El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) reunida los días 9 y 10 de marzo de este año en Bruselas, ha emitido la siguiente declaración:

Reunido en Bruselas los días 9 y 10 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo de la CES ha realizado un llamamiento a la calma tras el brote de COVID-19 e insta a la población a seguir el consejo de las autoridades sanitarias competentes a nivel mundial.

El Comité Ejecutivo acogió con beneplácito las medidas adoptadas hasta la fecha, tanto en la Unión Europea como en los diferentes países pero insiste en que se adopten todas las medidas necesarias para detener y contener la propagación del virus, así como la puesta en marcha de medidas  para gestionar la salud y los efectos económicos de esta situación sin precedentes. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que asuman un papel más coordinado y activo para apoyar urgentemente a las economías de toda Europa. No podemos aceptar que la carga económica de esta crisis, que probablemente sea mucho más grave que la crisis financiera de 2008, recaiga sobre las finanzas públicas, los servicios públicos y en última instancia, los trabajadores de Europa. No podemos aceptar más austeridad y recortes debido a la crisis del COVID-19.

Las medidas de emergencia de la Comisión Europea y otras instituciones de la UE, incluyendo el BCE, y las que corresponden a los Estados miembros, deben ser puestas en marcha, como la relajación de la fiscalidad bajo las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las ayudas estatales, al tiempo que se adoptan las correspondientes normas para liberar inmediatamente los fondos de la UE para ayudar a los más afectados. Esto debe incluir el apoyo financiero a los trabajadores que están en cuarentena, suspendidos de sus trabajos o que se han vuelto innecesarios debido a la caída de la actividad producto del COVID-19. A este respecto, debe prestarse especial atención a los trabajadores precarios y todo tipo de trabajadores atípicos, que a menudo están excluidos de los mismos derechos y protecciones que poseen otros trabajadores.

El Comité subrayó la profunda preocupación por las consecuencias para los trabajadores. Muchos de nuestros miembros están en contacto directo con el público y, debido a esto, corren el riesgo de contraer la enfermedad y de transmitirla a otros. Tenemos que asegurarnos de que su salud y la seguridad es nuestra primera prioridad. Hacemos un llamamiento a todos los empleadores para que apliquen los principios de prevención, aplicando todas las medidas apropiadas para proteger la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, en particular para los que corren un alto riesgo de exposición, incluyendo todos los trabajadores de la salud.

Además, el Comité pidió que se adoptaran medidas urgentes para garantizar que todos los trabajadores que presenten síntomas, y que sean puestos en cuarentena, así como los que estén obligados a quedarse en su casa para cuidar a familiares afectados, la mayoría de estas personas mujeres, tengan derecho a permisos retribuidos y con garantía de que no podrán ser sancionados. Los trabajadores afectados en los sectores en los que se respeta el diálogo social, incluida la negociación colectiva, estarán cubiertos según los acuerdos existentes.

Sin embargo, este no es el caso de cientos de miles de otros trabajadores, incluyendo aquellos que pueden no tener derecho a recibir un salario por enfermedad, los que están en sectores de baja remuneración o en situaciones precarias de empleo, y que dependen en gran medida de los ingresos del trabajo. Algunos trabajadores, pueden también enfrentarse a la imposibilidad de disfrutar de las diferentes opciones de aislamiento preventivo. Por último, el Comité Ejecutivo instó a los gobiernos a que estuvieran atentos y aseguraran que los empresarios sin escrúpulos no utilizan COVID-19 para justificar recortes o despidos. También es imperativo que los empleadores asuman su parte en los costes económicos de esta crisis. Considerando el imperativo de asegurar que los esfuerzos de contención del virus tengan éxito, es esencial que los trabajadores no experimenten interrupciones en sus ingresos a causa del COVID-19. Por lo tanto, creemos que es de suma importancia garantizar los ingresos netos de todos los trabajadores afectados para que estén en condiciones de seguir con sus vidas.

El brote de COVID-19 subraya la necesidad de reforzar la solidaridad universal y basada en los sistemas de salud pública, como parte del modelo social de la UE y el compromiso con la calidad de los servicios públicos. Se necesita una mayor inversión pública para garantizar niveles suficientes de personal debidamente capacitado y el acceso a la atención médica para todos.

Acogemos con beneplácito el compromiso de adoptar un enfoque flexible de los objetivos fiscales anunciados por la UE recientemente pero también es necesario un apoyo político sostenido para el buen funcionamiento de la salud pública. Es necesario que los Estados miembros y la UE tomen cualquier medida económica que se requiera para evitar que esta emergencia de salud pública se convierta en una recesión mundial con consecuencias desastrosas para los trabajadores y sus familias en los diferentes países.

A este respecto, los interlocutores sociales deben ser debidamente informados y consultados a su debido tiempo para que de tal manera puedan contribuir a garantizar los intereses de los trabajadores, particularmente cuando se trata de medidas sociales y económicas ad hoc que puedan surgir de esta crisis.