toledo, que podría aprobar su informe de recomendaciones en los próximos días?

R.- Yo creo que se está tratando de plantear un acuerdo que básicamente es el que se tenía casi ultimado en 2019. Para ir rápido, el ministro Escrivá está instando a los grupos políticos a que lleguen a un acuerdo en el Pacto de Toledo, que son recomendaciones, para que a posteriori nos podamos sentar en la Mesa de Diálogo Social y puedan llevarse reformas al Congreso y se conviertan en leyes. El último acuerdo es de 2011, casi una década, y ya necesitamos un acuerdo sólido, que envíe tranquilidad a la sociedad.

P.- ¿La pandemia del COVID 19 está poniendo en aprietos a la Seguridad Social?

R.- Los gastos que está teniendo el Estado por la pandemia no son gastos contributivos, no afectan al sistema de pensiones. Desde UGT pedimos que no se siga con la misma lógica que fue lo que pasó en la crisis anterior con el PP, y que por los gastos de los demás paga la Seguridad Social. Lo que decimos es que cada palo aguante su vela, cada ámbito del Estado que gaste, que lo soporte su presupuesto, pero que no saquen el dinero de la Seguridad Social, que después no hay para pensiones. Hay que explicarlo muy bien: los gastos que produce la pandemia del COVID 19 no son gastos contributivos, no hay un riesgo especial porque estemos con el COVID ahora mismo.

P.- Desde UGT insisten ustedes en que hay que derogar la reforma laboral…

R.- Por supuesto. Hay que actuar en paralelo en el mercado de trabajo, porque el hundimiento de las pensiones viene del hundimiento de las cotizaciones que se produjo con la reforma laboral del PP, de eso no hay duda alguna.

P.- Respecto a retrasar la jubilación, que propone el ministro, ¿cuál es su postura?

R.- Nosotros compartimos con el ministro Escrivá la preocupación por el hecho de que la edad de jubilación efectiva está muy lejos de la edad legal, ya que si la gente se jubila antes, se pierden cotizaciones. Pero nosotros pensamos que la inmensa mayoría de las jubilaciones anticipadas proceden de personas desempleadas; de hecho, el 70% de los parados que llevan más de un año buscando empleo tienen más de 55 años. Esas personas no vuelven a trabajar y lo que hacen es optar por la jubilación; son jubilaciones que aparecen como voluntarias, pero realmente son jubilaciones forzadas por la situación del mercado de trabajo y porque en España, desde la reforma laboral, se permite a las empresas que expulsen a los mayores de 50 años. Ese es el núcleo del problema: de las 650.000 personas jubiladas anticipadamente en España, 500.000 proceden del desempleo y sufren recortes de hasta un 40% de su pensión. Lo que dice el ministro de endurecer las penalizaciones por jubilación anticipada no se puede aplicar a este colectivo.

P.- ¿Que le parece la política de muchas grandes empresas que se desprenden de sus trabajadores de 53-55 años?

R.- Hay que impedir a las empresas que externalicen costes laborales, porque el coste de esos trabajadores sénior que ellas expulsan, después los pagamos todos: pagamos su prestación por desempleo, su jubilación anticipada, etc. La mejor forma de que la Seguridad Social ingrese un volumen elevado de cotizaciones es mantener a esas personas en su puesto de trabajo y que lleguen a la edad de jubilación trabajando, y no en el desempleo. Hay que atajar la sangría de personas mayores que las empresas expulsan del mercado laboral. Nosotros reclamamos que se atajen las falsas jubilaciones voluntarias anticipadas de trabajadores mayores de 55 años. Lo ideal sería establecer un contrato de relevo, y que la persona que se jubile dé entrada a un joven.

P.- ¿Le consta que las empresas obliguen a prejubilarse?

R.- Sí, por supuesto. Yo tengo amigos en las asociaciones de prejubilados que cuentan cómo sus empresas les conminaron a prejubilarse, bajo amenaza de endurecer sus condiciones laborales y salariales, incluso trasladándoles de provincia y rebajándoles el sueldo, si se quedaban en la compañía. En esa tesitura, las personas se acogen a las bajas “voluntarias”, pero ya no encuentran trabajo, y cuando agotan la prestación por desempleo, ¿qué pueden hacer? ¿Se mantienen con 430 euros de subsidio? Pues no, lo que hacen es que se jubilan, con un recorte de hasta el 40% de la pensión, y eso figura como jubilación voluntaria, siendo tremendamente injusto.

P.- ¿Existe entonces un alto porcentaje de falsas jubilaciones voluntarias?

