La Unión General de Trabajadores recuerda que en el Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo, se han adoptado dos decisiones que implican el rechazo a los migrantes más vulnerables y a los trabajadores y trabajadoras con menos recursos.

Junto al Acuerdo UE-Turquía y la devolución a este país de migrantes y solicitantes de asilo que comenzará el 20 de marzo, se han confirmado también las concesiones al Reino Unido que restringen el derecho a la libre circulación de trabajadores y trabajadoras.

Ambas decisiones son una expresión del rechazo de la Unión y sus estados miembros hacia los migrantes que huyen de conflictos o de la miseria o que solo tienen como patrimonio su fuerza de trabajo.

La Unión General de Trabajadores, en el día internacional de la eliminación de la discriminación racial, lamenta profundamente que la Unión Europea y sus Estados miembros, hayan dado luz verde a dos decisiones que son un reflejo de una ideología que rechaza a los migrantes carentes de recursos, sean estos posibles solicitantes de protección internacional o solicitantes de asilo.

El Acuerdo con Turquía y  el Acuerdo con el  Reino Unido, levantan nuevas fronteras de desigualdad, cercenan derechos, y levantan fronteras, en unos casos físicas y en otros de papel. En ambos casos con el mismo objetivo, consolidar una Europa que solo se mueve por intereses económicos, que da la espalda, tanto a colectivos especialmente vulnerables como a sus propios ciudadanos en situación más vulnerable, que restringe y elimina derechos, incluso fundamentales y que solo quiere en su territorio y circulando por el espacio Schengen a quienes pueden mantenerse por sí mismos.

La Unión General de Trabajadores considera que las autoridades de la Unión y el Gobierno español tienen una responsabilidad en el aumento del rechazo y la discriminación; sus discursos se han acercado progresivamente, a la vez que los alimentaban, a los postulados de los partidos abiertamente xenófobos que tienen consecuencias directas.

En el año 2012, el 56% de la población europea consideraba que la discriminación por origen racial o étnico estaba muy extendida, porcentaje que se eleva al 64% en 2015. En España, los informes sobre incidentes relacionados con los delitos de odio por origen racial o étnico, ya sean infracciones penales o administrativas, del Ministerio del Interior, señalan que hemos pasado de 381 incidentes registrados en el año 2013 a 505 en el 2015, el 38´08% del total de los incidentes registrados y pasando a ser, por primera vez, el motivo que acumula mayores incidentes registrados.

Sobre el acuerdo con Turquía que a partir del domingo 20 de marzo, permitirá que todos los migrantes irregulares (y esto incluye a posibles solicitantes de asilo) que pasen desde Turquía a las islas griegas sean devueltos a este país, no respeta la normativa internacional.

Contraviene la prohibición de expulsión o devolución de la Convención sobre el Estatuto de refugiados de Naciones  Unidas,  puesto  que  migrantes  y  solicitantes  de  asilo  cuyas  solicitudes  sean inadmisibles porque provienen de un “tercer país seguro”, (la Unión Europea considera que Turquía lo es), serán devueltos sin examinar su solicitud. El programa 1 por 1 (por cada sirio devuelto a Turquía, se reasentará a otro sirio procedente de Turquía), parece una mala broma, sino fuera porque estamos hablando personas, y difícil de cumplir cuando únicamente se han reubicado desde septiembre de 2015 a 937 solicitantes de asilo desde Grecia y Turquía de los 160.000 comprometidos; en el caso de España, 18 personas han llegado a nuestro país.

Respecto al Acuerdo con Reino Unido, la Unión General de Trabajadores quiere recordar que implica la modificación de reglamentos y directivas de la Unión y que podrán ser utilizadas por cualquier otro estado miembro, abriendo la vía para destruir principios fundamentales de la Unión: la libre circulación y la igualdad entre ciudadanos comunitarios. Indexar las prestaciones familiares que recibe un trabajador, en función del nivel de vida y el nivel de las prestaciones familiares del país de residencia de los hijos y la futura modificación del reglamento de libre circulación para restringir el acceso a prestaciones no contributivas vinculadas al ejercicio de una actividad laboral, suponen en definitiva, consolidar la precariedad del empleo de quienes, por la calidad del mismo o por una situación personal y o social, son trabajadores y trabajadoras más vulnerables.