• ​El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado no dan respuesta a la realidad socioeconómica del país. Siguen apostando por un modelo económico desigual.

• Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas, no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas, pero no para atender las necesidades sociales más urgentes (ni para revalorizar pensiones con el IPC, ni para subir el IPREM, etc.)

• Profundizan en la desigualdad en términos fiscales. Aumenta en la recaudación el peso del IVA, que grava a las personas sin tener en cuenta el nivel de renta, mantiene el del impuesto de sociedades, que afecta a las empresas, y las deducciones por IRPF suponen determinadas ventajas fiscales, sin elementos redistributivos. 

• Para UGT, el objetivo de los PGE deben ser las personas, garantizar un buen sistema de protección social, servicios públicos de calidad, repartir la riqueza, y facilitar la creación de empleo de calidad y salarios dignos.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 no afronta la realidad de la actividad económica en España caracterizada por menos industria, menos empleo, y de peor calidad, y una estructura productiva debilitada por las políticas de austeridad de los últimos años, lo que impide el crecimiento sostenible en términos económicos y justo en términos sociales.

Incumple lo que debería ser su principal objetivo: atender a las personas y facilitar la creación de empleo digno y la recuperación de salarios, derechos y servicios públicos y consolidar el crecimiento económico y repartir la riqueza que se está generando.

Sin embargo, las cuentas del Estado registradas hoy en el Congreso siguen apostando por la desigualdad en materia fiscal, apoya la consecución del déficit en impuestos poco progresistas y eleva el peso de la recaudación del IVA hasta 3 puntos, mientras mantiene el de sociedades. Además, sustituye las políticas asistenciales de servicios por ventajas fiscales sin afán redistributivo.

Estimaciones presupuestarias electoralistas

Tan sólo en el proyecto presentado este 3 de abril en el Congreso, el Gobierno reconoce una pérdida recaudatoria en 2017 de 1.256 millones de euros por desviaciones presupuestarias en el Impuesto de Sociedades de 2017. Este dato hace cuestionar la presentación de las estimaciones presupuestarias como cifras récord, que UGT califican de electoralistas y sin solidez.

Desde el primer año de variación en positivo del PIB ejercicio 2014, hasta los datos recogidos en los Presupuestos 2018, la desviación recaudatoria en el impuesto de sociedades que grava al beneficio de las empresas asciende los hasta los 10.987 millones y con un error promedio del 14% sobre las estimaciones iniciales. Este importe es superior al préstamo para la Seguridad Social por déficit del sistema (10.192 millones) en 2017.

Estos datos refuerzan la idea que la política fiscal debe ser reorientada en eliminar las desviaciones en la recaudación que se repiten de forma sistemática en los últimos ejercicios y que configuran un coste de oportunidad para afrontar los problemas presentes y futuros de nuestra sociedad.

Recaudación desigual

El equilibrio presupuestario, debe perseguirse por el incremento de ingresos y en paralelo desarrollar políticas fiscales que frenen la evolución desigual que se produce en la recaudación de los distintos impuestos.

Para UGT es muy negativo que la consecución del déficit, descanse sobre ingresos de nula progresividad, como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y que agrava el desequilibrio en el reparto de rentas.  El proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 presentado por el Gobierno proyecta una recaudación de 71.575 millones 2018 en el Impuesto de valor añadido (IVA), un 30 % superior al Proyecto presentado en el Parlamento en 2014 (54.849 millones de euros).

Por lo tanto, en este periodo de crecimiento del PIB, el peso del impuesto sobre el valor añadido sobre el total de ingresos tributarios, ha aumentado en tres puntos y se sitúa 34% sobre el total de los ingresos tributarios en el último proyecto de presupuestos.   Este impuesto de escaso componente social y progresividad, impacta negativamente a los trabajadores y la ausencia de políticas fiscales no atenúan los efectos de un modelo productivo donde las rentas del trabajo no participan del crecimiento y evolución positiva de los principales indicadores. Por el contrario, el Impuesto de Sociedades se mantiene en 12 puntos sobre el total de los ingresos tributarios en el mismo periodo 2014-2018.

El sindicato considera que es necesario, por tanto, establecer elementos de justicia en este impuesto y un IVA reducido para los consumos y suministros relacionados con el hogar.

Menores ingresos IRPF

Ante este contexto, la negociación parlamentaria de los presupuestos no puede debilitar los ingresos y el futuro de las políticas de bienestar.  Camino contrario tomado por el Ejecutivo que acepta negociaciones sobre el impuesto de las personas físicas que aporta el 39% de los ingresos tributarios y que en los presupuestos 2018 se estiman en 82.056 millones de euros.

A falta de conocer más detalles se proyecta una reforma para elevar las exentas de tributación de 12.000 a 14.000 euros y mejorar el tratamiento de 14.000 a 18.000 euros y con un impacto de 2.000 millones de euros en la recaudación. La exención afectará también a esquema autonómico del impuesto pues reducirá la base imponible y el segundo punto si implica la modificación del rendimiento neto minorado, afectaría a las rentas determinadas en esa banda. Si por el contrario se reduce el tipo de gravamen afectaría a todas las rentas perdiendo el objetivo inicial y escondiendo una reducción de tributación para todas las rentas.

