​Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del tercer trimestre de 2016 ratifican lo que la mayoría de las familias trabajadoras de nuestro país saben bien: la recuperación de las empresas y de la economía en general no está repercutiendo en una mejora de sus ingresos y de su calidad de vida. La supuesta recuperación económica solo está beneficiando a unos pocos, empresarios y perceptores de rentas del capital esencialmente, mientras que asalariados y pensionistas ven cómo cada vez llegan peor a fin de mes. Una situación injusta e insostenible, que hay que cambiar sin demora. Si no se mejoran los salarios no habrá recuperación plena de la economía, los ingresos de la Seguridad Social no crecerán lo suficiente y no será posible reducir los elevados niveles de pobreza y desigualdad.  

El coste laboral mensual cayó un 0,5% respecto al existente en el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el coste estrictamente salarial descendió un 0,3% respecto del mismo período. De hecho, las empresas pagan ahora doce euros menos de media por cada trabajador que hace cinco años.

Mientras, las cotizaciones pagadas por las empresas caen un 0,3% respecto de hace un año, y los costes por despido lo hacen en un 21,9%. Las empresas no solo pagan menos salarios a sus trabajadores, sino que aportan menos a la Seguridad Social y pagan menos indemnizaciones por despido (y no solo porque en esta fase expansiva despiden menos que en los años centrales de la crisis, sino porque la reforma laboral facilitó mucho esos despidos, repercutiendo en una drástica caída de las cuantías abonadas).

Esta situación de recorte o congelación de las retribuciones y continuo descenso de los costes laborales resulta insostenible. Primero, porque sin mejores salarios no habrá recuperación plena de la economía, ya que son la fuente fundamental de ingresos para los hogares, y por tanto el sustento básico de la demanda de bienes y servicios. Segundo, porque sin mejores salarios los ingresos de la Seguridad Social no crecerán de manera suficiente, ya que las cotizaciones sociales dependen de los salarios efectivos. Y tercero, porque la mejora salarial es imprescindible para reducir los elevados niveles de pobreza y desigualdad que sufre nuestro país.

Precisamente ayer presentó la OIT su Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017, con datos en los que se muestra el avance de la desigualdad salarial en la mayoría de los países del mundo, y hoy presenta el análisis específico sobre España, donde estas desigualdades también han aumentado mucho desde el año 2010. La desigualdad económica es fuente de conflicto social y un lastre para el desarrollo, y por tanto una de las principales amenazas para el bienestar social del país.

Por todo ello, UGT está impulsando actuaciones para que, de manera global, los salarios de nuestro país mejoren, y el conjunto de trabajadoras y trabajadores logren aumentar su capacidad de compra y, con ella, su calidad de vida. Esto requiere tres actuaciones simultáneas:

- Pactar en la negociación colectiva aumentos salariales para 2017 claramente superiores a la inflación prevista, que hagan además que los asalariados participen más del reparto de la riqueza que ellos mismo, con su trabajo cotidiano, generan en el seno de las empresas. Esto requiere que los aumentos sean al menos, del 1,8%, y superiores en aquellos sectores y ramas donde la productividad está creciendo de manera importante. Además, los convenios deben incorporar cláusulas de revisión para el caso de que la inflación real sea superior a la prevista ahora, para que no recorte la ganancia de poder de compra efectiva pactada.

- Subir el salario mínimo. UGT ha valorado positivamente el aumento decidido por el Gobierno, pero creemos que resulta insuficiente, y que hay margen para aumentarlo más. Por eso proponemos situarlo de manera inmediata en 800 euros al mes, y en 1.000 euros al final de la legislatura. Reclamamos al Gobierno que abra un proceso de diálogo social con los sindicatos y las organizaciones empresariales para acordar el calendario de subidas anuales que logren que nuestro salario mínimo se sitúe en 2020 en una cuantía equivalente al 60% del salario medio del país (lo que previsiblemente supondrá una cifra en el entorno de los 1.000 euros que proponemos).

- Aumentar el salario de los empleados públicos para que también gane poder de compra, recuperando progresivamente los más de 11 puntos porcentuales que han perdido en los últimos cuatro años.