​El informe semestral de Perspectivas Económicas de la OCDE plantea un diagnóstico bastante acertado de la situación actual en nuestro país, aunque muchas de las propuestas para intentar atajar los problemas de la economía resultan poco adecuadas o, incluso, contraproducentes. Para la Unión General de Trabajadores, el Organismo pone de manifiesto la fragilidad del crecimiento económico en España, demanda un impulso fiscal justo, equilibrado y generador de ingresos (incompatible con las implementadas por el PP en 2015 y sus propuestas para la nueva legislatura) y ratifica la extensión del paro de larga duración y de los jóvenes durante 2017. Para UGT, es imprescindible un cambio en la estrategia política, económica y social, con el fin de crear empleos de calidad y con derechos, salir cuanto antes de la crisis y construir una senda de crecimiento más equilibrada y sostenible para las familias de nuestro país.

El informe pone de relieve la fragilidad del crecimiento económico de España. Aunque aumenta una décima su previsión de aumento del PIB para 2016 respecto de la realizada por el Gobierno (2,8% frente a 2,7%), reduce la de 2017 (2,3%, cuando antes preveía el 2,5% y el Gobierno mantiene un 2,4%), lo que evidencia la posible pérdida de vigor de la actividad de nuestra economía, debido al posible debilitamiento o agotamiento de los factores externos que la empujan con fuerza desde 2014, como son la caída del precio del petróleo, el abaratamiento del euro frente al dólar, la expansión monetaria del Banco Central Europeo y el empuje de algunas economías emergentes.

El PIB de España crece, pero este crecimiento, como en etapas pasadas, vuelve a tener los pies de barro. Se necesita otra política económica, tanto en España como en Europa. Para ello, como señala el Organismo, es preciso un impulso fiscal que acompañe a la relajación de la política monetaria. Es necesario más gasto, bien dirigido a proyectos generadores de riqueza y de más y de mejor empleo. A nivel europeo, el Plan Juncker resulta a todas luces suficiente, a pesar de la posible extensión temporal y de recursos que se ha conocido hoy. Se necesita otro plan, al nivel del propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que suponga una inversión directa mucho más elevada que la programada hasta ahora.

Para UGT, el impulso fiscal que también recomienda la OCDE es incompatible con medidas como la rebaja fiscal que ha implementado el gobierno del PP en 2015. Ni siquiera es posible atender a la exigencia de ajuste presupuestario de la Comisión con los recortes de ingresos públicos que supondrá esa reforma, que además beneficia a quienes más tienen. Se trata de un nuevo engaño a los electores, como ya realizó el partido Popular antes de las elecciones de 2011.

Lo que España necesita es una reforma fiscal para obtener más ingresos, porque somos de los países de la UE que menos recaudamos en impuestos y cotizaciones sociales con relación a nuestra riqueza (32,5% del PIB frente a 39,6% de media en la UE y 40,5% de media en la zona euro), y para repartir mejor las aportaciones, porque se paga de manera muy injusta, ya que quienes mayores ingresos y riqueza tienen pagan menos de lo que deberían debido al cuantioso nivel de fraude que hay y a los moderados tipos impositivos que soportan.

En relación al empleo, la OCDE ratifica que éste crece de manera notable en términos cuantitativos (2,9% en 2016) aunque caerá en 2017 (2,1%) en coherencia con la ralentización del crecimiento económico. Aun así, la tasa de paro se reducirá muy lentamente (19,8% en 2016 y 18,4% en 2017), como también seguirán siendo muy elevados el paro de larga duración y el paro de los jóvenes.

Para UGT, el rasgo más destacable de la evolución del empleo es que, de no hacerse nada, continuará siendo mayoritariamente de mala calidad, precario y de bajos salarios. Eso es lo que hace que se cree tanto empleo, pero que su productividad sea tan reducida (incluso negativa, lo que supone una anomalía de efectos indeseables), y es un rasgo de la creación de empleo en España que arrastramos desde mediados de los años ochenta del pasado siglo, que ninguna reforma laboral ha corregido desde entonces, y que la última llevada a cabo en 2012 por el gobierno del Partido Popular ha exacerbado de manera drástica. Nunca se fomentó de manera tan visible la contratación precaria, y nunca se devaluó más la estabilidad del empleo.

Por eso, la Unión General de Trabajadores considera incomprensible que la OCDE diga que la mencionada reforma laboral iba “en la dirección correcta”. No ha sido así, sino todo lo contrario. Para UGT, las reformas laborales de 2010 y la de 2012 deben ser derogadas como punto de partida imprescindible para abordar los cambios precisos en nuestro sistema de relaciones laborales que permita que se cree empleo de manera suficiente pero también estable y con derechos, empleo de calidad, sin lo cual no habrá ni crecimiento económico sostenible, ni progreso social.

UGT comparte también la preocupación que muestra la OCDE con el hecho de que este período de incertidumbre política que atraviesa España desde las elecciones del 20 de diciembre pueda suponer un riesgo para la evolución de la economía española. Son ya más cinco meses con un gobierno en funciones, y nuestro país requiere de actuaciones decididas para solucionar los problemas más graves que afronta. La mayoría de la sociedad española ha visto defraudadas sus expectativas de cambio de estrategia política y económica, al no haberse podido alcanzar un gobierno de cambio y de progreso como necesita el país.

Es necesario y urgente, por tanto, un cambio de políticas económicas y sociales. Las personas, que han sufrido y siguen sufriendo mucho las consecuencias de la crisis y de las políticas austericidas que se aplican en España y en Europa desde 2010, vienen exigiendo un cambio urgente para salir de la crisis y construir una senda de crecimiento más equilibrada, sostenible y justa. Eso es lo que se espera que surja del próximo proceso electoral. Porque lo más grave para la economía y para la mayoría de la ciudadanía española, mucho peor aún que el proceso de incertidumbre actual, sería que del resultado de los comicios del próximo 26-J surgiera un Gobierno que aplique políticas similares a las sufridas desde 2010 y, sobre todo, desde 2012.