La Cumbre Social Estatal celebró el 25 de marzo una jornada virtual a la que asistieron más de cuarenta personas, y en la que se analizó junto con expertos en la materia, el impacto de la pandemia en la desigualdad de género. Con las intervenciones y el debate, se realizó una radiografía de la situación de las mujeres, analizando los puntos débiles para buscar soluciones, y surgieron las primeras reflexiones y propuestas.

La igualdad de género no será real, si no va acompañada de un presupuesto y del desarrollo de políticas educativas en igualdad de género. Acabar con la violencia machista, reformar el mercado laboral y mejorar los sistemas de salud y sociosanitarios son también una prioridad.

Se han producido algunos avances normativos en materia de igualdad de género. El RDL 6/2019 ha permitido que desde enero de 2021, se equipare el permiso por nacimiento de hijo e hija, de los dos progenitores, un permiso retribuido de 16 semanas cada uno. En 2020 se desarrolló por RD los Planes de Igualdad y los permisos retribuidos. Desde el 9 de marzo de este año, las empresas con más de 50 trabajadores también están obligadas a tener un Plan de Igualdad. Y a partir del 14 de abril las empresas deberán contar con un registro retributivo, y hacer una valoración de puestos de trabajo que deberán incluir en la auditoría retributiva.

Sin embargo, la brecha laboral entre hombres y mujeres persiste, estas obtienen peores resultados que los hombres, en las tasas de actividad, empleo y paro. Durante la pandemia, las mujeres tenían más probabilidades (32,1%) que los hombres (27,4%) de encontrarse en ERTE.

Es necesario abordar la reforma laboral para mejorar las condiciones de trabajo y especialmente, la remuneración de las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres. Crear servicios públicos gratuitos o asequibles y de calidad que les ayuden en el cuidado de familiares. Fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad. Y eliminar las brechas que sufren las mujeres en el mundo tecnológico.

El impacto de la crisis ha hecho más visible las desigualdades sociales, ha afectado en mayor medida a las mujeres y doblemente a las que son jóvenes, mayores, inmigrantes o sufren algún tipo de discapacidad. Además la esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los hombres por lo que hay que tratar el envejecimiento de la población con una Ley integral de derechos para las personas mayores, una Estrategia Estatal contra la Soledad, e introduciendo actuaciones de empoderamiento de las personas mayores y de sensibilización y concienciación de la sociedad para que traten adecuadamente a las personas que envejecen.

Según el observatorio de emancipación del CJE en el primer semestre de 2020, solo el 20% de las personas jóvenes se podían emancipar en España. La emancipación residencial de las mujeres ha disminuido el doble que la de los hombres (1,6 frente a 0,8). Y Eurostat, sitúa a España en el séptimo país con la edad medida de emancipación más alta de la UE. Además, las personas jóvenes que se emancipan lo hacen de forma precaria.

Los altos precios del alquiler, unido a la precariedad laboral juvenil son las principales causas que impiden dicha emancipación. La tasa de paro actual de la juventud duplica la del resto de la población, ésta subió 4,8 puntos entre marzo y junio de 2020.

Casi 1 de cada tres personas jóvenes en España era pobre en 2019 (31,7%). El 20% de los jóvenes que trabajan son pobres. En el segundo trimestre de 2020 un 20% de los hogares jóvenes no tenían ninguna persona ocupada.

Es necesario abordar la situación laboral de los jóvenes, combatir la precarización, la temporalidad y la contratación parcial involuntaria, subir el SMI, realizar actuaciones que benefician principalmente a las mujeres  jóvenes, y crear un Pacto Intergeneracional que tenga en cuenta a todos los sectores de la población.

Durante la pandemia, la salud de las mujeres se ha visto más afectada que la de los hombres, se han contagiado el 52,6% frente al 47,4%, y ese mayor contagio está muy relacionado con el hecho de que las mujeres realizan trabajos altamente feminizados, como son las profesiones sanitarias (75% mujeres), sociosanitarias (84% en residencias son mujeres) y cuidados, profesiones que han estado en primera línea durante el SARS-CoV-2.

Es necesario incrementar la investigación específica de la salud de las mujeres, incluyendo la perspectiva de género en las estadísticas, en las políticas sanitarias y de salud pública, en las Facultades de Ciencias de la Salud y en los programas de formación (MIR, EIR, FIR, BIR…). Realizar estadísticas diferenciadas por género, edad, etc., que permitan prevenir y reducir riesgos futuros. Reforzar, potenciar y facilitar el acceso a los servicios de salud mental a las personas enfermas, y a las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Revertir la lógica del beneficio sobre los cuidados, liberalizando la patente de la vacuna que permitirá más agilidad, equidad y cobertura universal, necesaria para frenar la pandemia. Y todo ello es posible con una sanidad pública, universal, de calidad, que tenga en cuenta y no invisibilice a las mujeres.

Los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ ponen de manifiesto que en 2020 han aumentado con respecto al año anterior, los supuestos de violencia machista, pero han disminuido el número de denuncias (30.347 sentencias condenatorias frente a las 36.534 del 2019) y de quebrantamientos de condena, por las circunstancias del confinamiento, ante la imposibilidad de acudir a comisaria.

Es necesario prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista y prestar asistencia a sus víctimas mediante la información adecuada y la orientación eficaz de los derechos y servicios, con un lenguaje sencillo y accesible desde el primer contacto. La denuncia no puede ser la principal herramienta frente a la violencia de género, sino que hay que preparar a las mujeres psicológicamente para enfrentarse al procedimiento penal, para tomar decisiones que afectan a su vida y a la de sus hijos/as, y sobre todo a afrontar una vida alejada del maltratador. Dotar al Estatuto de la Victima de presupuesto y reforzar los servicios sanitarios, sociosanitarios y la Oficina de Atención a las Víctimas (OAV) para poder prestar una asistencia personalizada. Y mejorar los servicios de atención a las víctimas, que están externalizados, sin formación ni cualificación reconocida, con condiciones laborales precarias, e incluso a veces con falta de sensibilización y concienciación.