R.- Desde UGT venimos denunciando estas falsas jubilaciones voluntarias anticipadas desde 2016, ya entonces decíamos que los mayores de 55 años son el colectivo más damnificado por la reforma laboral, porque desde que se aprobó la reforma laboral, cada año se destruyen un millón de empleos indefinidos con buenas condiciones y buenos salarios, que se han cambiado por empleos precarios.

P.- ¿Cree posible que se adelante la obligatoriedad de jubilarse a los 67 años, y que entre en vigor antes del año 2027, como está previsto?

R.- No creo que se abra ese debate. Por lo que yo conozco, el empeño del Gobierno consiste en acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, sea mediante incentivos al retraso voluntario, sea mediante más penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, fundamentalmente de las rentas altas, que por una inequidad de la ley actual, sufren menor recorte de pensión que las rentas medias-bajas.

P.- ¿Qué opina de la polémica en torno a si un retraso de la jubilación puede impactar en el empleo de los jóvenes?

R.- Soy defensora a ultranza del contrato de relevo, como propugna la ministra Yolanda Díaz, porque es el mejor instrumento para dar entrada a los jóvenes en las empresas y la mejor manera de transmitir la experiencia y conocimiento desde los empleados sénior a los junior. Pero no puede ser, porque en verdad no hay mayores trabajando porque las empresas hacen ERE, hacen de todo, para echarlos.

P.- Desde UGT reclaman que no se penalice la jubilación anticipada de quienes hayan cotizado 40 años.

R.- Nosotros estamos en contra de los recortes a las pensiones, y es más, pedimos que se compense a los colectivos de mayores y jubilados que fueron damnificados por las reformas legales del Gobierno de Mariano Rajoy. Por ejemplo, Rajoy elevó la edad para poder cobrar el subsidio de mayores (desde los 52 a los 55 años), introduciendo el requisito de rentas familiares y eliminando la sobrecotización del 125% a la Seguridad Social. Nosotros pedimos que se les compense, ya que es injusto que porque un Gobierno como el PP decidiera esas medidas, se haya creado una bolsa de pensionistas pobres. El Gobierno de Pedro Sánchez ha rectificado esa norma restrictiva en el subsidio para mayores, aunque el requisito de renta continúa vigente. 

P.- ¿Cuál es su postura sobre endurecer la jubilación anticipada?

R.- En UGT nos oponemos, porque el 81,5% de las jubilaciones anticipadas son de personas desempleadas y las condiciones ya son muy duras. ¿En serio que una persona que viene del desempleo se jubila voluntariamente? Una jubilación voluntaria es por ejemplo la de los policías, que se pueden acoger al coeficiente reductor por su profesión, pero esos casos son minoritarios.

P.- ¿Y sobre la intención de impulsar los planes de pensiones de empleo?

R.- Desde que el PP aprobó la reforma laboral de 2011, se cayó la negociación colectiva, y al pararse la negociación colectiva y quedar los sindicatos con mucha menor fuerza negociadora, juntamente con la crisis financiera, pues automáticamente se han parado esos planes de pensiones de empresa. Desde UGT queremos que se recuperen los planes de empresa, que son una herramienta muy eficaz de dar mejoras en salario diferido a los trabajadores y de reforzar sus derechos salariales a la hora de la jubilación. En UGT siempre decimos que la pensión es el salario en la jubilación, y en ese sentido, los planes de empleo son una manera de ir anticipando salario desde las empresas para cuando esos trabajadores lleguen al momento de la jubilación. La Administración General del Estado es la primera que debe dar ejemplo, ya que bajo el PP y con la anterior crisis, paralizó su plan de empleo, y sigue paralizado.

P.- ¿Cuánto deberían subir las pensiones mínimas o las de viudedad?

R.- El ministro Escrivá ha manifestado su voluntad de subirlas en varias ocasiones, pero después son las ministras de Hacienda y Economía las que deciden si subirán o no. Nosotros pedimos subidas sustanciales, porque el 50% de las pensiones en España están en el límite o por debajo del umbral de la pobreza, y eso hay que corregirlo.

P.- ¿Qué se puede o se debe hacer con los gastos no contributivos de la Seguridad Social?

R.- El déficit de la Seguridad Social equivale al total de gastos impropios que soporta anualmente la Seguridad Social, nada más y nada menos que 17.000 millones de euros; y esos gastos impropios tiene que pagarlos el Estado. El PP cogió la Seguridad Social del Gobierno de Zapatero con solo 67 millones de euros de déficit, y la ha entregado con el Fondo de Reserva agotado y con 18.000 millones de déficit. De la Seguridad Social se ha sacado dinero para subvencionar políticas de empleo, bonificaciones y deducciones a las empresas, para pagar gastos de la Seguridad Social… y eso es insostenible.

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