El sindicato critica que no son fruto del diálogo social, aunque recoge parte sus reivindicaciones 

UGT considera que las medidas aprobadas hoy en Consejo de Ministros para ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV) van en la dirección de las reivindicaciones de UGT, pero se siguen quedando cortas y llegan muy tarde para cientos de miles de las personas afectadas.

El sindicato, que considera que el Ministerio de Seguridad Social, pese a la insistencia de las organizaciones sindicales, sigue actuando con opacidad con respecto a esta prestación, recuerda que el compromiso inicial del Gobierno es que esta prestación alcanzará a 850.000 personas, pero en diciembre de 2020 apenas 400.000 lo habían percibido.

UGT  destaca que el Gobierno aseguró que atendería su demanda de realizar los cambios necesarios para agilizar los procedimientos y tramitar cuanto antes los expedientes, en el objetivo de dar una respuesta a las personas que están padeciendo mayores necesidades con esta crisis, pero todavía es preciso desarrollar los reglamentos necesarios para poner en marcha los mecanismos de inserción social y laboral de las personas beneficiarias de esta prestación. Por eso exigimos la apertura de una mesa de Diálogo Social para que las reformas sean fruto del diálogo, incluidos los reglamentos, de obligada negociación.

Por un diálogo social permanente

En este sentido, exige agilizar y reforzar la gestión para que en este primer trimestre del año queden todas las solicitudes resueltas.  

UGT ha recopilado una serie de casos donde la cuantía de la renta supone cantidades muy inferiores a las necesidades definidas para estas unidades familiares. En todas ellas, el denominador común es el haber tenido ingresos por Rentas Activas Especiales (RAE) en el año anterior. Hay que revisar necesariamente estos procedimientos, pues es evidente que el diseño no se adapta a la finalidad, u garantizar un ingreso mínimo que permita la subsistencia, a las personas beneficiarias, algo que no se está cumpliendo en todos los casos.

El sindicato reitera que es preciso garantizar el carácter eminentemente público de las prestaciones de Seguridad Social, pero el Ministerio, con la medida aprobada hoy abre la posibilidad a que organizaciones no gubernamentales certifiquen situaciones de vulnerabilidad, cuando es una responsabilidad de las administraciones públicas, porque tienen que ser garantes de la equidad en el acceso a las prestaciones y otorgar garantía en la evaluación de las situaciones de vulnerabilidad.

El sindicato vuelve a reiterar la necesidad de un diálogo permanente de los actores implicados en la consecución de los objetivos del IMV, pues las realidades y soluciones son muy complejas y hace falta un trabajo coordinado.