​Si de verdad se cree en la recuperación es la hora de subir los salarios y las pensiones con el fin de aumentar el consumo y la demanda interna. Para UGT, no es posible afirmar que España haya salido de la crisis con casi 5,5 millones de parados, con 3,3 millones de desempleados de larga duración, con un paro juvenil de más del 50% y con el empleo que se crea manifiestamente temporal y precario.  Además, los salarios reales no dejan de perder poder de compra (7,1 puntos menos que en 2010) y el SMI y las pensiones también acumulan una pérdida de poder adquisitivo. En este marco, el presidente del Gobierno anuncia nuevas medidas que son manifiestamente ineficaces para generar empleo y vuelve a dejar a los ciudadanos de nuestro país en la cuneta. Para UGT, no es la hora de discursos electoralistas que sigan profundizando en una mayor desigualdad social y en el aumento de los niveles de pobreza. Toca poner fin a las políticas de bonificaciones, de rebajas fiscales y de recorte social. Toca derogar una reforma laboral injusta, inútil y regresiva y apostar por el empleo de calidad y con derechos, por la inversión productiva y el fortalecimiento de los servicios públicos fundamentales si se quiere poner fin de manera definitiva a esta crisis.

Para UGT, el presidente del Gobierno, en su discurso en el Debate sobre el estado de la nación, ha descrito una realidad paralela a la que viven los ciudadanos y trabajadores de nuestro país.

Con cinco millones y medio de parados, precariedad laboral, bajos salarios, y desprotección de las personas desempleadas, su lectura de la realidad social y económica de nuestro país resulta más que voluntarista. Porque la situación de nuestro país hoy se caracteriza porque el cumplimiento del Pacto de Estabilidad ha supuesto un sobreesfuerzo económico y social en términos de recortes de gasto público en España, de manera que la incapacidad de generar ingresos a través de la mejora de actividad económica, hasta la llegada de la recuperación, ha provocado una disminución de la recaudación vía impuestos y aportaciones a la Seguridad Social. Por otro lado, algunos gastos con alto peso en el presupuesto no han podido ser recortados: principalmente las prestaciones por desempleo, y el creciente volumen de intereses procedentes de la deuda pública. Como consecuencia, en países como España el descenso del déficit público es muy lento y, en cambio, la proporción de deuda pública sigue en ascenso.

Pero a pesar de los relativamente mejores resultados de 2014 en términos de actividad económica, no es posible afirmar que España haya salido de la crisis en un país donde hay casi cinco millones y medio de parados, que elevan la tasa de desempleo hasta casi el 24% de la población activa, en un país donde persiste y se profundiza el problema del paro entre las personas mayores de 55 años, cuya tasa de desempleo se ha multiplicado casi por tres desde 2008. De hecho, el paro de larga duración se ha ido extendiendo con el avance de la crisis hasta superar los 3,3 millones en 2014.

Además, parte de la mejora mostrada por las tasas de paro se debe al descenso de la población activa que ha ocurrido en 2014. El efecto desánimo, tras años de crisis, sumado a la consolidación de un nuevo proceso de emigración, se han dejado notar en el volumen de activos disponibles en España, de modo que la tasa de actividad total se ha mantenido constante durante 2014, por debajo del 60%.

Al elevado número de desempleados y el paro de larga duración se sucede el fenómeno de la precariedad en el propio desempleo. Las cifras muestran que la cobertura cada vez es menor. En 2008, el 73,6% de los desempleados registrados tenía una prestación por desempleo. Los últimos porcentajes ofrecidos, señalan más de 10 puntos de diferencia. La cobertura ha descendido al por debajo del 60%, lo que implica un continuado deterioro de la misma. El endurecimiento de las condiciones de acceso ha provocado que el número de beneficiarios de prestaciones vaya descendiendo año a año.

Junto al desempleo, la temporalidad persiste como uno de los principales problemas del mercado laboral español: la temporalidad laboral constituye uno de los elementos estructurales del mercado de trabajo español, aumentando hasta el 24,2%. Y a la tradicional temporalidad se ha unido la contratación a tiempo parcial de carácter involuntario. La parcialidad involuntaria se mantiene en el 62,7%, con casi 1,8 millones de ocupados a tiempo parcial “atrapados” en esta situación.

