​Los datos del IPC de julio confirman que es el momento de repartir de forma urgente los frutos del crecimiento económico, mejorar las rentas salariales, las pensiones y las prestaciones sociales. UGT reitera que el Gobierno debe dar ejemplo y elevar el salario de los empleados públicos y apela a la responsabilidad de la patronal para que rectifique su posición para la negociación del próximo AENC para 2018. UGT seguirá defendiendo que los salarios crezcan por encima del IPC, cláusulas de garantía salarial  y salarios mínimos de convenio garantizados con la referencia de alcanzar 1.000 euros mensuales.

Los datos del IPC del mes de julio publicados hoy por el INE recogen una evolución mensual de -0,7% respecto al mes de junio, de modo que la variación anual se mantiene en el 1,5% que ya recogió el pasado mes.

Los datos de precios del mes de julio consolidan una senda de precios más acorde con la situación de crecimiento económico, con once meses de tasa de variación anual en positivo.

Nuestro país está creciendo a un ritmo superior al esperado, incluso el Gobierno ha revisado al alza su previsión de crecimiento para 2017 de 2,7% a 3% y se han recuperado los beneficios empresariales. Sin embargo, el crecimiento no se traslada al conjunto de la ciudadanía.

Cuando se cumplen diez años desde el estallido de la crisis financiera, las políticas de austeridad extrema aplicadas en España han dejado un país más pobre y desigual, con peores servicios públicos, con una precariedad laboral imparable y en aumento y con un reparto de la riqueza cada vez más injusto.

La reforma laboral “extremadamente agresiva”, tal como la calificaban sus promotores, con el consiguiente desequilibrio adicional en la correlación de fuerzas a favor del empresario introducido en la negociación colectiva, junto a los recortes en servicios públicos esenciales y a la externalización y privatización de servicios, y que provocó un enorme crecimiento del paro, la pérdida de derechos laborales y una intensísima devaluación salarial, tiene mucho que ver en ese aumento de la pobreza y desigualdad, que ha sido en nuestro país mucho mayor que en los países de nuestro entorno.

Y ahora, cuando ya llevamos tres años sin recesión y crece la economía, el empleo que se crea es de pésima calidad, con derechos laborales recortados, con duraciones temporales incompatibles con un crecimiento duradero, y los salarios de los nuevos empleos se sitúan en niveles de miseria, de modo que aumentan los trabajadores pobres, se reducen las bases de cotización y se pone en peligro la recuperación.

Ahora todas las instituciones, españolas e internacionales, reconocen la necesidad de aumentar los salarios, para garantizar la sostenibilidad del crecimiento. Se han unido recientemente el Banco Central Europeo, el Gobierno y hasta la CEOE. Incluso el Banco de España ha señalado que los aumentos salarios son muy moderados, mientras crecen los beneficios empresariales, que ya han recuperado los niveles anteriores a la crisis.

Pero no pasan de ser palabras. Acabamos de verlo en el caso de la patronal, negando el acuerdo salarial para 2017, con una banda bloqueada entre el 1,2% y el 2% de incremento salarial y sin cláusula de revisión, aun cuando la previsión de inflación se sitúa entre el 1,5% y el 1,9%.

También lo hemos visto con el Gobierno, limitando la subida salarial de los empleados públicos al 1%, es decir, imponiéndoles una nueva pérdida de poder adquisitivo, y actualizando las pensiones un 0,25% y el IPREM, referencia para prestaciones y para acceso a prestaciones y servicios, en un 1%.

Es el momento de actualizar las rentas salariales y las pensiones y prestaciones sociales; el crecimiento debe repartirse y ya es urgente.
Y en ello, el Gobierno debe actuar en coherencia con el planteamiento de subida salarial señalado por la Ministra de Trabajo:

• Los salarios deben acompañar a la recuperación del empleo, la mejora del empleo tiene que ir acompañada de una ganancia de poder adquisitivo. También para los empleados públicos. Y en coherencia, los salarios de los empleados públicos deben subir por encima de la inflación.

• Se debe establecer un escenario de evolución del salario mínimo que permita alcanzar al menos 1.000 euros al final de la legislatura.

• Las pensiones y prestaciones sociales requieren también una recuperación de poder adquisitivo.

En coherencia, la política fiscal debe acompañar a estos propósitos: es necesario abandonar de una vez por todas la política cortoplacista de bajar impuestos mientras se recortan derechos y prestaciones a los ciudadanos y se mantienen niveles elevados de deuda pública. Porque además nuestro país no tiene impuestos directos elevados y ya se han bajado los impuestos en años anteriores, mientras la deuda no paraba de aumentar y se dejaban sin atender gastos necesarios.

Con respecto a la patronal, UGT espera que también sea coherente con sus palabras en la negociación del nuevo AENC para 2018 y que se pueda alcanzar un acuerdo cuya parte salarial incluya:

• Una subida que suponga la recuperación de poder adquisitivo de los salarios, para lo que deben crecer por encima de los precios y con cláusula de garantía, que preserve la subida negociada de posibles desviaciones del IPC.

• Elevar el suelo salarial en convenio, estableciendo salarios mínimos de convenio garantizados con la referencia de alcanzar 1.000 euros mensuales.

En definitiva, para que la recuperación llegue a las familias, los salarios, las prestaciones y las pensiones tienen que crecer, no solo por justicia social, sino también por eficiencia económica, para favorecer el consumo y afianzar así el crecimiento económico y del empleo. Y para no continuar perdiendo poder adquisitivo, deben crecer por encima de la inflación.

Además, desde UGT queremos insistir en que hay que aprovechar la recuperación para acometer el necesario y reclamado cambio de modelo productivo, un modelo fundamentado en sectores más fuertes y estables, que generen más empleos y de mayor calidad. Debemos participar en el objetivo europeo de llegar en 2020 al 20% de peso de la industria sobre el PIB.