Durante el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES)  se ha celebrado la primera reunión de la nueva presidencia del grupo de los trabajadores del Comité Económico y Social Europeo (CESE) presidida por la nueva presidenta del Grupo, Lucie Studničná, con la participación de Mari Carmen Barrera, como vicepresidenta. A este Congreso ha asistido una amplia representación del Grupo de Trabajadores del CESE, de la que han formado parte, en representación de UGT, además de Mari Carmen Barrera, Isabel Caño y Manuel García Salgado.

Oliver Röpke, presidente del CESE, Esther Lynch, secretaria general de la CES y una delegación de eurodiputados del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D) han copado el núcleo fundamental de estas reuniones, en las que se ha establecido una agenda de trabajo común para impulsar las prioridades hasta 2025. Se parte de la visión de que el movimiento sindical tiene la responsabilidad de defender la democracia y el modelo social europeo, Entre las propuestas claves destacan:

• Una aplicación clara y efectiva del Pilar Europeo de Derechos Sociales a través de un sólido Plan de Acción, haciendo que la gobernanza económica sea plenamente social y sostenible. Es necesario reducir las desigualdades y acabar con las crecientes diferencias salariales y de género, así como establecer normas claras que garanticen la igualdad de condiciones para evitar el dumping social.

• Los interlocutores sociales deben participar (negociación colectiva, información, consulta y participación de los trabajadores) en el proceso de recuperación y reconstrucción. No se trata de volver a la normalidad tras las crisis, sino de construir una nueva y mejor normalidad en la que la voz de las personas trabajadoras debe incluirse a todos los niveles.

• Es esencial un plan integral de lucha contra la pobreza que incluya: políticas de lucha contra la exclusión social; refuerzo de los sistemas nacionales de protección social y protección de los desempleados frente a la pobreza y otros riesgos; normas mínimas para toda la UE; y la aplicación de la Garantía Infantil.

• Es necesario reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como añadir la regla de oro que excluiría las inversiones en servicios públicos de las reglas fiscales y políticas de control del gasto de los Estados miembros europeos, antes de desactivar la cláusula de salvaguardia a finales de este año, a fin de satisfacer la necesidad de inversión a largo plazo y evitar la vuelta a las viejas reglas fiscales y gestionar el cambio hacia un marco fiscal centrado en la prosperidad.

• Se exige la garantía de trabajo de calidad para todas las personas, para asegurar que todo el mundo tenga derecho a un trabajo digno y bien remunerado, así como restablecer los derechos laborales y la representación sindical que se están viendo mermados en la actualidad en Europa.

• Para que las medidas del Pacto Verde tengan éxito, se debe contemplar financiación suficiente para la transición, sobre todo de los colectivos y las regiones más vulnerables estableciendo: mejora de las cualificaciones de las personas trabajadoras; empleos de calidad como alternativa; protección social de todas las personas trabajadoras implicadas en el proceso; así como voz, información, consulta y participación de los trabajadores y las trabajadoras.