​La Unión General de Trabajadores considera que la nueva propuesta de la Comisión Europea para reformar el sistema de asilo y aumentar las llegadas regulares de migrantes a la Unión Europea prima los intereses de determinados estados miembros sobre los derechos de solicitantes de asilo y refugiados. El sindicato denuncia que la propuesta aborda la llegada de refugiados y de migrantes desde un punto de vista económico y no desde el cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Para la Unión General de Trabajadores, la propuesta de la Comisión Europea no trata de resolver la grave situación humanitaria en la Unión ni de garantizar los derechos de solicitantes de asilo y migrantes. Al contrario, el eje central de la propuesta, es cómo organizar de manera permanente un posible reparto de refugiados entre los estados miembros (permanente o en casos de excepción) y como armonizar los derechos de los mismos en todos los países de la Unión. Y armonizar, para esta Unión Europea, es reducir derechos y prestaciones. Una cuestión económica en el fondo y en la forma ya que los refugiados intentan llegar a los países donde hay mejor protección y posibilidades de vida digna.

La solución, por tanto, es rebajar el nivel de protección del conjunto de la Unión. Y tal como se señala en la Comunicación, establecer sanciones para quienes han solicitado asilo en un estado miembro y se trasladan a otro.

Llama la atención como la Comisión mezcla migración irregular con solicitantes de asilo. Con independencia de que en ambos flujos se han de garantizar derechos fundamentales, en el caso de los solicitantes de asilo, hay obligaciones internacionales que no pueden obviarse.

La Comunicación de la Comisión, y pese a lo que diga el texto hecho público, no trata de afrontar las causas y la atención al elevado número de peticionarios de asilo que pueden recibir los estados que tienen fronteras exteriores (entre ellos España) sino, sobre todo, de evitar que estos lleguen a otros Estados.

Pero lo que resulta más vergonzoso de la comunicación es que, al abordar el establecimiento de rutas seguras y regulares para llegar a la Unión Europea, se refiera tanto a migrantes como a posibles solicitantes de asilo. Y que ofrezca como rutas seguras para personas que huyen de países en conflicto y son potenciales refugiados, atenerse al Acuerdo de la UE-Turquía, o entrar en la Unión con una autorización de estudiante, investigador, trabajador o con apoyo económico de personas u organizaciones privadas.

Como hemos reclamado a nivel nacional e internacional a través de la Confederación Europea de Sindicatos, son necesarios corredores seguros para que quienes huyen de países en conflicto no arriesguen su vida con los traficantes de seres humanos tratando de llegar a Europa y que la Unión Europea proporcione los medios para que puedan solicitar asilo, bien en sus propios países de origen, bien en los de tránsito y garantice su traslado, en condiciones de seguridad, al territorio de la Unión.

Pero sobre todo, es necesario que la Unión y los estados miembros dejen atrás su hipocresía. No están legislando para proteger a las personas, sino intereses económicos. Hipocresía también cuando en el propio texto se señala que la Unión Europea tiene uno de los sistemas de asilo más efectivos y generosos del mundo cuando desde septiembre del pasado año se han reubicado 937 personas de las 160.000 comprometidas y que ya se encuentran en territorio de la Unión Europea. Canadá, considerablemente más lejos de Siria que la Unión, ha acogido desde noviembre de 2015 a 26.213 refugiados sirios y Estados Unidos a 1.285. El sistema es efectivo y generoso en el papel, no en la realidad.