Asimismo, la desigual calidad en el empleo se ha constatado durante la crisis económica en varias formas de subempleo, ya sea por insuficiencia de horas (y por tanto, de ingresos en el hogar) como por una excesiva cualificación para los puestos de trabajo desarrollados, o por la existencia de “falsos trabajadores autónomos”. El peso de este grupo de autoempleados en el total de ocupados por cuenta propia ha pasado de un 60% aproximado en 2008 y un 62% en 2011 a valores alrededor del 67% en 2013 y 2014.

El elevado nivel de desempleo y la precariedad en el empleo están provocando, por un lado, una reducción de la renta y de la capacidad adquisitiva y, por otro, importantes desequilibrios en la distribución de la renta. Como consecuencia, se observan desigualdades económicas y sociales, una extensión de las condiciones de pobreza y un deterioro de la calidad de vida en el país.

Los datos son incontestables. Desde 2010 el salario medio por trabajador ha perdido 7,1 puntos de poder de compra. El salario mínimo interprofesional también ha caído en términos reales en esa etapa: desde 2010 acumula una pérdida de poder adquisitivo de 5,1 puntos. Los empleados públicos también  han sufrido una fuerte pérdida de poder de compra debido a las decisiones de los gobiernos (subidas nulas, eliminación de pagas extras, retirada de complementos) que en los últimos cinco años supone entre un 17 y un 24%. 

Según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, España se encuentra por debajo de la media de renta por habitante de todo el conjunto de la Unión Europea de los 28 países (95 puntos sobre 100 de la UE28). Ha ido perdiendo posiciones a lo largo de la crisis y en 2013 se distanciaba 8 puntos del valor logrado en 2008 y 13 puntos de la renta de la Zona Euro. 

Y en cuanto a las pensiones, la revalorización para el año 2015 de un 0,25% no supone una verdadera ganancia de poder adquisitivo, porque si tenemos en cuenta la variación del IPC en su media anual, la ganancia de poder adquisitivo sería del 0,05 % y no el 0,65 % que refiere el Gobierno, porque el efecto del copago sanitario durante el año 2014 elimina los efectos reales del incremento del poder adquisitivo que se haya podido producir durante dicho año, porque el efecto de los precios públicos, con subidas de impuestos y tasas que han afectado a servicios básicos como basura, alcantarillado y agua y también, a las medicinas y el transporte, han tenido un impacto directo sobre la capacidad adquisitiva de los pensionistas que ha suprimido esta ganancia de poder adquisitivo en otro  0,05 %, y por la situación real en la que se encuentran más de un millón de pensionistas que como consecuencia de la crisis han tenido que mantener con su pensión a sus hijos y nietos, aumentando exponencialmente las necesidades económicas en estos hogares, hace imperceptible para estos el supuesto incremento del poder adquisitivo de sus pensiones a que alude el Gobierno. Y finalmente, porque los pensionistas en España llevan acumulada, desde el año 2011, una importante pérdida de poder adquisitivo, como consecuencia de la congelación de las pensiones o su insuficiente actualización para igualarse al nivel de precios, que de ninguna manera se ha visto compensada con la inapreciable ganancia de poder adquisitivo que los pensionistas hayan podido tener en el 2014 del 0,05 %.

Así las cosas, el consumo de los hogares en nuestro país no puede recuperarse básicamente por tres razones: por la pérdida de renta causada tanto por el aumento del desempleo como por el empeoramiento de las condiciones salariales, por la falta de fluidez del crédito y por el todavía elevado endeudamiento al que están sometidos. El resultado son variaciones de precios negativas en la mayor parte de los bienes y servicios de la cesta básica de consumo, de manera que los datos de precios en 2014 muestran que la economía española adolece de una moderación excesiva de los precios, manteniéndose próxima a la deflación. La supuesta reactivación de la economía que apuntan algunos indicadores macroeconómicos no parece haberse trasladado a los hogares españoles.  Es claro que tras años de crisis, la extensión del paro, el empeoramiento de la calidad del empleo y el ajuste en los salarios, se ha dejado sentir en la capacidad adquisitiva de las familias españolas. 

