• ​Deben impulsar el gasto y la inversión para solucionar las necesidades de los ciudadanos

• Con tres años de recuperación, además de aumentar los salarios públicos, hay que apostar por recuperar las pensiones y asegurar la viabilidad del Sistema Público

• Resulta imprescindible reorientar los presupuestos hacia inversiones sociales clave y hacia una posición fiscal justa y expansiva

La Unión General de Trabajadores considera que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que se ha aprobado hoy por el Consejo de Ministros, es nuevamente una ocasión perdida para apostar claramente por la creación de empleo de calidad, eliminar los recortes en todas las pensiones y recuperar derechos.

Para UGT, estos presupuestos siguen teniendo poco en cuenta las necesidades de los ciudadanos al no impulsar lo suficiente el gasto y la inversión, con el fin de marcar la diferencia con las cuentas públicas de 2017 y atender de forma prioritaria los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, como el desempleo, la pobreza, o el incremento de las desigualdades.

Con tres años ya de recuperación, y con el objetivo de déficit marcado por Bruselas cumplido, el Gobierno no solo debe incrementar los salarios públicos y el SMI, sino también todas las pensiones con el IPC, pues es un derecho de todos los pensionistas avalado por el ordenamiento jurídico, acabando por fin con el sacrificio al que se ha sometido a este colectivo y solucionando, con verdaderas iniciativas, el déficit astronómico que soporta la Seguridad Social. La pérdida de calidad de vida de los pensionistas no puede seguir siendo la herramienta para el ajuste fiscal del Gobierno o el cumplimiento de sus compromisos de estabilidad con Bruselas. En este sentido, las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno tan solo suponen un parche que beneficiará a una parte mínima de este colectivo, no al conjunto de pensionistas y, además, la reforma de 2013 sigue vigente y volverá a actuar el próximo ejercicio recortando todas las pensiones, lo cual absorberá la subida parcial de este ejercicio.

Para UGT, resultaría necesario reorientar los presupuestos hacia inversiones sociales clave y hacia una posición fiscal expansiva, apostando por el crecimiento inclusivo, el reparto de los beneficios generados por el crecimiento económico y la lucha contra las desigualdades y la precariedad.

Una política fiscal justa y expansiva

Por ello, el sindicato reclama la necesidad de incrementar el gasto en políticas sociales y actuar sobre los ingresos estableciendo un marco recaudatorio justo, que grave en mayor medida los beneficios empresariales generados por este ciclo económico, y elimine las deducciones que no persigan objetivos prioritarios, así como reforzar los recursos dirigidos a la lucha contra el fraude. Una política fiscal impulsada desde el consenso social y político que permita a España crecer de forma estable y sostenible en el tiempo, para lo que es necesaria una reforma fiscal integral, que actúe sobre todas las figuras tributarias y tenga como eje central el nivel de renta de la población contribuyente.

La planificación económica no puede descansar sobre un crecimiento basado en bajos costes laborales y bonificaciones empresariales. Por eso UGT propone el desarrollo de políticas que persigan un modelo económico equilibrado y sostenible, con mayor innovación y mediante el fortalecimiento del mercado laboral.

En este sentido, es fundamental un cambio de modelo productivo apoyado en una política industrial generadora de empleo de calidad. Tenemos problemas estructurales que necesitan atención específica, como la situación laboral de los colectivos de mayor edad, la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo sin brechas, o la ejecución de medidas que supongan un compromiso real con la conciliación y la igualdad. 

Asegurar la viabilidad del Sistema Público de Pensiones

UGT considera imprescindible que los PGE incluyan medidas que corrijan el déficit de la Seguridad Social que se ha disparado desde 2012, sin que hasta el momento se haya corregido esta tendencia o acordado alguna solución, articulando las medidas necesarias para liberar al Sistema Público de gastos que no le corresponden, de las políticas de incentivos con las que se recortan sus ingresos, y habilitando las dotaciones presupuestarias que garanticen su sostenibilidad.

El sindicato recuerda sus propuestas para atajar el déficit de la Seguridad Social en el corto plazo: acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la Seguridad Social; financiar los gastos de la Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministerios) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización, porque es injusto que anualmente el sistema de bases de cotización y pensión máxima establecidos favorezcan nuevamente a las empresas que cotizan muy poco por ese 9% de altos asalariados de este país, dejándose de ingresar cada año hasta 9.300M€ que no se cotizan a la Seguridad Social. Tres medidas que ahorrarían 15.500 millones de euros a la Seguridad Social y podrían acabar con su déficit, que el Gobierno del PP ha ido aumentando durante estos años con sus políticas. Medidas que el sindicato ha pedido que se debatieran, cuanto antes, en el seno del Pacto de Toledo.

Más allá de estas medidas, sería necesario para restablecer el equilibrio financiero del sistema, y siempre en el marco del Pacto de Toledo, la revisión inmediata de las fuentes de financiación.  UGT considera que es necesario que el sistema de pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitiera además alimentar el Fondo de Reserva.

En el mismo sentido, UGT considera esencial reflotar el sistema de protección por desempleo y mejorar sus niveles de cobertura, pues el recorte en las prestaciones y la cobertura de la protección por desempleo, junto a la reforma laboral, son los responsables del hundimiento de las cotizaciones e ingresos de la Seguridad Social, y recuerda que la mitad de los trabajadores desempleados no tienen ningún tipo de prestación.