La política de cohesión tiene que ser la herramienta para acabar con las desigualdades en Europa

La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, ha expuesto ante el grupo de trabajo del Consejo de Europa, previo a la adopción de sus conclusiones para diseñar el futuro de la política de Cohesión Europea, las conclusiones del dictamen de UGT sobre una futura política de cohesión “2.0”

Fecha: 12 Oct 2023

mari carmen barrera políticas de cohesión

Además, ha participado en la “Semana europea de las ciudades europeas” celebrada en el Comité de las Regiones en una mesa sobre el futuro de la política de cohesión, junto al presidente del COR, Vasco Cordeiro, y la Comisaria para la política de cohesión y reformas, Elisa Ferreira.

Para Barrera, es fundamental “impulsar las políticas de cohesión garantizando que ninguna persona se quede atrás mediante la diversificación y flexibilización de dicha política, con el fin de prestar más atención a las personas, especialmente a las más vulnerables, y abordar mejor la desigualdad de oportunidades a la que muchas se enfrentan. La desigualdad de oportunidades lastra el crecimiento y la competitividad”.

En este sentido, ha considerado “esencial que la diversificación y la especialización se diferencien aún más en términos de apoyo financiero, modalidades de apoyo, gestión presupuestaria, objetivos e inversión”, para lo que se requiere “garantizar que el uso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) sea plenamente compatible con la aplicación de la futura política de cohesión y que las inversiones y los programas ya iniciados en el marco del MRR no queden en suspenso debido a cambios en la financiación del Mecanismo”.

Digitalización y cambio climático

Mari Carmen Barrera ha afirmado que la política de cohesión “tiene que reforzar las inversiones digitales en los programas actuales destinados a reducir la brecha digital, pues la transición digital entraña riesgos para las brechas sociales y territoriales, con efectos en el mercado laboral derivados de la automatización y la inteligencia artificial, el acceso desigual a los servicios digitales y las competencias digitales desiguales de los trabajadores”. 

Además, ha señalado que “esta política debe seguir siendo la política de inversión clave de la UE para apoyar la política regional europea de adaptación a los objetivos en materia de clima, con vistas a lograr una sociedad neutra en carbono y conseguir una transición con un impacto positivo en términos de creación de empleo estable y de calidad”.

Más diálogo social

En relación al modelo de gobernanza adecuado para los instrumentos financiados por la UE, la secretaria de Políticas Europeas de UGT ha considerado “especialmente importante hacer participar a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil de la manera más amplia y genuina posible en la elaboración de la política de cohesión. Una evaluación de la aplicación de los fondos para la transición justa nos lleva a una práctica totalidad de experiencias de transición de empresas con impacto negativo para el empleo. Los planes de transición en estas zonas en su mayoría no se soportan en acuerdos con los interlocutores sociales, con lo cual la condicionalidad de creación de empleo no existe en estos acuerdos transición”. 

Una participación que “puede contribuir a hacer frente a la presión sobre la democracia, aumentando la apropiación de las políticas de la UE; y ayudará a valorar en qué medida se han alcanzado los objetivos de la política de cohesión, los cuales no deben basarse únicamente en indicadores cuantitativos, sino también en indicadores cualitativos, es decir, que midan el desarrollo y no solo el crecimiento”.

Además, ha considerado “esencial racionalizar la política de cohesión para los beneficiarios mediante la simplificación y la flexibilidad en la aplicación de los fondos, que deben utilizarse para alcanzar sus objetivos. Es necesario garantizar normas claras y sencillas para los fondos nacionales y de la UE, ejecutados en régimen de gestión compartida en un reglamento único y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad administrativa de los agentes regionales, locales y de la sociedad civil, superando la mala percepción actual del exceso de burocratización y de las dificultades de acceso a la misma y la complejidad”.


Fuente: UGT