España presenta los valores más elevados del Índice de Gini (casi un 34%), indicando un reparto desigual en la distribución de la renta, que además se encuentra en aumento.  Asimismo se ha producido un aumento de la población en riesgo de pobreza. El indicador de población en riesgo de pobreza o exclusión social contenido en la Estrategia Europa 2020, indica que España se encuentra en una situación preocupante: el 27,3% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, casi 3 puntos por encima que en 2009 (24,7% de la población). 

Este es el verdadero estado de la nación. Y en este marco el presidente de Gobierno anuncia nuevas medidas como la nueva tarifa plana a los contrato fijos, que no es sino una nueva rebaja de cotizaciones, que eliminar la cotización empresarial de los primeros 500 euros de salario durante 18 meses, que según fuente del gobierno, puede suponer hasta un recorte de más del 70% en las cotizaciones empresariales que se pagan para los sueldos más bajos.

Esta nueva rebaja a las cotizaciones sociales se une a las tarifa plana aún en vigor de los 100 euros. Y todo mientras en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha gastado casi 34.000 millones de euros en los dos últimos años. Desde UGT criticamos duramente estas medidas porque es manifiesta su histórica ineficacia para generar empleo. Está demostrado que los contratos bonificados (ya sea mediante bonificaciones o reducciones en la cuota a la seguridad social) no contribuyen a la creación de empleo o a la reducción del paro, generando efectos de peso muerto y sustitución.  Y además, está comprobado que cuando los beneficios en la cotización se dirigen a la gran mayoría de los trabajadores y no actúan sobre colectivos específicos con mayor dificultad para encontrar empleo, se convierten en medidas ineficaces y solo sirven como un instrumento de ahorro de costes sociales para las empresas y no como un instrumento para frenar la destrucción de empleo ni de fomento de empleo indefinido y de calidad, porque los contratos bonificados tienen más probabilidad de perder el empleo una vez finalizada la bonificación, o lo que es lo mismo, cuentan con una mayor inestabilidad y precariedad laboral. 

Lo mismo ocurre con la nueva bonificación especial para los autónomos, para supuestamente conciliar su vida familiar y laboral (siempre y cuando tenga un hijo menor de siete años o  familiares en situación de dependencia), mediante la contratación de un trabajador por cuenta ajena. La idea consiste en bonificar el 100% de las cotizaciones sociales durante un año, lo que permitirá a los autónomos contratar a trabajadores para reemplazarlos mientras los autónomos cuidan de sus familiares, que en caso de las personas dependientes, deberían ser objetivo prioritario de la Ley de Dependencia denostada por el Gobierno, y no de las bonificaciones a la Seguridad Social. Además, lo mismo que ocurre con la tarifa plana de los 500 euros, tampoco creará empleo, ni mucho menos empleo de calidad. 

Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno es la el Real Decreto Ley llamado de «segunda oportunidad» que tiene como objetivo facilitar que los emprendedores más endeudados puedan negociar sus deudas de forma unificada y supervisada con sus acreedores a través de un acuerdo extrajudicial de pagos, en un procedimiento coordinado, transparente y reglado en un plazo breve de tiempo y con los menores costes administrativos para lograr quitas, aplazamientos y otras reducciones de la deuda. Pero aún falta por conocer la concreción de la medida.  

En este sentido, UGT, junto con CCOO, ha propuesto al Gobierno extender estas medidas a todos los trabajadores y trabajadoras y sus familias, mediante una Ley que permita a los trabajadores afectados por una ejecución hipotecaria mantener su vivienda o acceder a otra en régimen de alquiler social. Para ello solicitamos mecanismos adecuados de quita o condonación de la deuda para deudores de buena fe, así como procedimientos de mediación previos. Además, consideramos justo que las entidades financieras a las que se ha rescatado con el esfuerzo de todos los ciudadanos, y a cuya costa han acumulado un importante parque de viviendas, muchas de ellas adquiridas por el SAREB, colaboren en el rescate de los trabajadores y trabajadoras de este país, sobreendeudados en muchas ocasiones, por su mala praxis bancaria.​