La Unión General de Trabajadores reclama una reforma fiscal integral y en profundidad, que dote a nuestro país, de manera estable, de un sistema tributario potente, justo y eficaz, que sitúe el nivel de recursos públicos a la altura, al menos, de la media de la zona euro, con el fin de impulsar un crecimiento económico más sostenible y un Estado de Bienestar sólido y extenso.

Para el sindicato, los impuestos son clave para mejorar la redistribución de la renta, ya que contribuyen a mejorar la equidad económica y la cohesión social. Sin embargo, en la actualidad, España recauda 7,2 puntos porcentuales de PIB menos que la media de la zona euro (33,9% frente a 41,1%), lo que significa que nuestro país deja de recaudar cerca de 80.000 millones de euros respecto a Europa.

 

Un déficit recaudatorio que podría dedicarse a construir más hospitales y contratar más personal sanitario, financiar el sistema de pensiones, reforzar los sistemas de prestaciones por desempleo y sociales, dotar de fondos la ley de dependencia, potenciar las políticas activas de empleo o construir infraestructuras viarias modernas. Más ingresos para gastar más y de manera más eficiente, mejorando la calidad de vida de la mayoría de la población.

Un sistema que no beneficie solo a los más ricos
UGT manifiesta que el sistema tributario español no es progresivo. No pagan proporcionalmente más los que poseen mayores rentas. Esto es debido al fraude existente; a los agujeros que tiene el sistema en forma de exenciones y deducciones; al creciente peso de los impuestos indirectos (como el IVA) frente a los directos (IRPF o Sociedades); y a la continua rebaja de la fiscalidad de las rentas del capital y empresariales. Esto beneficia a una minoría de la población, la que posee más renta y riqueza, mientras se eleva la carga para la mayoría social, en especial para la clase trabajadora.

Por ello, el sindicato reclama una reforma fiscal integral, que garantice una mayor suficiencia de los ingresos y un reparto más justo del esfuerzo. En concreto, resulta imprescindible:

- Situar la lucha contra el fraude fiscal en el centro de la actuación política, dotando a las administraciones tributarias de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios.

- En el IRPF, eliminar la tributación dual (con dos tarifas diferenciadas) que beneficia a las rentas del capital y castiga a las del trabajo, revisar los mecanismos de tributación de las rentas de profesionales y autónomos para acercarla más a la realidad de sus ingresos, y eliminar progresivamente la mayoría de reducciones y deducciones fiscales, que favorecen más a los que más tienen.

- Establecer una imposición real sobre la riqueza, con carácter general, que integre todo el patrimonio de los contribuyentes.

- En el Impuesto de Sociedades, limitar al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones, especialmente las que afectan en la actualidad a los grandes grupos empresariales multinacionales, y garantizar un tipo efectivo mínimo.

- Revisar la tributación de todos los instrumentos financieros y societarios que sirven para eludir legalmente el pago de impuestos sin contrapartidas positivas (como las SICAV).

- En el IVA, revisar la estructura de tipos, asegurando que todos los productos de primera necesidad tributen al tipo superreducido, eliminar la exención de sanidad y educación privadas, e impulsar en Europa un tipo impositivo ampliado para los bienes de lujo.

- Diseñar una fiscalidad ambiental que nos equipare a Europa, tanto en su vertiente de protección medioambiental como en su capacidad recaudatoria, sin descuidar su impacto sobre la cohesión social y territorial.

- Crear un nuevo impuesto para las viviendas vacías de las Entidades Financieras, con el propósito de evitar actuaciones especulativas y propiciar su disponibilidad para los parques públicos de las distintas administraciones públicas.

- Gravar de forma homogénea las sucesiones y donaciones en todo el territorio nacional.

- Establecer un impuesto sobre transacciones financieras y otro sobre la banca.

- Crear un nuevo impuesto que se destine, de manera finalista, a la financiación del sistema público de pensiones (impuesto de solidaridad).

- Ofrecer una solución estable y satisfactoria, fruto de un amplio consenso, a la fiscalidad territorial, de modo que cada Administración contribuya al cumplimiento de los principios y objetivos generales del sistema.

Para UGT, el Gobierno debe abrir ya el diálogo social en esta materia, con el fin de que los interlocutores sociales participen activamente en la configuración de los cambios fiscales necesarios en nuestro país, con el fin de tener un sistema fiscal a la altura de la media de la zona euro y garantizar un Estado de Bienestar justo, sólido y equilibrado.

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►Audio valoración de Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT