​UGT ha solicitado a la Dirección General de Migraciones que adopte las medidas oportunas para solucionar los casos de los familiares no comunitarios de españoles retornados, que tras las últimas modificaciones legislativas, se están quedando en situación administrativa irregular y, por tanto también sin asistencia sanitaria y para que se informe, adecuadamente, en consulados y embajadas a los españoles que quieran retornar y a sus familiares de las nuevas exigencias. Ahora se les exige que tengan un seguro privado que cubra lo mismo que la asistencia sanitaria del Sistema Nacional y Salud y acreditar que la familia tiene unos recursos económicos superiores a 8.513,26 euros anuales.

El Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, incluía además de los aspectos más conocidos (el pago por los medicamentos, la eliminación del derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares) una modificación de la norma que regula la entrada y residencia en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de sus familias. Una de las consecuencias de esta modificación es que se están quedando en situación administrativa irregular, y por supuesto sin asistencia sanitaria, familiares no comunitarios de españoles retornados a España.

El Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones modificó el Real Decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el espacio económico Europeo, variando los requisitos para que puedan residir en España tanto los ciudadanos comunitarios como los familiares de estos ciudadanos (incluidos los familiares de españoles) que sean nacionales de un país de la Unión Europea o de un país tercero, de tal modo que ahora han de acreditar que son trabajadores por cuenta propia o ajena en España o que, en su caso, tienen medios económicos y un seguro de enfermedad público o privado. Posteriormente la Orden 1490/2012 de nueve de julio, dictó normas para aplicar las anteriores modificaciones.

La nueva regulación que entró en vigor el día 11 de julio de 2012, se aplica a todas las solicitudes de tarjeta de familiar de comunitario presentadas a partir del 24 de abril en adelante. Es decir que hay familiares no comunitarios de españoles retornados, que presentaron y obtuvieron su visado para venir a España y a la hora de solicitar la tarjeta de familiar de residente comunitario, se encuentran con que les exigen los requisitos señalados: que tengan un seguro privado que cubra lo mismo que la asistencia sanitaria del sistema nacional de salud y acreditar que la familia tienen recursos económicos (en el caso de que se tratase solo del emigrante español retornado y un miembro de su familia) superiores a 8.513´26 euros anuales.

Teniendo en cuenta que muchos españoles retornados, viven con pensiones o prestaciones mínimas (un español/a que perciba el subsidio de desempleo para emigrantes retornados (o el de mayores de 55 años), 426 euros al mes, no puede acreditar los recursos económicos exigidos para que su cónyuge y/o pareja de hecho o descendiente pueda solicitar la tarjeta de familiar de residente comunitario e inscribirse en el registro), ni están en condiciones de contratar un seguro privado de sanidad. Y sus familiares no comunitarios corren el riesgo de quedarse en situación administrativa irregular.

UGT ha puesto esta situación en conocimiento de la Dirección General de Migraciones de la Secretaria General de Inmigración y Emigración a fin de que se adopten las medidas necesarias para dar solución a los casos que puedan producirse de personas que han presentado sus solicitudes tras el 24 de abril y no cumplan los requisitos que entraron en vigor el día 11 y para que se informe adecuadamente en Consulados y Embajadas a los españoles que quieran retornar y a sus familiares de las nuevas exigencias de la normativa.

Es cierto que el Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire de Naciones Unidas, también mencionado por el Ministro, establece que los Estados reforzaran los controles fronterizos necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes, pero sobre todo subraya que se han adoptar medidas para proteger los derechos de las personas que hayan sido objeto del tráfico y, en particular, su derecho a la vida.

UGT entiende que las personas que intentan entrar en territorio español, sean o no víctimas de tráfico o trata de seres humanos, tienen un derecho básico, establecido por las normas internacionales, el derecho a la vida y a la integridad física, que nunca ha de colocarse por detrás de la defensa de las fronteras. El delicado y, a veces difícil de resolver, equilibrio entre el control de fronteras y la existencia de un gran número de personas que intentan cruzarlas, ha de alcanzarse partiendo de que lo primero es el respeto a los derechos humanos básicos.

El sindicato reclama al Gobierno español:

Que explique su política y actuaciones en materia de control de fronteras

Que no anteponga el control fronterizo a las vidas humanas. Las muertes no son menos lamentables porque se califique a estas personas como “subsaharianos” o “inmigrantes irregulares” o “violentos”.

Que se cree en el Congreso de Diputados una subcomisión específica, para el estudio de la situación actual en el control de las fronteras más sensibles, y cuya finalidad sea proponer medidas, tanto al Gobierno español, como especialmente a la Unión Europea.

Que la Unión Europea asuma de una vez su responsabilidad en esta materia, responsabilidad obviada hasta ahora porque solo unos cuantos países constituimos la frontera del territorio Schengen. Es preciso un debate serio en el seno de la Unión, que hasta ahora ha optado por abordar esta cuestión con más dinero para la vigilancia y detección de inmigrantes que tratan de llegar a territorio de la Unión, pero nada ha hecho para tratar de resolver las causas de esta migración forzada, ni para asegurar que no se pierda ni una vida más.