El Impuesto a las Transacciones Financieras y la Tasa Tecnológica aprobados hoy en Consejo de Ministros son dos impuestos justos y necesarios para garantizar el Estado de Bienestar.

El sindicato alerta de que la presión fiscal en nuestro país es baja puesto que se recaudan unos 75.000 millones menos que la media de la UE (6,3 puntos del PIB)

Por eso, UGT demanda llevar a cabo una reforma fiscal integral, más justa y equitativa.

UGT valora positivamente la aprobación de los impuestos sobre transacciones financieras (“Tasa Tobin”) y sobre determinados servicios digitales (“Tasa Google”), puesto que son figuras necesarias, que vienen a complementar la estructura del sistema tributario gravando actividades que han cobrado relevancia en los últimos años, que obtienen elevados beneficios, y que en la actualidad apenas contribuyen al sostenimiento de los ingresos públicos por la utilización de complejas ingenierías fiscales para eludir el pago de impuestos allí donde operan.

Con meses de retraso por la convocatoria de las pasadas elecciones -que supuso la disolución del Parlamento- ambas tasas han sido aprobadas hoy por el Consejo de Ministros. Sin embargo, la que opera sobre los servicios digitales deja su recaudación en diferido hasta final de año (al igual que han hecho en Francia) por las amenazas de EEUU de tomar represalias comerciales contra los países que la implantaran (las principales multinacionales afectadas son propiedad de capital estadounidense, las conocidas como GAFA: Google, Amazon, Facebook y Apple), y en espera de que la OCDE tenga lista para entonces su propuesta de gravamen global.

Las recurrentes noticias que ponen de manifiesto la casi inexistente aportación a las arcas públicas de estos gigantes corporativos junto a los enormes beneficios que obtienen son un atentado a la conciencia fiscal colectiva de los países desarrollados, y suponen una quiebra intolerable de la solidaridad y justicia tributaria que deben garantizar los estados avanzados. De manera paralela, la actividad financiera más especulativa, cuya influencia sobre el conjunto de las economías es enorme, puede y debe contribuir en mayor medida al bienestar colectivo vía impuestos. Por eso, UGT apoya la introducción de ambas figuras tributarias.

El impuesto sobre transacciones financieras consiste en gravar con un 0,2% la compra de acciones emitidas de empresas españolas cotizadas con capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, y deja fuera a los productos derivados (futuros, opciones, warrants, etc.), con lo que se configura de la manera más restrictiva de las posibles (y con menor impacto recaudatorio). Por su parte, el impuesto sobre operaciones digitales, a semejanza de la iniciativa propuesta por la Comisión Europea ya en 2018, implica un gravamen del 3% a las empresas digitales que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y más de 3 millones en España. La recaudación por ambos impuestos, tasas Google y Tobin, finalmente se situará en 1.818 millones.

En todo caso, lo que es evidente es que la implantación de estas figuras no resuelve en absoluto los problemas de recaudación insuficiente que tiene nuestro sector público. España ingresa 6,3 puntos de PIB menos que la media de la eurozona, lo que supone un déficit anual de unos 75.000 millones de euros, imprescindibles para construir un estado de bienestar avanzado. Por ello, es evidente que los dos nuevos impuestos tienen un papel menor en esta tarea que supone fortalecer el edificio tributario de nuestro país. Y, aunque se trata de figuras que mejoran la progresividad del sistema (que paguen proporcionalmente más los que más tienen), también su incidencia en este ámbito es reducida.

Luchar contra el fraude y avanzar hacia un modelo fiscal más justo

España necesita de una reforma tributaria de mayor calado, que fortalezca la capacidad recaudatoria de todo el sistema, y en especial de las figuras de carácter directo, que recaen sobre las rentas obtenidas y las propiedades de los contribuyentes, porque son las que permiten mejoran la justicia de las contribuciones. Por ello, desde UGT apostamos por acometer una reforma fiscal integral, que afecte al conjunto de figuras impositivas existentes, con el objetivo de garantizar una mayor suficiencia de los ingresos y un reparto más justo del esfuerzo. Hay margen suficiente para elevar la progresividad fiscal y recaudar más, mejorando además de manera simultánea la eficiencia económica.

En primer lugar, es preciso situar la lucha contra el fraude fiscal en el centro de la actuación política, para lo cual es preciso, entre otras medidas, dotar a las administraciones tributarias de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios, promover una organización más eficaz de las mismas (en especial, aprobar el Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria) y agravar el régimen sancionador.

Además, es necesario abordar un importante conjunto de reformas en los principales impuestos, que recoja, entre otras cuestiones:

• En el IRPF, hacer que las rentas del capital paguen lo mismo que las del trabajo, acercar la tributación de las rentas de profesionales y autónomos a la realidad de sus ingresos y eliminar algunas deducciones que tienen impacto regresivo.
   
• Establecer una imposición real sobre la riqueza, con carácter general, que integre todo el patrimonio de los contribuyentes.
   
• En el Impuesto de Sociedades, garantizar un tipo efectivo mínimo y limitar al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones, especialmente las que afectan a las grandes empresas multinacionales.
   
• Revisar la tributación de las SICAV, SOCIMI y ETVE.
   
• Diseñar una fiscalidad ambiental más ambiciosa, que nos equipare a Europa.
   
• Crear un nuevo impuesto para las viviendas vacías de las Entidades Financieras.
   
• Introducir criterios de homogeneidad en los impuestos de sucesiones y donaciones en todo el territorio nacional.

Para todo ello, el Gobierno debe abrir el diálogo social también a las cuestiones relativas a la política tributaria. UGT, como organización más representativa de millones de trabajadores y trabajadoras, que son quienes sostienen mayoritariamente el sistema impositivo en nuestro país, quiere participar activamente en la configuración de los cambios fiscales que se van a implementar, para poder trasladar nuestros planteamientos en esta materia, que venimos defendiendo desde hace años.

Es el momento de plantear las reformas de calado necesarias para dotarnos, de manera estable, de un entramado tributario potente, justo y eficaz, que sitúe el nivel de recursos públicos a la altura, al menos, de la media de la zona euro, para impulsar un crecimiento económico más sostenible y un estado de bienestar sólido y extenso.