​El Gobierno ha dejado sin formación a unos 4 millones de trabajadores -ocupados o desempleados- durante el primer año de vigencia de la Reforma “urgente” de la Formación para el Empleo.

El acceso a la formación de los trabajadores ha empeorado respecto al sistema anterior: por primera vez en 2015 no ha habido convocatorias de subvenciones para planes de formación de oferta estatales; los de las Comunidades Autónomas se están retrasando; y la formación bonificada en las empresas ha caído porque existe una gran inseguridad jurídica. Además, el sector de la formación ha sufrido una gran pérdida de empleos, unos 150.000 empleos directos y diferidos.

Ha pasado más de un año desde la esperada reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, iniciada con la publicación, del Real Decreto-ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (23 marzo 2015) y la publicación posterior (10 septiembre 2015) de la Ley 30/2015, y aún no tiene desarrollo normativo, lo que dificulta la implantación del modelo.

Así se ha puesto de manifiesto que la reforma no era urgente dado que el Gobierno ha superado todos los plazos para una tramitación de urgencia. Y la necesidad de su urgencia, además, queda en evidencia tras los resultados favorables presentados en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo sobre la evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del subsistema de formación profesional para el empleo de años precedentes (2012-2013).

Para el Gobierno una de las premisas para una reforma urgente del Sistema es que los interlocutores sociales salieran de la ejecución de la formación, lo que no se entiende ante una evaluación tan favorable de estos años en los que los agentes sociales impartían formación a miles de trabajadores. Sí se entendería una reforma del modelo para ajustarse a los cambios productivos, a las necesidades de formación de empresas y trabajadores, etc.

UGT ya alertó, tras la publicación de la Ley, de las posibles carencias durante el desarrollo reglamentario y éstas se han cumplido. Los temas que se acordaron en el trámite parlamentario, antes de la publicación de la Ley, y que se plasmarían en el desarrollo normativo  -que está pendiente- siguen sin estar claros.

Al no tener todavía la normativa de aplicación de la Ley 30/2015, hay aspectos positivos como, por ejemplo, la fijación de módulos económicos en función del tipo de formación, que no han podido establecerse, por lo que se da la injusticia de que el famoso modelo de concurrencia competitiva valora por igual la impartición en aula (mucho más barata) que para la formación en materia industrial o de construcción, donde las inversiones son cuantiosas en instalaciones, maquinarias y materiales.

Además, siguen existiendo dudas en conceptos legales como qué es realizar formación o qué es subcontratarla, por lo que muchas empresas no se atreven a invertir en formación.

Esto, y otros aspectos, dificultan el desarrollo de las distintas iniciativas de formación que tiene el Sistema y, como consecuencia, unos 4 millones de trabajadores están sin la posibilidad de formación en estos momentos, tanto ocupados como desempleados. Por otro lado, en los últimos doce meses las empresas se han bonificado un 28% menos por la incertidumbre del marco normativo de aplicación.

Además, al no desarrollarse las iniciativas de la Ley, según fuentes de la patronal de formación, en este sector se han perdido unos 150.000 empleos directos y diferidos Esto hace que estos doce meses hayan sido un periodo improductivo para la formación de los trabajadores.

UGT pide que se cumplan los acuerdos del proceso parlamentario a fin de poder desarrollar la normativa de aplicación y las iniciativas de formación que recoge la Ley 30/2015, entre otros:

• Reanualización de la cuota, que los fondos para la próxima convocatoria de oferta recoja lo no invertido en años anteriores, la parte correspondiente no gastada de los presupuestos de 2014, 2015 y 2016. No solo 2016.
  
  
• Desarrollar el papel de las Estructuras Paritarias, funciones y financiación.
  
  
• Papel de la representación legal de los trabajadores.
  
  
• Formación para los interlocutores sociales.

UGT recuerda que la formación es la principal herramienta para fomentar la empleabilidad de los trabajadores, es decir, para generar mejores y mayores oportunidades de acceso de los parados a un puesto de trabajo y para producir las mejores condiciones para que los trabajadores con empleo no lo pierdan o puedan incluso promocionar. Cuando, según la Encuesta de Población Activa, hay 4.779.500 parados, la mitad de ellos de larga duración, uno de cada cinco españoles en edad de trabajar está en el desempleo, la mitad de los jóvenes no tiene trabajo, y un millón y medio de hogares tiene a todos sus miembros en paro, este sindicato no entiende que el Gobierno haya realizado una reforma “urgente” que ha paralizado el sistema de formación y ha abandonado a su suerte los trabajadores en su conjunto y a los desempleados en particular.

En definitiva, UGT propone seguir trabajando para que se negocie y se acuerde con los agentes sociales la mejora de la normativa para el desarrollo de aplicación de la Ley 30/2015.