La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) valora positivamente el acuerdo alcanzado entre SUMAR y el PSOE para garantizar la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las personas trabajadoras perceptoras del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como el esfuerzo realizado para dar este paso tan relevante en la mejora de sus condiciones económicas. Este acuerdo corrige una situación injusta que, de haberse mantenido, hubiera supuesto un grave menoscabo para el poder adquisitivo de quienes menos tienen y un freno inaceptable al cumplimiento de los compromisos asumidos por España en el marco de la Carta Social Europea.

Lamentablemente, hemos de señalar que esta solución llega tras meses de insensibilidad por parte de las autoridades fiscales, que no solo no habían atendido hasta ahora una demanda básica de justicia social, sino que tampoco habían tenido en cuenta ni el diálogo social ni la voz de los interlocutores sociales, imprescindibles en cualquier reforma que afecte directamente a los derechos de las personas trabajadoras.

Desde UGT venimos alertando de que mantener el gravamen fiscal sobre los ingresos de quienes perciben el SMI generaba dos efectos profundamente lesivos. En primer lugar, impedía que la subida nominal del SMI garantizara efectivamente la conservación de su poder adquisitivo, ya que la aplicación del IRPF podía llegar a absorber hasta el 50% del incremento pactado. Y, en segundo lugar, obstaculizaba el avance necesario para situar el SMI en el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, y como este sindicato viene exigiendo de manera persistente.

Por ello, el pasado 13 de febrero de 2025, UGT remitió una carta al Ministerio de Hacienda, solicitando la convocatoria urgente de una reunión en el marco del diálogo social para abordar esta cuestión. En dicha carta, subrayábamos la necesidad de garantizar la exención fiscal para las rentas más bajas en 2025, así como de abrir un proceso de reflexión y negociación que permitiera diseñar un sistema fiscal progresivo y proporcional, que incorporara en el futuro la contribución fiscal de quienes perciben el SMI de manera gradual y conforme a los principios establecidos en el artículo 31 de la Constitución Española.

La garantía de exención en el IRPF para las personas perceptoras del SMI en 2025 es una buena noticia. Pero no podemos obviar que este problema volverá a reproducirse el próximo año si no se abordan, con visión estructural y de manera participada, las deficiencias de nuestro sistema fiscal respecto a las rentas salariales más bajas. Desde UGT lamentamos que no se haya querido incorporar a los interlocutores sociales a la solución de este problema, a pesar de nuestra solicitud expresa. Por todo ello, la próxima semana presentaremos una queja ante el Defensor del Pueblo, solicitando su intervención para garantizar que, a través del respeto al diálogo social y a sus interlocutores, se promueva una política fiscal sobre los salarios que sea coherente con el mandato constitucional de igualdad y progresividad, y que, al mismo tiempo, cumpla con las obligaciones recogidas en la Carta Social Europea.

Reiteramos nuestra exigencia de que se abra de inmediato una mesa de diálogo social para avanzar hacia un modelo fiscal más justo y progresivo, que proteja a quienes más lo necesitan, garantice que la subida del SMI se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida y contribuya a fortalecer el Estado del Bienestar.

Desde UGT seguiremos trabajando con firmeza y responsabilidad para que el salario mínimo garantice una vida digna y para que ningún avance en derechos laborales sea neutralizado por decisiones fiscales injustas.

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