​UGT critica el texto refundido de la ley de Empleo del Gobierno porque se enmarca en el espíritu de la reforma laboral impuesta por el Gobierno. Una normativa que ha supuesto la mayor desregulación de  derechos laborales y sociales desde la entrada en vigor de nuestra Constitución. Considera que las políticas de empleo del Gobierno son ineficaces, injustas y favorecen al sector privado. El sindicato propone modificar y reforzar las políticas activas (que se han recortado casi un 50% desde 2010) utilizando la mitad de lo que se recaude anualmente de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Asimismo, considera que es necesario aumentar el grado de protección de los desempleados, tanto en su nivel contributivo como asistencial y mejorar la cobertura, pues actualmente casi la mitad de ellos está desprotegido, como consecuencia de los recortes. UGT recuerda que los sindicatos han presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular en demanda de una prestación de ingresos mínimos.

UGT remitió, el pasado 6 de agosto, al Secretario de Estado de Empleo sus observaciones al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. En este documento hace una radiografía de las políticas de empleo puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular. Unas políticas que han girado en torno a tres ejes: la reforma laboral (que ha desbaratado el modelo de relaciones laborales, en beneficio del empresario, ha empeorado las condiciones laborales y salariales y ha devastado nuestro mercado de trabajo haciéndolo cada vez más precario y volátil), el endurecimiento en el acceso, cuantía y periodo de las prestaciones por desempleo y un recorte de los recursos destinados a las políticas activas y a los Servicios Públicos de Empleo (el presupuesto de gasto destinado al fomento de la inserción y estabilidad laboral ha caído un 40% entre 2010 y 2015, a pesar de que el desempleo aumento en este periodo un 2,8%)

Políticas activas

Aunque en 2015 se incrementa el gasto en políticas activas (el presupuesto crece algo más del 16%) este gasto se reparte de manera desigual. Así el mayor gasto no está orientado a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas (a través de los servicios públicos) sino a subvencionar al sector privado (Agencias Privadas de Colocación y empresas a través de las bonificaciones)

Además España se coloca entre los países que menos gasta por desempleado en políticas activas (818 euros en PPA), un 35% menos que lo que se destinaba en 2009 (hay una diferencia de casi 6.000 euros con Dinamarca el país que muestra el valor máximo).

Prestaciones por desempleo

No menos preocupante es el gasto en esta partida, entre 2010 y 2015 se ha reducido casi un 15%, a pesar del incremento registrado en términos de desempleo.

El Gobierno  justifica el recorte en2015 en función de que habrá menos personas desempleadas, pero esconde que esto se produce porque ha caído el número de beneficiarios de prestaciones, como consecuencia de que cada vez hay más parados de larga duración, se han endurecido las condiciones de acceso  a las prestaciones y han descendido las cuantía recibidas. El resultado todos estos recortes es un descenso en la tasa de cobertura por desempleo (actualmente se encuentra por debajo del 55%, es decir -5,3 puntos porcentuales menos que hace un año).

UGT considera que es necesario otro tipo de políticas activas basadas en la orientación, la formación y la inserción desde el ámbito público (en lugar de subvencionar al sector privado). Unas políticas más eficaces para mejorar el empleo, dando respuesta en especial al paro de larga duración, y con más recursos. El sindicato propone para ello, destinar  la mitad de los fondos que se obtengan anualmente contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Asimismo, es preciso reforzar las prestaciones por desempleo: aumentando su grado de protección tanto en su nivel contributivo como asistencial, para mejorar la cobertura porque la mitad de los parados no recibe ningún tipo de prestación. 

UGT recuerda que aunque se mantienen programas para colectivos específicos éstos por sí solo no bastan. Así, el Plan de Garantía Juvenil se encuentra prácticamente paralizado, se ha producido un endurecimiento en el acceso al Plan PREPARA y el nuevo Plan de Activación para el Empleo,  aunque aún es pronto para evaluarlo, presenta unos resultados iniciales que no están siendo los esperados.  Todo ello, ha conducido a los sindicatos a presentar en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular en demanda de una prestación de ingresos mínimos.

Sobre la nueva regulación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo

El empleo ha sido y es la principal víctima de las políticas del Gobierno, no solo por el incremento notable del número de desempleados, sino por la degradación de las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de trabajadores ocupados (subempleo, precariedad, devaluación salarial, desigualdad, exclusión y pobreza son términos cada vez más asentados en nuestro mercado de trabajo).

Así, la nueva regulación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo sigue ignorando los malos resultados de nuestro mercado laboral, derivados de las políticas de recortes y contrarreformas y carece de políticas de estímulo al crecimiento y cambio de modelo productivo.  Tampoco contiene políticas específicas para parados de larga duración, jóvenes, inmigrantes y mujeres y reitera el papel relevante de las Agencias Privadas de colocación, en detrimento de los Servicios Públicos de Empleo.

Planes anuales de política de empleo (PAPE) y Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo

UGT recuerda que el Gobierno incide en una mala práctica al no facilitar la participación de los interlocutores sociales, en concreto de los sindicatos, en la elaboración del Plan Anual de Política de Empleo 2015, un plan que es una mera recopilación de los servicios y programas a desarrollar por las CCAA y el Servicio de Empleo Público Estatal, pero que carece de una programación, evaluación y financiación adecuadas. Así se acuerdan contenidos sin partir de un análisis previo de los servicios y programas ya ejecutados que permitan corregir y mejorar lo que no funciona, para alcanzar la eficacia que requiere nuestro mercado laboral.

La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, incluida por primera vez, en el PAPE 2015, define qué servicios se incluyen en la Cartera Común, pero obvia cuestiones esenciales como: "¿Quién prestará estos servidos?, ¿Cómo? ¿A quién? ¿Con qué recursos?, Cómo se evaluarán?

Hay que recordar que la cartera de servicios debe ser un servicio público y gratuito y que sigue sin mencionarse, en ningún momento, el papel que puedan tener las nuevas agencias de colocación privadas en la prestación de los servicios de la Cartera.  UGT afirma que es imprescindible asegurar mediante una regulación adecuada la participación de los agentes sociales tanto en el diseño como en la comisión de seguimiento de la cartera de servicios, para lo que hay que modificar el artículo 27 del presente borrador.

Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral

El artículo 40 del proyecto de Real Decreto Ley por el que se aprueba el texto refundido de la ley de empleo enlaza directamente con la modificación operada por el RD 4/2015 de 22 de marzo. En este sentido,  UGT recuerda que los sindicatos han solicitado la necesidad de dotar a la formación para el empleo de mayores cotas de transparencia, calidad y controles, sin bien no entienden la extraordinaria y urgente necesidad por la que el Consejo de Ministros aprobó este Real Decreto Ley, sin el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales tras 26 años de acuerdos en esta materia. 

UGT considera que este Real Decreto Ley debe ser modificado para devolver el protagonismo a las organizaciones empresariales y sindicales, que son las que conocen la situación de los sectores y, por tanto, de las necesidades formativas del sistema productivo, los problemas de competitividad de las empresas y la necesidad de adquisición o actualización de competencias profesionales de los trabajadores y trabajadoras.