​La Unión General de Trabajadores subraya que el miedo a la inflación ha servido de excusa al Gobierno para recuperar el Real Decreto de Desindexación de la economía española, una medida que puede suponer una injerencia en la Negociación Colectiva y que no conseguirá estabilizar los precios ni mejorar la competitividad ya que el Índice de Precios al Consumo no es el principal problema de la economía y eliminarlo o crear nuevos índices de referencia no arreglará nada. El sindicato sostiene que para lograr una moderación de precios es necesario, en primer lugar, responsabilidad por parte de las Administraciones Públicas a la hora de tomar decisiones sobre la política presupuestaria y la determinación de precios públicos y tasas y, en segundo lugar, responsabilidad por parte de las empresas en la determinación del precio de sus productos.

El objetivo de la Ley consiste en establecer una disciplina no indexadora en el sector público (precios de contratos públicos, tasas, precios y tarifas regulados, subvenciones, prestaciones, ayudas, multas y sanciones o valores referenciales).

Sin embargo, UGT alerta sobre el impacto que la negociación salarial puede tener en empresas y sectores con clientes entre las Administraciones Públicas. Podría suponer una injerencia en el ámbito de la negociación colectiva, al imponerse un parámetro externo, como son los Presupuestos Generales del Estado, en las negociaciones.

Para el sindicato el objetivo de estabilizar los precios no se conseguirá eliminando el IPC y creando nuevos índices de referencia, complejos y no consensuados. Lograr una moderación de precios pasa por la responsabilidad, primero, de las Administraciones Públicas a la hora de tomar decisiones sobre la política presupuestaria y la determinación de precios públicos y tasas. Y segundo de las empresas, cuya ambición de ampliar los márgenes de beneficios les lleva a incrementar, sin justificación, los precios de sus productos.

Inflación y capacidad adquisitiva 

UGT considera que el papel que juega el IPC para actualizar las rentas no es casual, está justificado en la medida que permite no perder capacidad de compra a los agentes económicos. Sin embargo, para el Gobierno, la indexación mediante un índice de precios de consumo (como es nuestro IPC) no está justificada y, además, impulsa una inflación elevada. El argumento en el que se basa gira entorno a los efectos de segunda ronda o de segunda vuelta. Estos se explican por la incidencia que tiene la indexación en la subida de los costes salariales y, como consecuencia, en la de los precios fijados por las empresas para sus productos.

La devaluación salarial que ha seguido, y acompañado, al ajuste del empleo, es una realidad. Así lo muestra la distribución de la renta en España, y los cambios sucedidos a lo largo del periodo de recesión.

La competitividad a largo plazo pasa por invertir en otros factores

Parece que para el Gobierno sólo las reformas estructurales que deterioran el nivel de vida de la población mediante el empobrecimiento de sus rentas, permiten competir y alcanzar un crecimiento sostenible.

Los precios, a pesar de ser determinantes en las ganancias o pérdidas de competitividad, no son los únicos factores que impulsan la competitividad. Hay otros factores que definen la posición de las empresas o de las economías en el entorno mundial como I+D+i y conocimiento, recursos olvidados en las políticas económicas del Gobierno de los últimos años, que ignoran el cambio de modelo productivo que necesita la economía española.

Reivindicaciones sindicales

Detrás de lo pactado por los sindicatos en los últimos Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva se encontraba un acuerdo responsable para avanzar solidariamente hacia el mantenimiento y la creación de empleo, que exigía el esfuerzo de todo el mundo para salir de la recesión.

La moderación de precios del factor trabajo, de los salarios, en el AENC estaba ligado a la coyuntura de recesión, sin que ello pueda llevar a eliminar el IPC como indicador básico de referencia para los aumentos salariales de convenio. Pero ahora la situación ha cambiado, puesto que estamos en una fase de pleno crecimiento económico, por lo que mejorar la capacidad adquisitiva de las rentas de los trabajadores y de las pensiones, su poder de compra, es una prioridad para UGT.

Para UGT la mejora de la capacidad adquisitiva de las rentas del trabajo y de las pensiones sigue siendo uno de los pilares básicos de la cohesión económica y social y del crecimiento económico sostenible. La actualización del valor de estas rentas evita situaciones de pérdida de bienestar y de pobreza y, por tanto, es determinante en la calidad de vida de las personas.

Eliminar un indicador básico

UGT considera que el Real Decreto de Desindexación de la economía española recuperado hoy por el Gobierno responde a la histórica demanda de organismos internacionales como el FMI, la OCDE y la Comisión Europea de eliminar el IPC como índice de referencia en la actualización de precios y salarios.

Las declaraciones del ministro De Guindos esta semana, difundiendo el miedo a los efectos de segunda ronda tras conocerse el dato del IPC adelantado de enero (que muestra una inflación del 3%), han provocado un rescate del olvidado reglamento de desarrollo de la Ley 3/2015.

En la exposición de motivos de la Ley, el Gobierno alegaba como objetivo de la desindexación la búsqueda de la estabilidad de precios, debido a que la inflación es un proceso perjudicial para el crecimiento de un país, pues deteriora su competitividad.

UGT reitera que el Gobierno pretendía en 2015 -y ahora vuelve con sus pretensiones- eliminar del escenario el papel del IPC como indicador básico de referencia en la revalorización de rentas (se ha eliminado del SMI, pensiones y otras).