El pasado 30 de abril, el congreso boliviano aprobó una ley para la celebración de elecciones presidenciales en un plazo máximo de 90 días. Tras cinco meses de gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien accedió al poder tras un golpe cívico-policial, avalado por las fuerzas armadas, contra el gobierno de Evo Morales, el llamamiento a elecciones supone un primer paso importante para la reparación del orden democrático boliviano, seriamente afectado por el mencionado golpe de noviembre.

Tras los comicios celebrado el pasado 20 de octubre, que dieron la victoria a la candidatura del presidente Evo Morales, sectores de la población alentados por dirigentes de la derecha y ultraderecha boliviana,  promovieron graves disturbios y una escalada de violencia racista, apoyada por sectores de las fuerzas policiales y del ejercito de Bolivia. La presión de estos episodios violentos, la amenaza de su  agravamiento y la complicidad de la policia y el ejercito con el golpe, obligaron al gobierno de Bolivia a abandonar el poder, que fue rápida e ilegítimamente ocupado por Jenanine Áñez.

La decisión del congreso boliviano se produce tras la suspensión de los comicios previstos para el 3 de mayo, a causa de la expansión de la pandemia del covid19. La actual presidenta de facto rechazó el proyecto elaborado por el Tribunal supremo electoral, que finalmente fue aprobado por la mayoría del parlamento boliviano tras desestimar los intentos de Áñez de dilatar las elecciones y permanecer en el poder.

La convocatoria a elecciones está ampliamente apoyada por la mayoría de la población boliviana, que demanda su celebración para el reestablecimiento de la democracia en el país andino, así como la necesaria estabilidad para afrontar los efectos sanitarios y económicos del covid19 en el país.

A pesar de que la agenda electoral aprobada implica un importante avance, para que el proceso de elecciones se desarrolle de forma justa debe también garantizarse el final de la persecución por parte del gobierno de Áñez a los dirigentes y militantes del MAS, fuertemente reprimidos y acosados desde que la derecha boliviana tomara el poder.

El compromiso de la comunidad internacional en el apoyo para la celebración de los comicios con garantías será fundamental, máxime cuando en el anterior proceso electoral organismos como la OEA adoptaron una ilegitima complicidad con los planes golpistas, fabricando acusaciones de fraude que fueron desestimadas por estudios internacionales independientes. Por estas razones, desde UGT apoyamos la decisión del congreso boliviano e instamos, tanto al gobierno de España como a la Union Europea, a que apoyen esta democrática decisión y su aplicación con garantías democráticas.