La Unión General de Trabajadores celebra la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Contratos de Sector Público, que permitirá avanzar en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de aquellas empresas que participan en las licitaciones de servicios que realizan las Administraciones Públicas. El Sindicato celebra especialmente que el Pleno del Congreso haya rechazado las regresivas enmiendas introducidasen el Proyecto del Ley por el Grupo Popular del Senado, que rompían el consenso político con el que se había tramitado la norma y abriendo la puerta a las empresas que menos respetan los derechos de los trabajadores.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público tiene como objetivo la transposición a la legislación española de las Directas del Parlamento Europeo y del Consejo 214/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de2014,  y será de aplicación en una gran cantidad de actividades que son responsabilidad de los poderes públicos pero que se realizan -por las privatizaciones de servicios realizadas durante los últimos años- mediante contratos con empresas privadas.

Las consecuencias de las condiciones en las que se realizan las licitaciones de los servicios son de gran relevancia para los trabajadores ,como pudimos comprobar durante el pasado verano con las movilizaciones realizadas por los trabajadores de la seguridad privada de los aeropuertos, cuyas condiciones salariales y laborales se habían desplomado, como consecuencia de bajadas temerarias en las ofertas económicas que se realizan para conseguir las adjudicaciones, en éste como en otros sectores.

Una parte muy importante del porcentaje del presupuesto con que cuentan las AdministracionesPúblicas se gestiona a través de contratos públicos. En los últimos años se ha incrementado la utilización de fórmulas de gestión privada, hasta alcanzar, aproximadamente, el 18% del PIB. Por eso ​UGT considera muy positiva la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, porque permitirá mejorar las condiciones de trabajo en las empresas que acceden a este tipo de contratos con las Administraciones Públicas.