La Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, ha manifestado que “la legislación actual no facilita la permanencia o reincorporación al empleo de las personas con discapacidad sobrevenida” a pesar de que la propia normativa y la Convención de Derechos Humanos se orienta al mantenimiento del puesto de trabajo. La adaptación e integración del puesto de trabajo a las dificultades de estas personas es muy escasa y a veces inexistente. Así, la llegada de la discapacidad sobrevenida, algo de lo que nadie está exento, supone con frecuencia la ruptura con el mundo laboral.

 

Las cifras son incontestables y muestran la discriminación laboral que padecen las personas con Discapacidad. La tasa de actividad de las personas con discapacidad es un 40% inferior a la de las personas sin discapacidad.

 

Respecto a las personas con discapacidad sobrevenida que se encuentra en edad laboral, apenas 236.000 personas están en situación activa, de un total de 989.000, lo cual arroja una actividad muy baja, del 31,1% (dos puntos por debajo en las mujeres). Además, sólo un 0,2% regresa de manera inmediata al mercado laboral, siendo el periodo de permanencia sin trabajar superior a 5 años para más de 700.000 personas. Casi la mitad de todas las personas con discapacidad sobrevenida en edad de trabajar están inactivos y perciben una prestación.

 

La Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, ha hecho estas declaraciones, en Bruselas, durante su intervención en la mesa de debate “Por una Propuesta Sindical Conjunta. Políticas nacionales y el papel de la negociación colectiva en relación con la discapacidad sobrevenida”, en el marco de una jornada organizada por el Comité Económico y Social Europeo.

 

Adela Carrió ha dicho que la negociación colectiva debe prestar especial atención a las personas con discapacidad sobrevenida, estableciendo criterios de permanencia tanto para las empresas como para la Administración y los servicios públicos.

 

Hay que asegurar la permanencia de estas personas adaptando los puestos de trabajo, cualificando y formando a las personas trabajadoras en función de su nueva capacidad y garantizando que en ninguno de los casos suponga una merma de sus condiciones laborales.  Y sobre todo hay que garantizar la permanencia de estas personas, impidiendo el despido.

 

Asimismo, la Secretaria Confederal ha demandado “un cambio en la legislación para proteger de forma más amplia a todas las personas con discapacidad, y en concreto a las que sufren discapacidad sobrevenida”.

 

Ha señalado que “es imprescindible que se garanticen los derechos para que la igualdad sea real y efectiva, hablamos de inclusión laboral en igualdad de condiciones que el resto de trabajadoras y trabajadores. Si bien es cierto que, igual que otros grupos necesitan una discriminación positiva para poder salvaguardar sus derechos, también lo pueden necesitar, en determinadas ocasiones, las personas con discapacidad”.