​UGT considera que el próximo Gobierno deberá afrontar el reto de establecer una política de crecimiento de las rentas que compense la pérdida de ingresos de las familias durante los últimos años. Es fundamental incrementar las pensiones y los salarios -tanto en el sector privado como en el público- así como el SMI hasta situarlo en 800 euros en 2017 y alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura- establecer cuanto antes una Prestación de Ingresos Mínimos que garantice a los desempleados sin recursos, unos ingresos para una vida digna y revisar al alza otras prestaciones. Desarrollar, en definitiva, una distribución más justa de la riqueza que frene los desequilibrios provocados por el desempleo y la precariedad.

Los salarios, junto a las pensiones y las prestaciones, son la fuente fundamental de ingresos del 90% de los hogares y la componente fundamental de la demanda interna - factor clave del crecimiento económico-, de forma que sin reactivación salarial no habrá crecimiento y creación de empleo de manera sostenida.

Desde 2009 se ha producido una intensa caída de los salarios como resultado de una estrategia deliberada para abaratar los costes laborales a las empresas a costa del bienestar de los trabajadores. Hasta 2014 los salarios medios totales han perdido 5,5 puntos de poder de compra y han sido los trabajadores con menores rentas los que más han sufrido la caída de los salarios.

Una política de austeridad y devaluación salarial ha afectado también al salario mínimo interprofesional (SMI), que desde 2011 solo ha aumentado 13,8 euros en total (2,8 euros por año), perdiendo poder de compra. Somos la quinta economía de la UE, pero nuestro salario mínimo ocupa una de las últimas posiciones entre los países que tienen fijada la retribución mínima por ley. Su nivel actual (655,20 euros al mes) está muy por debajo del que la Carta Social Europea considera el mínimo de retribución del trabajo suficiente.

Por su parte, los empleados públicos han visto cómo se recortaba su poder adquisitivo cerca de un 25% debido al recorte salarial del 5% llevado a cabo en 2010, cuatro años de congelación salarial y la supresión de la paga extra de diciembre de 2012. No es justo afronten los precios actuales con salarios de hace una década.

En este contexto hay que establecer por un lado un SMI de 800 euros en el primer año de la legislatura y reformar el Artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores de manera que cumplan las condiciones de la Carta Social Europea -que el valor de SMI sea el equivalente al 60% del salario medio neto-, así como una fórmula de revisión automática que garantice que en el futuro el SMI nunca pierda poder de compra y se incremente hasta alcanzar lo que establece este documento y por otro, acordar una estrategia de crecimiento de los salarios por encima del IPC, tanto el sector privado como en el público, para recuperar la pérdida de estos años, dar solidez a la recuperación de la economía y ayudar a reducir las desigualdades y los niveles de pobreza.

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Presentación: Hacen falta compromisos concretos sobre empleo, protección social o servicios públicos esenciales en la nueva legislatura

Compromiso 1: La Legislatura tiene que iniciarse con un plan de choque por el empleo

Compromiso 2: Construir un modelo de relaciones laborales más equilibrado y garantista para los trabajadores 

Compromiso 3: Una política económica expansiva que impulse el crecimiento y el empleo