La entrada en vigor de deducciones fiscales que presenta el Ejecutivo sin considerar el nivel de renta, lo que supone una sustitución de políticas asistenciales de servicios por la aplicación de ventajas fiscales sin elemento redistributivo.

Estas medidas tendrán una segunda derivada negativa. El objetivo restrictivo marcado por Bruselas para la reducción de déficit y las presiones derivadas de un futuro desequilibrio por menores ingresos, implicará la reducción de las políticas de gasto de protección social, objetivo liberal coincidente de los dos partidos que han iniciado esta medida.

UGT considera prioritario políticas laborales y un modelo productivo que evite la existencia de rendimientos de trabajo inferiores, más allá de un mejor tratamiento fiscal y cambios normativos que persigan un modelo de economía basado en la calidad en el empleo y la construcción de un Estado de Bienestar a partir de sus efectos económicos.

El punto de partida es la distribución de la riqueza generada por la actividad empresarial y no iniciar la debilidad del Estado vía ingreso acometiendo muchas otras actuaciones que lograrían avances en la progresividad tributaria mayores y con efectos positivos adicionales especiales, planteando un aumento de los tipos marginales del IRPF para las rentas más elevadas y la reformulación como rentas del trabajo los rendimientos de capital.

Es urgente potenciar la industria

La política de Industria y Energía contará en 2018 con unos recursos de 5.768 millones de euros, con un incremento del 6,2 por ciento respecto del ejercicio precedente. A pesar del incremento, 3.710 millones de euros, corresponden a partidas destinadas a financiar parcialmente los costes del sistema eléctrico, lo que hace vaciar de contenido a las políticas presentados por el Ejecutivo.

Para UGT, es urgente potenciar la industria y las políticas de desarrollo e innovación. La mayor estabilidad económica y evolución positiva de indicadores económicos permitirían el desarrollo de una política real y profunda.  Un impulso del contrato de relevo, como ha propuesto UGT puede ser el modelo de contratación necesario para la adquisición de conocimientos la incorporación de los jóvenes en un mercado de trabajo de mayor calidad y cualificación.

Es necesaria más inversión pública

Los créditos totales asignados a la política de Infraestructuras, tanto para gastos corrientes como para gastos de capital, ascienden a 5.676 millones de euros, lo que supone un incremento del 4 por ciento respecto a 2017.

Sin embargo, la ejecución final y créditos finales se alejan de estas cifras. Sólo se ejecutó un 69 % de estos créditos en 2016 y el 51% en 2017 según datos provisionales de Ejecución Provisional Presupuestaria (noviembre de 2017).

Para la Unión General de Trabajadores, la prioridad debe ser el incremento de la inversión pública y la recuperación de niveles de inversión de antes de la crisis. En 2008, las inversiones dentro de presupuestos, alcanzaban los 14.040 millones de euros, un 4% del total del gasto consolidado. En el último proyecto de Presupuestos de 2018, el peso se reducía en 1,6 puntos. Es necesario orientar la inversión en carreteras hacia el mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes y la racionalización y revisión a fondo de los proyectos de infraestructuras de alta capacidad pendientes, especialmente los referidos a la Alta Velocidad. Rechazamos que ya el Presupuestario asuman el gasto por el rescate 2.000 millones de euros para las autopistas de peaje y no se atiendan otras necesidades sociales urgentes, como revalorizar las pensiones conforme al IPC o elevar el IPREM, que es referencia para determinadas prestaciones sociales, para la consecución de ayudas o para el subsidio de desempleo, entre otras, y que en este Proyecto de PGE, el Gobierno congela. 

Para UGT, es necesario hacer un diagnóstico acertado y señalamos la importancia de la participación social en los Presupuestos Generales uno de los instrumentos fundamentales que tiene el Estado para el desarrollo de las políticas de bienestar. 

Garantizar un buen sistema de protección social

Los PGE deberían garantizar la suficiencia y sostenibilidad financiera de las pensiones actuales y futuras, así como la garantía de su revalorización periódica conforme al índice de Precios al Consumo (IPC), muy por encima del 0,25 por ciento, que figura en el proyecto de Presupuestos.

La fuente de financiación que mejor puede garantizar un buen sistema de protección social pasa por la creación de más empleo y que éste sea de calidad. Y el establecimiento en todos los convenios de un salario mínimo garantizado de 1.000 euros al mes, y al Gobierno para exigir el aumento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar antes de 2020 la cuantía de 1.000 euros mensuales (actualmente es de 707,7 euros). Seguridad Social ingresa cada año, con un salario mínimo de 1000 euros al mes ingresaría 3.962 euros al año, es decir 1.158 euros al año más
Como elemento sustancial y complementario para el sostenimiento del sistema de pensiones, es necesario una previsión de financiación adicional estable, sostenida y suficiente mediante reforma fiscal, con criterios de progresividad y redistributivos, que se marque como objetivo alcanzar los niveles de ingresos y gastos de otros países miembros de la UE.

Es necesario un incremento progresivo del conjunto de la Administración Sanitaria, así como de sus prestaciones, cartera de servicios y cobertura, y un mayor porcentaje del PIB disminuye desde 2012.

La Unión General de Trabajadores, y una vez se han presentado al Congreso de los Diputados, presentará sus propuestas de enmienda a los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de logar unos PGE 2018 al servicio de los ciudadanos y de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país.